Se anuncia la creación de un Fondo Mundial de Reparación para las víctimas de violencias sexuales
Un fondo internacional en beneficio de las víctimas de todos los tipos de violencia sexual. Es la propuesta en la que lleva trabajando desde 2010 el equipo del ginecólogo de República Democrática del Congo Denis Mukwege. El anuncio ha coincidido con el vigésimo aniversario del nacimiento del hospital de Panzi, del que es director. Su trabajo, especializado en el tratamiento de mujeres víctimas de violaciones en el este del país, una zona en guerra perpetua, le ha valido solemnes reconocimientos. En 2014, le fue entregado el premio Sajárov; en 2018, el Nobel de la Paz, que comparte con la activista yazidí Nadia Murad.
En un comunicado publicado en la página web de su fundación, el doctor ha explicado que el objetivo del Fondo es velar por que las víctimas -principalmente, mujeres- puedan tener acceso a “una curación holística” que les permita reconstruir sus vidas. Se trata de una iniciativa edificada sobre la misma filosofía que impulsa la actividad del hospital de Panzi, por donde han pasado más de 55.000 pacientes: por una parte, debe asegurarse la rendición de cuentas de los responsables. Por otra, no solo debe ofrecerse la atención médica pertinente a las víctimas, sino que también debe proporcionarseles ayuda psicológica, social y jurídica.
La Fundación Denis Mukwege ya ha colaborado anteriormente con diferentes instancias gubernamentales en su país de origen. El desafío presente y futuro consiste en exportar el modelo a otros lugares en conflicto donde sea necesaria atención médica general y especializada para las víctimas de violencia sexual. Así lo ha expresado Mukwege: “Conscientes de que la violencia sexual en los conflictos no es solamente un problema de la República Democrática del Congo, queremos extender nuestra visión de la curación holística fuera del país”. Además de la violación, la Fundación engloba dentro del concepto de violencias sexuales actos como la prostitución, la esclavitud sexual y el aborto y la esterilización forzadas.
El último informe sobre violencia sexual en situaciones de conflicto elaborado por la Secretaría General de Naciones Unidas cita hasta 16 actores no estatales -milicias, grupos insurgentes, etc.- que han utilizado sistemáticamente la violencia sexual como arma de guerra solo en territorio congoleño. El Ejército y la Policía Nacional del país también figuran en la lista. El estudio, publicado en marzo de 2019, analiza las distintas formas de violencia sexual perpetradas a lo largo de 2018 en siete países africanos y tres asiáticos. En seis de ellos -RD Congo, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Siria y Myanmar-, los organismos públicos encargados de mantener el orden participan de esta práctica.
El documento no proporciona cifras relativas a la comisión de actos de violencia sexual, pues los datos al respecto son prácticamente inexistentes. En las conclusiones, el documento enfatiza la relevancia de la información y la formación para prevenir este tipo de delitos, empleados como un método de control social y de terror para forzar los desplazamientos masivos de la población. El informe, asimismo, recalca la vulnerabilidad de ciertos colectivos, más allá de las mujeres, que son especialmente vulnerables a sufrir violaciones y otras formas de violencia sexual, como los niños y las personas pertenecientes al colectivo LGTBI+.
El pasado mes de agosto, se cumplieron diez años desde que fue creada la Oficina de la Representante Oficial del Secretario General sobre la Violencia Sexual en Conflicto, responsable de emitir el documento. El organismo, cuyo máximo puesto detenta la británica Pramila Patten, desarrolla proyectos en 19 países de todo el mundo. Trabaja en cooperación con las instituciones estatales para crear marcos de trabajo y aporta herramientas de monitorización, análisis y evaluación.
