El acuerdo de austeridad con el FMI ha caldeado el ambiente en el país latinoamericano, que se ha convertido en un auténtico campo de batalla

La ira de Ecuador: crónica de una revolución

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El 1 de octubre, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno presentó, en la cadena nacional “el paquetazo”, una nueva ristra de medidas adoptadas para ajustar la economía del país latinoamericano, a través de la reducción del déficit fiscal, recortando el gasto público y aumentando la recaudación. Esta es la condición que puso en el mes de marzo el Fondo Monetario Internacional (FMI) para que el Gobierno de Moreno pudiese recibir 4.209 millones de dólares en concepto de crédito. Cabe recordar, en este punto, que Ecuador ha sido dotado con un total de 10.200 millones de dólares procedentes de diversas instituciones financieras internacionales.

Sin embargo, aunque “fue una decisión valiente”, está siendo “muy políticamente costosa”, como explica el economista ecuatoriano y director general de la Cooperación de Estudios para el Desarrollo (Cordes), José Hidalgo, a la BBC. Otros analistas, como el codirector de la institución estadounidense Center for Economic and Policy Research, Mark Weisbrot, aseguran que “el acuerdo con el FMI provocará una reducción en el crecimiento, mayor desempleo y mayor inestabilidad macroeconómica”.

Protestas en Ecuador

La medida concreta más importante que contempla “el paquetazo”, en el conocido como Decreto 883, es la eliminación de los subsidios a los combustibles, 40 años después de que el país aprobara ayudas financieras para mantener bajos los precios de la gasolina y el diésel. Esta decisión ha coincidido en el tiempo -no de forma casual- con la decisión adoptada por Moreno de retirar al país de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), con efecto a partir del 1 de enero de 2020. En un comunicado publicado el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, la medida se justificaba por la necesidad de “reducir el gasto público y generación de nuevos ingresos”, en aras de conseguir una “sostenibilidad fiscal”.

Protestas en Ecuador

En esta línea, esta semana también se ha suspendido la producción de tres pozos petroleros. La reducción considerable de la oferta ha provocado un esperado incremento en los precios de los combustibles. En el caso de la gasolina, el valor de un galón (3,8 litros) ha subido de 1,85 dólares a 2,30 dólares; mientras que en el caso del diésel ha pasado de 1,08 dólares a 2,27 dólares, lo que ha implicado un aumento de más del 120%. Junto a ello, otro efecto inmediato que ha tenido lugar en el ámbito cotidiano ha sido el desabastecimiento de las gasolineras y el incremento en los precios del transporte público en algunas zonas del país.

Además, “El paquetazo” estipula medidas de índole laboral, como la bajada salarial de un 20% en contratos temporales del sector público, la reducción de las vacaciones de 30 a 15 días para los empleados públicos o el aporte de un día de salario mensual de los empleados a Hacienda. 

Todo ello ha provocado la ira del pueblo ecuatoriano. “Lo que ha hecho el gobierno es recompensar a los grandes bancos, a los capitalistas y castigar a los ecuatorianos pobres”, ha declarado el jefe del sindicato general de Trabajadores del Frente Unido, Mesias Tatamuez, al respecto.

Protestas en Ecuador

El país latinoamericano está en estado de excepción desde el pasado jueves y, al menos, permanecerá así durante los próximos 60 días: sus calles se han llenado de barricadas, la actividad comercial y educativa se ha paralizado y el presidente, Lenin Moreno, ha traslado su oficina gubernamental de Quito a la ciudad costera de Guayaquil. De acuerdo con el artículo 164 de la Constitución ecuatoriana, el estado de excepción contempla la posibilidad de “suspender o limitar el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de correspondencia, libertad de tránsito, libertad de asociación y reunión, y libertad de información”. Asimismo, permite a las autoridades “tomar bienes públicos o privados [incluida la recaudación anticipada de tributos] para restablecer la normalidad de las actividades sociales, además de dotar de custodia adicional a las áreas estratégicas como refinerías, aeropuertos y plantas de generación”.

Quienes iniciaron las protestas, como era previsible, fueron los transportistas, buseros y taxistas, perjudicados por el incremento en el precio de su recurso más imprescindible para el desarrollo de su trabajo: la gasolina. Su descontento provocó una jornada de huelga nacional que paralizó el país durante 48 horas -el jueves y viernes pasado-. Uno de los principales líderes del sector de transportes de Ecuador, Jorge Calderón, acabó en prisión preventiva por haber incurrido en el delito de “suspender el servicio”. A los impulsores de las protestas se les unieron otros colectivos, como los estudiantes o -incluso- efectivos de las Fuerzas Armadas contrarios a la ideología política ejercida desde el Gobierno.

Asimismo, las voces de los campesinos se hicieron notar en las principales arterias del país y los indígenas abandonaron sus zonas rurales en dirección a la capital, Quito. Un hecho excepcional, que, para el analista Guillermo Holzmann, ilustra la gravedad de la situación: “La última vez que los indígenas se dirigieron a la capital, el presidente cayó. Fue el 21 de enero del 2000, cuando el entonces presidente Jamil Mahuad se autoexilió en la Embajada de Chile”, recordó el experto al medio Diario U Chile.

Protestas en Ecuador

La ira de la población indígena

Cerca de 10.000 -algunos medios cifran en 20.000- indígenas llegaron este lunes a Quito para participar en una masiva manifestación que tuvo lugar al día siguiente. Los episodios de tensión se elevaron hasta niveles desconocidos cuando cientos de ellos tomaron por la fuerza la Asamblea Nacional. Entonces, los esfuerzos por lograr un entendimiento basado en el diálogo se recrudecieron, hasta el punto de que el vicepresidente del país, Otto Sonnenholzner, anunció que, gracias a la mediación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se había llegado a “un principio de acuerdo” para que el resto de marchas por la capital fueran de naturaleza “pacífica”.

No obstante, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) desmintió este acercamiento: “Ante la campaña mediática de desprestigio, circulación de información falsa, malintencionada y descontextualizada, aclaramos a nuestras bases y ciudadanía que no hemos negociado ni llegado a ningún acuerdo con este Gobierno represor y criminal”, publicaron en un comunicado.

Protestas en Ecuador

Las últimas informaciones que se conocen revelan que las dos delegaciones se reunieron este miércoles en Guayaquil, en un encuentro en el que los representantes gubernamentales ofrecieron a la otra parte “recursos para aquellos afectados por el aumento de los precios del combustible”.

Así, ese mismo día por la noche, el mandatario volvía a publicar en su cuenta de Twitter que se estaban produciendo avances hacia la consecución de la paz: “En Quito recibí el reporte de que las marchas se desarrollan con normalidad. Hermanos indígenas, me alegra que hayan separado de sus manifestaciones pacíficas, a los elementos perniciosos. Y qué grato es anunciar que los diálogos ya empiezan a dar frutos”, escribía Moreno, quien también se mostraba convencido que “sin duda alguna, esto se va a solucionar muy pronto”.

“Moreno es consciente de que las protestas indígenas ayudaron a derrocar a tres presidentes antes de Correa”, analiza Reuters en este sentido, por lo que el foco principal del trabajo del mandatario se está centrando en resolver las diferencias con los indígenas. 

Protestas en Ecuador

Las consecuencias de la violencia

En el marco de las protestas, los últimos que se conocen arrojan un balance de dos -o tres- víctimas mortales, decenas de heridos y cerca de 700 personas arrestadas. En términos económicos, el Gobierno ha asegurado que las manifestaciones le están costando a Ecuador alrededor de 70 millones de dólares al día. “Es problema que eso aumente la insatisfacción pública, mientras más continúen las protestas”, alerta el medio Voa News.

Respecto al sector petrolero, gran protagonista de las protestas, el ministro de Petróleo, Carlos Pérez, ha comunicado que el país ha perdido 232.000 barriles de producción, por un valor de 12,8 millones de dólares, a causa del recrudecimiento de los disturbios. Los manifestantes llegaron a irrumpir en algunos campos petrolíferos, como Sacha, forzando el cierre de media docena de ellos. Del mismo modo, tres refinerías localizadas en el Amazonas fueron tomadas por los manifestantes.

Protestas en Ecuador

El papel de Rafael Correa

Rafael Correa, quien fuera presidente de Ecuador entre 2007 y 2017, fue también amigo y mentor de Lenin Moreno, a quién le consideraba como su sucesor. Sin embargo, desde la llegada al poder de este último -tras una campaña de apoyo de Correa- las relaciones se han deteriorado hasta romperse por completo. Así, Moreno ha acusado a su predecesor de haber intentado orquestar un golpe de Estado con el apoyo del Gobierno venezolano de Nicolás Maduro, una denuncia a la que se han sumado los líderes de otros siete países latinoamericanos -entre ellos, Argentina, Brasil y Colombia-. En un comunicado conjunto, han rechazado “cualquier esfuerzo de Maduro y sus aliados para desestabilizar Ecuador”.

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Por su parte, Rafael Correa desde Bélgica, país donde actualmente reside, ha rechazado cualquier acusación que le vincule con las sublevaciones, aunque sí las ha celebrado: “No hay golpe aquí. Los conflictos en la democracia se resuelven en las urnas”. El expresidente ha aprovechado la ocasión, además, para solicitar la convocatoria de elecciones anticipadas, inicialmente fechadas en el año 2021.
 

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