Inversión institucional en América Latina: el buen gobierno y la reputación

Diego López y Alejandro Romero/Llorente&Cuenca

En un contexto global de proteccionismo, los fondos soberanos de inversión y otros inversores institucionales (“FSI”) continúan desempeñando un papel fundamental en las inversiones transfronterizas. Con más de 12 billones de dólares en cartera, continúan estando entre los mayores gestores de activos, así como entre los compradores más activos del mundo en renta fija, renta variable y activos no líquidos.

La Inversión Extranjera Directa (IED) se contrajo de manera global en 2018. En América Latina, los flujos decrecieron un 6 %, hasta 147 mil millones de dólares, debido al estancamiento de la recuperación económica. Dicha contracción se sintió sobre todo en Brasil y Colombia, mientras que los flujos se mantuvieron estables en el resto de la región. Las industrias de interés continúan siendo los recursos naturales (incluida la minería), la infraestructura y los bienes de consumo, especialmente aquellos relacionados con las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC).

Sin embargo, América Latina sigue siendo vulnerable a factores externos, tales como la política monetaria de Estados Unidos y sus tensiones con China y otros socios comerciales. Los aranceles impuestos en nuevas industrias, como la automotriz, pueden traducirse en una subida de precios de materias primas como el cobre, que es uno de los principales productos de exportación de la región.

Fueron tres los fondos soberanos que, a principios de 2005, concretaron por primera vez su interés en América Latina: ADIA de Abu Dhabi y KIA de Kuwait pusieron capital en el fondo Conduit, para adquirir generación de energía en todo el continente, mientras que GIC de Singapur invirtió 200 millones de dólares en una joint venture con AMP para adquirir centros de distribución en México. Desde entonces, fondos públicos de todo el mundo han dejado más de 36 mil millones de dólares en la región, incluyendo activos de infraestructura y energía, propiedades inmobiliarias y fondos de capital riesgo.

Durante estos últimos 15 años, los FSI han aprendido a valorar las diferencias entre los 20 países que conforman América Latina. Han evolucionado desde fondos con aversión al riesgo, que invirtien solo en países de la OCDE (México, Chile), a actores regionales sofisticados, con equipos y oficinas locales. En la actualidad, existen siete sucursales de FSI con unos 120 ejecutivos de inversión dedicados al continente.

A medida que los FSI maduran y la búsqueda de rendimiento se encarnece, otros países también están comenzando a captar su atención: Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, Uruguay y Panamá ya han atraído capital institucional. Sin embargo, los fondos deben mantenerse cautelosos, ya que los desafíos regionales persisten. Cuando Qatari Diar invirtió 75 millones de dólares en el Hotel Gran Paraíso de Cuba en 2008, el desarrollo debía durar 3 años. Once años más tarde, la finalización de la propiedad inmobiliaria es aún una incógnita.

El camino a seguir: coinversiones y buen gobierno

Una forma de aumentar la confianza de los inversores extranjeros en la región es facilitar acuerdos de colaboración con fondos de inversión locales. Hoy en día, existen siete FSI latinoamericanos, que gestionan más de 35 mil millones de dólares y que pueden crear oportunidades y coinversiones en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, México, Panamá y Perú. Esta es una vía cada vez más preferida, ya que minimiza las comisiones pagadas a los banqueros de inversión y a los gestores de activos.

Sin embargo, esto también aumenta la exposición respecto a buen gobierno, riesgos y cumplimiento legal, y el escrutinio tanto de los accionistas como de la opinión pública. En este contexto, la confianza es un factor crucial, y una due diligence adecuada se ha convertido en un paso ineludible durante el proceso de inversión. Ya sea para aportar capital a un fondo o para comprar una participación directa en un activo, los FSI deben llevar a cabo una evaluación de la reputación y de los posibles riesgos asociados al socio comercial, incluyendo el cumplimiento legal y el buen gobierno corporativo.