Las protestas opositoras desvelan violaciones de los derechos humanos

Nicaragua en el punto de mira del Comité de Derechos Humanos de la ONU

photo_camera AFP/INTI OCON - Manifestantes frente a la Policía nacional en Managua el 21 de septiembre de 2019.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha denunciado los abusos a civiles opositores en Nicaragua en un nuevo informe. La convulsión social en el país centroamericano se prolonga ya desde hace 17 meses. 

Según afirma el documento, “existe una falta de voluntad del Estado para garantizar la rendición de cuentas y una consolidación de la impunidad por la violación de los derechos humanos.” La ONU pide al gobierno de Ortega que detenga inmediatamente la persecución de los manifestantes y desarme a los civiles enmascarados que han sido responsables de muchos de los asesinatos y detenciones arbitrarias.

La publicación de este documento coincide con una escalada de tensión en el país, marcada por la convocatoria de la manifestación del pasado sábado y el regreso del dirigente opositor Félix Maradiaga, hasta ahora en el exilio. 

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La movilización del pasado sábado fue convocada por las dos organizaciones civiles que estuvieron al frente de la manifestación. Estas organizaciones, la Unidad Nacional Azul y Blanco y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, hicieron un llamamiento a todos los nicaragüenses que están en contra de las políticas del actual presidente, Daniel Ortega. 

En el primer aniversario del fallecimiento de Matt Romero, adolescente que, según el reclamo de la oposición para esta manifestación, fue “asesinado el pasado 23 de septiembre de 2018 por la dictadura”, la oposición se lanzaba a la calle para exigir la aplicación y garantía de los derechos constitucionales, la liberación de los más de 120 presos políticos y el retorno seguro de los exiliados.

Sin embargo, las manifestaciones de tinte opositor en Nicaragua quedaron prohibidas en octubre de 2018. El argumento utilizado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad radicaba en que estas movilizaciones alteran el orden público, generan inseguridad social y están instigadas y convocadas por individuos con antecedentes penales o que están vinculados con –según denominación del Gobierno— el intento de golpe de Estado fallido. 

La Constitución de Nicaragua recoge el derecho de reunión y movilización pacífica sin necesidad de permiso previo. A este respecto, en el comunicado leído en rueda de prensa por Max Jerez, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, se hacía “un llamado a la población nicaragüense a ejercer nuestros derechos constitucionales de movilización y reunión pacífica”.

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Fuentes de EFE recogen que en las marchas del pasado sábado, “cuando los opositores, después de orar, rezar el Padre Nuestro, cantar el himno nacional y alzar la bandera de Nicaragua, se disponían salir a las calles, decenas de agentes antidisturbios, que se encontraban apostados en la entrada del edificio, bloquearon el paso y tras reclamos verbales de los manifestantes, los oficiales lanzaron bombas lacrimógenas. Los opositores se dispersaron y se refugiaron en el edificio, sin mayores incidentes”.

De esta forma, la prohibición de manifestarse, según juristas independientes, constituye una contravención de la Ley y la Constitución nicaragüense.

Bachelet denuncia violaciones de derechos humanos 

La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, aseguró en la presentación del informe que “la libertad de expresión se ha restringido mediante el cierre de medios de comunicación independientes y la retención de sus bienes y equipos, hasta el encarcelamiento de periodistas durante varios meses.

Además, continuaba, “los principales grupos de derechos humanos han visto cancelados sus registros legales después de ser acusados de apoyar las protestas de 2018, mientras que el nuevo requisito de la policía para permisos para llevar a cabo reuniones públicas también impidió el derecho de reunión pacífica”.

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La Alta Comisionada aseguró además que su Oficina “había verificado la expulsión arbitraria de estudiantes universitarios críticos con el Gobierno y el despido injusto de médicos que trataron a personas heridas durante las protestas, así como de profesores ‘no alineados’ con el Gobierno”.

Después de describir las acciones de las autoridades en la búsqueda de responsabilidad por violaciones de derechos como "insuficientes", Bachelet admitió que, aparte de una persona que se había beneficiado de una reciente amnistía, su Oficina "no tenía conocimiento de ninguna otra investigación, enjuiciamiento o condena" contra fuerzas de seguridad o elementos armados progubernamentales.

“Hasta la fecha, el sistema de justicia en Nicaragua no ha garantizado la rendición de cuentas por violaciones graves de los derechos humanos”, agregó, al tiempo que señaló que no se había respetado un acuerdo del Gobierno para fortalecer los derechos de los ciudadanos.

Igualmente, el informe sobre la situación de derechos humanos denuncia que las restricciones al derecho de reunión pacífica continuaron con una serie de medidas para impedir las protestas. Estas limitaciones se impusieron mediante la aplicación restrictiva de la Ley 872 de la Policía Nacional.

Los Cuerpos de Seguridad deniegan las solicitudes sobre la base del “incumplimiento de requisitos formales o por haber estado involucrado en situaciones de desorden público”.

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Además, el informe de derechos humanos denuncia el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía contra quienes intentaban manifestarse, deteniendo en ocasiones anteriores a personas que protestaban pacíficamente (en algunos casos por llevar la bandera de Nicaragua por la calle o por cantar el himno nacional), y profiriendo amenazas para disuadir a los manifestantes. 

La oposición exige garantías para regresar

Entre las denuncias de la oposición destacan las exigencias relacionadas con las garantías de seguridad a los exiliados que regresan a Nicaragua. 

Félix Maradiaga, académico y director del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), recién llegado del exilio, y al que el Gobierno culpa del supuesto “golde de Estado fallido”, sufrió una persecución por parte de un grupo de paramilitares en cinco motocicletas, siendo amenazado con armas de fuego el pasado miércoles en el centro de Managua mientras se desplazaba en su vehículo. 

Según informa EFE, “la persecución pudo observarse en vivo hasta que los perseguidos buscaron refugio en un hotel, debido a que las víctimas transmitieron el momento a través de Facebook Live”.

En la retransmisión de los hechos puede apreciarse cómo la Policía no reaccionó ante la persecución y agresión. 

Los hechos tenían lugar a penas dos días después de la llegada de Maradiaga de su exilio de 14 meses en Estados Unidos, tras las acusaciones por parte de la justicia nicaragüense de haber provocado el estallido social y el supuesto “golpe de Estado” contra Ortega, causa que ya ha sido archivada.  

Según Maradiaga, el cual se enfrentaba a una posible detención con su regreso a Nicaragua, afirma que su regreso tiene como objetivo “trabajar para encontrar una alternativa democrática y pacífica a la crisis, que está asfixiando a los nicaragüenses”, según recoge EFE, “y que esto no podía suponer un precedente para otros exiliados para regresar a Nicaragua, puesto que “nada está normal”, como rezaba el reclamo de la manifestación del sábado. 

“No hay garantías para que los exiliados ni para que los perseguidos políticos regresen, esta decisión ha sido personal”, dijo Maradiaga, en una conferencia de prensa improvisada a su llegada al aeropuerto de Managua. 

Félix Maradiaga se posiciona como una de las caras de la oposición. En septiembre de 2018 denunciaba ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas las violaciones de derechos humanos llevadas a cabo por el presidente Ortega y su régimen, habiendo calificado a éste último responsable de crímenes de lesa humanidad.”

En los últimos 17 meses, las tensiones sociopolíticas se han saldado con al menos 328 muertes, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Organismo locales contabilizan 595.El Gobierno hace un recuento de 200. 

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