El deterioro alarmante de los derechos humanos en Venezuela

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Henar Hernández

Pie de foto: La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la chilena Michelle Bachelet, habla sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, durante la 41ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, en la sede europea de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, el viernes 5 de julio de 2019. MARTIAL TREZZINI/KEYSTONE via AP

El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha presentado el informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. La publicación se produce tras la visita de la alta comisionada de las Naciones Unidas en esta materia, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, al país latinoamericano, que tuvo lugar del 19 al 21 de junio y en el marco de la cual se reunió con el presidente Nicolás Maduro y otros altos miembros de su Administración, así como con otras figuras del poder judicial venezolano, hasta alcanzar los 159 actores estatales involucrados. Ahora, se han revelado las conclusiones de este viaje, que se pueden clasificar en cuatro ámbitos: derechos económicos y sociales, derechos civiles y políticos, acceso efectivo a la justicia y a una reparación adecuada para las víctimas y grupos en situación de riesgo. 

En primer lugar y, en referencia a los derechos económicos y sociales, el informe postula que “la población venezolana está afrontando muy diversas e interrelacionadas violaciones de sus derechos económicos y sociales”. Las causas de este deterioro en el acceso a los servicios que cubren necesidades básicas radican, fundamentalmente, en dos factores: por un lado, el insuficiente salario mínimo, que cubre tan solo el 4,7% de la canasta básica de alimentos; por otro lado, el desvío de recursos, la corrupción y la falta de mantenimiento de las infraestructuras críticas. Todo ello ha provocado que, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 3,7 millones de venezolanos se encuentran en estado de desnutrición.

En cuanto a la situación del derecho a la salud, al que el Consejo de Derechos Humanos califica como “grave”, se alerta de que la carencia de medicamentos esenciales ronda entre el 60% y el 100%, incluyendo en la capital, Caracas; de la reaparición de enfermedades anteriormente controladas como el sarampión y la difteria; y de la falta total, en un 100%, de acceso a anticonceptivos. Otro de los puntos alarmantes que se expone en el documento es que se ha producido un éxodo de doctores, enfermeros y personal sanitario, lo que ha propiciado que la atención médica no esté cubierta por trabajadores cualificados. Así, ACNUDH recoge los datos de la Encuesta Nacional de Hospitales de 2019: en tan solo cuatro meses, 1.557 personas murieron debido a la falta de insumos – recursos humanos, materiales y técnicos –, una situación agravada por la serie de apagones eléctricos que asolaron Venezuela en dicho periodo. 

Pie de foto: Un hombre selecciona una charcutería de un refrigerador parcialmente vacío en un supermercado de San Cristóbal, Venezuela, el 16 de enero de 2018. REUTERS/ CARLOS EDUARDO

En este primer apartado, cabe destacar que el informe explica que el Gobierno de Nicolás Maduro ha atribuido el deterioro de la situación a las sanciones emitidas desde Estados Unidos. No obstante, documento expone que “la economía venezolana, especialmente su industria petrolera y los sistemas de producción de alimentos, ya estaban en crisis antes de que se impusiera cualquier sanción sectorial”, aunque se reconoce que “las últimas sanciones económicas están agravando aún más los efectos de la crisis económica, y por tanto la situación humanitaria, dado que la mayoría de los ingresos en divisas procede de las exportaciones de petróleo, muchas de las cuales están vinculadas al mercado estadounidense”. 

En esta línea, un informe del Centro de Investigación Económica y Política (CEPR) de Washington publicado el pasado 26 de abril asegura que las sanciones económicas impuestas por la Administración Trump desde agosto de 2017 a Venezuela han contribuido a empeorar de forma exponencial la crisis humanitaria, habiendo influido de forma directa en más de 40.000 muertes en el país latinoamericano en los dos últimos años.

En segundo lugar, sobre los derechos civiles y políticos, el informe advierte del deterioro de la libertad de expresión, asegurando que “el Gobierno ha tratado de imponer una hegemonía comunicacional imponiendo su propia versión de los hechos y creando un ambiente que restringe los medios de comunicación independiente”. Del mismo modo, el documento recoge “un incremento de la represión selectiva de la oposición política y una restricción incesante del de por sí limitado espacio democrático”. 

En un contexto en Venezuela en el que el estado de excepción se aprueba constantemente, ACNUDH señala, por un lado, a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) como “responsables del uso excesivo de la fuerza en manifestaciones al menos desde 2014”, provocando 66 muertes entre enero y mayo de 2019, según ha documentado ACNUDH, y, por otro lado, al aparato estatal, por no llevar a cabo “investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre violaciones de derechos humanos”. A todo ello se le suman las detenciones por motivos políticos, una cifra que se eleva hasta las 15.045 personas entre enero de 2014 y mayo de 2019, las torturas y los malos tratos, incluidos delitos de violencia sexual contra mujeres y niñas, realizados, en su mayor parte, por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Asimismo, es necesario resaltar que se han producido muertes en el contexto de operaciones de seguridad ciudadana. De acuerdo con la ONG Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV), se registraron en 2018 al menos 7.523 muertes violentas en esa categoría y, en 2019, otras personas 2.124 murieron de forma violenta por “resistencia a la autoridad”.

En tercer lugar, en relación con el acceso efectivo a la justifica y a una reparación adecuada para las víctimas, el informe documenta que “siguen existiendo factores de impunidad”, como “la falta de cooperación de las fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas con las investigaciones, la manipulación de escenas del crimen y de pruebas o las demoras indebidas en las actuaciones judiciales”.

Pie de foto: Personas con pancartas en referencia a Rafael Acosta, un capitán de la marina que murió mientras estaba detenido, según su esposa, y Rufo Chacón, que quedó ciego después de que la policía le disparó balas de goma en la cara, según su madre, participan en una conferencia de prensa en Caracas, Venezuela, el 4 de julio de 2019. REUTERS/MANAURE QUINTERO

En cuarto lugar, el Consejo de Derechos Humanos advierte de que se han cometido “violaciones de los derechos colectivos de los pueblos indígenas”, sobre todo de la comunidad pemón, pues ha documentado que, en 2019, siete pueblos indígenas han sufrido una muerte en circunstancias violentas. Además, se ha llevado a cabo una privación de sus tierras, territorios y recursos tradicionales.

En quinto y último lugar, el informe recoge la situación de las personas migrantes y refugiadas de Venezuela y ofrece un dato desolador: el número de personas que se han visto forzadas a abandonar sus hogares ha alcanzado la cifra récord de los 4 millones en junio de 2019. Este colectivo, que sufre constantemente episodios de violencia y la falta de acceso a los bienes de primera necesidad, se configura como uno de los más vulnerables, pues, por ejemplo, los grupos armados colombianos, entre ellos, los remanentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se aprovechan de su situación deplorable para captarlos con el objetivo de que integren sus filas, bajo la promesa de tener cubiertas las necesidades básicas, como la alimentación o la vivienda.

La migración forzada que padece el pueblo venezolano, lejos de reducirse, está incrementándose de forma exponencial. Así, el número de venezolanos que solicitan el estatus de refugiado en cualquier otro lugar del mundo ha aumentado en un 8.000% desde 2014.

El informe, cuya metodología ha consistido en la realización de 558 entrevistas con víctimas y testigos, concluye emitiendo una serie de recomendaciones que el Gobierno venezolano debería adoptar de forma urgente, como la adopción de medidas para “cesar, subsanar y prevenir las violaciones de los derechos humanos”. Asimismo, exhorta al Ejecutivo a poner “en libertad a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad”, con una referencia implícita a las personas arrestadas por motivos políticos. 

Pie de foto: Foto de archivo tomada el 22 de junio de 2019, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la chilena Michelle Bachelet, habla durante una conferencia de prensa en Caracas. AFP/ CRISTIAN HERNANDEZ

El Gobierno de Nicolás Maduro rechaza las acusaciones 

En un comunicado divulgado por el canciller venezolano Jorge Arreaza en su cuenta de Twitter, se afirma que “Venezuela rechaza categóricamente las acusaciones levantadas en su contra en relación con el respeto a los derechos humanos, particularmente desde el Gobierno imperialista de Estados Unidos”, al que el Ejecutivo de Nicolás Maduro acusa de “cínico”, ya que se ha configurado como “el mayor violador de derechos humanos de la historia de la humanidad, a partir de la creación de guerras sangrientas por recursos naturales, bloqueos económicos inhumanos, validación de métodos de tortura dentro y fuera de sus territorio, trato denigrante a los inmigrantes, incluyendo la separación de familias […]”.

Asimismo, el Gobierno asegura que “el informe presenta una visión selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos”, pues afirman que la metodología empleada para ello presenta “importantes debilidades” y ponen en duda la “objetividad” de las entrevistas realizadas. En este sentido, se ha pronunciado el viceministro venezolano de Asuntos Exteriores, William Castillo, quien ha criticado el documento por estar “dominado por una visión selectiva y parcial, carente de rigor científico y con graves errores metodológicos”, pues argumenta que, de las 558 entrevistas realizadas para la elaboración de su informe, 460 tuvieron lugar fuera de Venezuela. Además, el Gobierno acusa al Consejo de Derechos Humanos de omitir “en su totalidad los logros y avances alcanzados” por el aparato gubernamental liderado por el presidente Nicolás Maduro.

Pie de foto: William Castillo, viceministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, habla sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, durante la 41ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, en la sede europea de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, el viernes 05 de julio de 2019.MARTIAL TREZZINI/KEYSTONE via AP

Juan Guaidó celebra el informe

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, ha celebrado la publicación del informe, al que ha considerado como “un logro”, ya que “recoge ampliamente el sufrimiento” del pueblo venezolano. Por tanto, para Guaidó, ahora es el momento de “aumentar la presión nacional” con el objetivo de “derrotar la dictadura” y, por ello, ha realizado un llamamiento a sus compatriotas para que se le unan en la marcha que tendrá lugar durante la jornada de hoy en Caracas.