El ataque imprudente o indiscriminado contra civiles en el punto de mira

La ONU denuncia crímenes de guerra en Siria

photo_camera AFP/OMAR HAJ KADOUR - Ciudad de Khan Sheikhun, en la campiña meridional de Idlib.

El último informe presentado el miércoles en la cuadragésimo segunda sesión plenaria del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas apunta a la comisión de crímenes de guerra en el conflicto sirio por parte de los actores involucrados. 

El informe, presentado por la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Árabe Siria, denuncia la responsabilidad solidaria del conjunto de la comunidad internacional por los innumerables crímenes cometidos contra hombres, mujeres y niños sirios, especialmente aquellos que brindan apoyo a las partes beligerantes. 

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Según el documento, las violaciones difieren en escala y forma según la región investigada y dependiendo de los actores que realizan campañas en cada una de ellas. Sin embargo, como muestran las evidencias recogidas en el informe, hay motivos fundamentados para afirmar que la comisión de crímenes de guerra se extiende a ambos bandos del conflicto, siendo, los colectivos más vulnerables, las mujeres, niños, personas mayores, personas con discapacidad y minorías.

En el desarrollo de las hostilidades en estos últimos ocho años, la protección de civiles ha estado en el punto de mira de las múltiples denuncias hechas en relación a este conflicto. Como se adelantaba previamente, ningún bando está exento de haber cometido acciones o maniobras susceptibles de encajar dentro de un tipo penal bajo el derecho internacional humanitario de crímenes de guerra. 

En 2014, una coalición internacional de más de sesenta Estados miembros se unió para combatir el Daesh a través de diversos medios que incluían los ataques aéreos. Cinco años más tarde, civiles en el este de Siria, han sido testigos del descenso de operaciones militares a gran escala por parte de la coalición internacional liderada por Estados Unidos y las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF), que habían llevado a la destrucción casi completa de las ciudades y pueblos. 

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Sin embargo, tras el cese de las principales operaciones militares, la Comisión continuó investigando las etapas finales de esta operación, denominada Al-Jazeera Storm, realizada por SDF con el apoyo de la coalición internacional. La campaña se dirigió contra los vestigios restantes del Daesh en áreas al sur de Hajin. A lo largo de las operaciones, las batallas se han caracterizado por cientos de ataques aéreos de la coalición con bombardeos de artillería pesada, que han provocado un gran número de bajas civiles. 

Las declaraciones de los testigos, las imágenes de satélite y el material de video recibido y revisado por la Comisión confirmaron que, en muchas ocasiones, los objetivos no cumplían con el principio de objetivo de necesidad militar. 

El informe documenta uno de los últimos bombardeos aéreos en el que el objetivo había sido un edificio aislado en las afueras de Sha‘fah, a cientos de metros del siguiente grupo de edificios residenciales y ubicado fuera de las carreteras principales. Si bien los entrevistados confirmaron la presencia de terroristas den la propia Sha‘fah, la Comisión no encontró indicios de ninguna de ésta presencia u objetivo militar en el área más amplia del edificio atacado en el momento del ataque.

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Declaraciones específicas de testigos presenciales indican la presencia exclusiva de civiles en la escena del incidente, todo coincidiendo con la aparente ausencia de un objetivo militar en el área del ataque.

La evidencia obtenida con respecto a este incidente, al igual que otros ataques anteriores, indicó que las fuerzas de la coalición internacional no tomaron las precauciones necesarias para discriminar adecuadamente entre objetivos militares y civiles. 

La Comisión considera que existen motivos razonables para creer que las fuerzas de la coalición internacional pueden no haber dirigido sus ataques a un objetivo militar específico, o no lo hicieron con la precaución necesaria. Lanzar ataques indiscriminados que causen la muerte o lesiones a civiles supone, por lo tanto un crimen de guerra en los casos en que dichos ataques se llevan a cabo de manera imprudente. Esta imprudencia, bajo el derecho internacional humanitario, incluye tomar todas las precauciones posibles en su papel de apoyo, tanto en las fases de planificación como de implementación de las operaciones, para evitar o minimizar el daño a los civiles.

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Por otro lado, el acuerdo de septiembre de 2018 entre Rusia y Turquía para formar una zona desmilitarizada comprendiendo las áreas de Idlib, el norte de Hama, Ladhiqiyah y el oeste de Alepo ofreció la esperanza de que se materializara un impasse. En cambio, las hostilidades por parte de fuerzas pro-gubernamentales en la zona aumentaron.

Los ataques anteriores se caracterizaron por disparos de artillería indirectos indiscriminados en áreas civiles densamente pobladas, sin aparente objetivo militar legítimo, cuyo efecto aterrorizó a los habitantes del campo que rodea a Hama y Alepo. En cada caso, hay motivos razonables para creer que los militantes de Jaysh al-Izzah y la Organización de Liberación de Levante cometieron el crimen de guerra de lanzar ataques indiscriminados que resultaron en la muerte o lesiones de civiles, así como el crimen de guerra de intentar aterrorizar a civiles que viven bajo el gobierno controlar.

A principios de marzo, y en respuesta a los ataques contra la base aérea de Humaymim, las fuerzas aeroespaciales rusas se unieron a la campaña. Poco después, cientos de miles de civiles en toda la zona desmilitarizada y sus alrededores quedaron atrapados en una devastadora catástrofe humanitaria y de derechos humanos, cuando las fuerzas pro-gubernamentales comenzaron a atacar a docenas de hospitales, centros educativos, mercados, escuelas, panaderías y tierras agrícolas.

Un hombre evacua una joven víctima de un bombardeo después de un ataque aéreo de las fuerzas del régimen y sus aliados en la ciudad siria yihadista de Maaret Al-Noman.

El informe documenta, a este respecto, como el 9 de marzo, las fuerzas gubernamentales llevaron a cabo un ataque aéreo en el norte de Saraqib, lanzando cuatro misiles, que causaron daños al hospital de mujeres y niños, Al-Hayat, un banco de sangre y una unidad de respuesta de ambulancia que proporciona servicios a aproximadamente 80,000 residentes. El hospital Al-Hayat fue incluido en el mecanismo de prevención de las Naciones Unidas y las fuerzas pro-gubernamentales estaban al tanto de sus coordenadas en el momento del ataque.

El patrón de ataque anterior sugiere que las fuerzas pro-gubernamentales atacaron sistemáticamente las instalaciones médicas. Tales ataques pueden equivaler al crimen de guerra de atacar deliberadamente objetos protegidos y atacar intencionalmente al personal médico. Además, se documentó un temor palpable a la violencia y la coacción, provocado por el bombardeo persistente de las zonas habitadas por civiles y el ataque a objetos especialmente protegidos en la zona desmilitarizada.

La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Árabe Siria fue establecida el 22 de agosto de 2011 por el Comité de Derechos Humanos en su decimoséptima sesión extraordinaria mediante la resolución S-17/1, con el fin de investigar las violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitaria que se llevaban dando en Siria desde marzo de 2011. 

Desde entonces, ésta comisión ha producido más de veinte informes, con actualizaciones periódicas, entrevistas a más de 6.000 testigos y víctimas de los hechos y revisión de material que incluye fotografías, cintas de vídeo, imágenes por satélite, informes médicos y forenses y documentos procedentes de organismos gubernamentales, no gubernamentales, expertos y analistas y Naciones Unidas.

El gobierno sirio aún no ha permitido la entrada de la Comisión para llevar investigaciones en el país.
 

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