El terrorismo yihadista, una amenaza directa para España

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Por Alexandra Dumitrascu
Foto: Una operación policial contra el yihadismo en España.
 
Hace meses que la organización terrorista Estado Islámico (EI) ya no supone ninguna novedad para nadie. La rápida expansión, en muy pocos meses, de este grupo, primero dentro de Irak y después en Siria, con la consiguiente proclamación del Califato liderado por Abu Bakr al-Baghdadi, ha desencadenado una serie de medidas llevadas a cabo por la comunidad internacional con el objetivo de combatir el terrorismo yihadista. El éxito sobre el terreno, que hace que en la actualidad el EI controle la mayor parte del territorio suníe iraquí y el 35% del sirio, constituye el mayor efecto llamada, no ya  entre los ciudadanos de países árabes, cerca 12.000, sino también entre occidentales, cuya cifra se estima en 2.000 voluntarios, procedentes de países como Francia, Reino Unido, Alemania o Australia; cifras todas ellas aproximadas y teniendo siempre presente el continuo ascenso de las mismas. Son los que se conocen como ‘foreign fighters’ o combatientes extranjeros, que tanta alarma ha generado en el seno de las sociedades occidentales. 
 
Un fenómeno a tener en cuenta
La amenaza que suponen los acelerados acontecimientos desencadenados en Siria e Irak hace necesario un análisis sobre las implicaciones y los desafíos que este fenómeno supone para España, país cuyos ciudadanos, en palabras del ministro de Defensa, Pedro Morenés, ven un tanto lejana la amenaza yihadista. ¿Supone el EI una amenaza real para España? ¿Cómo y en qué medida puede afectar la movilización yihadista a nuestro país? ¿Qué soluciones hay para este fenómeno dentro de la esfera judicial? ¿Cuál es el papel de España en la coalición internacional engendrada para combatir el terrorismo islamista? A estos y a otros interrogantes se ha tratado de dar respuesta en el marco del debate ‘Movilización yihadista en Siria e Iraq: desafíos para España’, organizado por el Real Instituto Elcano en el Auditorio de Casa Árabe, el pasado 1 de octubre. La mesa redonda, introducida por Eduardo López-Busquets, director general de Casa Árabe, la conformaron especialistas de la talla de Fernando Reinares, investigador principal de Terrorismo Internacional del Real Instituto Elcano, en calidad de moderador; Miguel Ángel Ballesteros, director general del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE); Francisco de Miguel, subdirector general de Asuntos Internacionales de Terrorismo del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación; Javier Zaragoza, fiscal jefe de la Audiencia Nacional; y Juan Carlos Marín, jefe del área de Terrorismo Internacional del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA).
 
La asimilación cultural y la radicalización
A pesar del considerable número de ciudadanos occidentales que se han incorporado a las filas del EI, España es uno de los países que menos afectado por este fenómeno. Las cifras hablan por si solas. Mientras que de estados como Francia o Reino Unido han salido a combatir a Siria e Irak cientos de ciudadanos, más de 700 en el caso de Francia, en España se han registrado alrededor de 60 casos, de los cuales, en su mayoría procedían de Ceuta y Melilla, las dos ciudades españoles que más concentración de población musulmana tiene (45%). La explicación de las bajas tasas de movilización yihadista entre los españoles es que, junto a Italia, es uno de los países cuya población musulmana está conformada por personas de primera generación de inmigrantes económicos, en comparación con los demás, donde gran parte es de segunda y tercera generación, es decir, son descendientes de musulmanes, y, por tanto, están más propensos a desarrollar crisis de identidad, al no sentirse identificados ni con el país de acogida/nacimiento, ni con el de origen familiar. Por tanto, según Fernando Reinares, el problema radica en una falta de asimilación cultural y no de integración social; siendo ésta última perfectamente compatible con la radicalización. 
 
Mutación de la violencia
Una de las características del yihadismo español es que los conflictos de Siria e Irak no han conllevado a la creación de nuevas redes yihadistas, sino que se han reactivado las que existían con anterioridad y que no se habían desmantelado en su totalidad. Sin embargo, una diferencia fundamental con las células iniciales, es que gran parte de los terroristas de nuestro territorio son, en la actualidad, de origen español. Si antes de 2012, el 16% del total de individuos detenidos por actividades relacionadas con el terrorismo yihadista era de origen español, en los últimos dos años asistimos a una “españolización del fenómeno” donde siete de cada diez de estos detenidos tenían nacionalidad española. Un fenómeno especialmente preocupante que se da desde 2003, es que más de la mitad de los detenidos vinculados con tramas del terrorismo yihadista han nacido en España, comparado con el 5% correspondiente antes de dicha fecha. 
 
Peligro real para el país
Aunque la baja actividad yihadista registrada entre los ciudadanos españoles pueda insuflar un halo de optimismo en lo que afecta a España, no hay que menospreciar la amenaza directa que el EI representa para nuestro país, ni los desafíos a medio y largo plazo originados por la propagación de estos en el territorio magrebí que hace que el peligro se sitúe a las puertas de fronteras españolas. Tal como afirmó Juan Carlos Marin, aunque el Estado Islámico no dispone de la suficiente capacidad para actuar en el territorio español, sí la tiene para hacerlo en otros países, atentando de este modo contra los intereses de España. Por tanto, existe un peligro real de que éstos se expandan al Magreb y al Sahel, a lo que se suman los distintos grupos existentes en la región que puedan adherirse al grupo terrorista mediante el juramente de fidelidad al autoproclamado califa Ibrahim, como ya de hecho ha ocurrido en el Magreb.
 
Marco legal
Esta preocupante situación requiere de medidas legislativas que contribuyan a la lucha contra el terrorismo y permita afrontar de forma eficiente este fenómeno. En este sentido, el Gobierno español procedió el pasado mes de septiembre a la modificación del Código Penal para contemplar como delito de terrorismo la participación de ciudadanos españoles en conflictos armados en el extranjero; una disposición pensada para un Código Penal que se ajusta a las conductas del terrorismo autóctono de la banda ETA, y que hace que la mera adscripción ideológica no sea considerada una prueba suficiente para catalogar a alguien como terrorista. Se hace necesario, por tanto, tal como apuntó la fiscal Dolores Delgado en su intervención, eliminar las trabas legales para que la colaboración ciudadana, los testigos, determinados documentos, la infiltración de agentes etc., puedan gozar del cauce legal necesario para que sus pruebas puedan ser consideradas solventes en un juicio oral. Además, la cooperación internacional, no únicamente desde el punto de vista militar, una medida insuficiente por sí sola, sino también desde el punto de vista de intercambio de información y colaboración judicial, resulta un requisito fundamental para una guerra contra un terrorismo que no entiende de fronteras. Además, la pobreza, la falta de integración, el desempleo etc. son algunos factores que los gobiernos, dentro de sus fronteras, deberán abordar para contener el reclutamiento sus ciudadanos por parte de los grupos terroristas.