Violencia en Ecuador: travesía por el laberinto del narcotráfico
Este documento es copia del original que ha sido publicado por el Instituto Español de Estudios Estratégicos en el siguiente enlace.
La creciente violencia desatada por grupos criminales en Ecuador desde el 7 de enero ha convertido al país en un escenario altamente peligroso, donde el presidente Noboa, recién llegado al cargo, declara el estado de excepción y despliega al Ejército para combatir el caos desencadenado en todo el territorio.
- Introducción
- Desentrañando la Crisis Ecuatoriana
- La escalada del conflicto
- Enfrentando la crisis de seguridad
- Conclusiones
El deterioro de la situación llega al punto de ataques brutales contra la población, guardias tomados como rehenes en varias cárceles o explosiones en edificios, a causa del creciente poder de las bandas de narcotraficantes. A pesar de las medidas gubernamentales, la violencia persiste y el presidente ecuatoriano declara un conflicto armado interno y rechaza negociar con los criminales, enfocándose en restaurar la paz.
Esta crisis de seguridad en toda regla puede parecer repentina, pero es el resultado de malas políticas de sucesivos gobiernos que no quisieron o no supieron enfrentar el florecimiento del crimen organizado.
Introducción
En un contexto internacional sumamente complejo que presenta la mayor concentración de conflictos activos desde el término de la Segunda Guerra Mundial -como los casos Ucrania, Gaza, Sudán o Yemen-, Ecuador, un país conocido en el pasado como “la isla de paz” en el mundo 1, se ha visto sumido en el caos desde el domingo 7 de enero, con grupos criminales que han desatado una guerra contra el gobierno, sumergiendo a la nación en un escenario de violencia, fuego y caos, en el que pocas veces se habían manifestado los horrores del narcoterrorismo de manera tan evidente.
Tras la aterradora demostración de fuerza de estos grupos criminales, el presidente ecuatoriano prometió intensificar su guerra contra la delincuencia nacional, imponiendo un toque de queda, calificando a 22 bandas de Ecuador de organizaciones terroristas y pidiendo a los militares que supervisaran la seguridad nacional y el sistema penitenciario. Estos delincuentes han perpetrado una serie de ataques por todo el territorio, que van desde secuestros, robos, atentados con explosivos, motines en cárceles o fugas de presos, más de 200 funcionarios de prisiones como rehenes, hasta la toma de edificios públicos e incluso ejecuciones.
En respuesta, el gobierno ha decretado el estado de excepción y ha desplegado al Ejército en las calles para atajar la espiral de violencia.
El presidente Daniel Noboa, quien asumió el cargo en noviembre del pasado año, ha declarado que su país está en estado de guerra por la existencia de un conflicto armado interno y que no piensa negociar con los criminales: "No vamos a dejar que la sociedad se muera lentamente, hoy los vamos a combatir, vamos a dar soluciones y pronto vamos a darle la paz a las familias ecuatorianas"2.
Por otro lado, en este contexto marcado por el estado de excepción y con las fuerzas militares asumiendo el control de la seguridad, el fiscal César Suárez fue asesinado también el miércoles 17.
Mientras tanto, las operaciones policiales y militares intentan acabar con el caos generado por las bandas armadas con un total de 3387 personas detenidas, de las que, hasta el 25 de enero según el balance publicado por el Gobierno de Ecuador3, 158 fueron arrestadas por presunto terrorismo
Desentrañando la Crisis Ecuatoriana
La crisis en Ecuador no es algo imprevisto, en realidad lleva gestándose décadas.
Fue a finales de los años 90 cuando la República andina sufrió una de las mayores crisis económicas de su historia. El motivo principal de ésta fue un clásico en la región: gobiernos que incurrieron en un desequilibrio presupuestario, excediendo sus ingresos y adoptando la impresión descontrolada de dinero como medida para sostener sus niveles de gasto. Además, esta situación financiera estuvo agravada por una caída en los precios del petróleo, fuente principal de recursos para la economía ecuatoriana. Todo esto provocó una gran inflación en el país e incluso muchos bancos se quedaron sin reservas para devolver el dinero a sus clientes. La crisis financiera produjo aproximadamente un 70 % del cierre de las instituciones económicas del país, con pérdidas que ascendieron a 8000 millones de dólares4.
Esta crisis tuvo dos graves consecuencias, la dolarización de la economía y un golpe de estado militar en el año 2000. Además, dejó una huella profunda en la sociedad ecuatoriana, configurando el contexto social en el que evolucionaría el país en las décadas siguientes. La pobreza y la marginación experimentaron un aumento entre los sectores más vulnerables de la sociedad, mientras que aquellos con mayores recursos tuvieron una capacidad relativamente mayor para mitigar los efectos adversos. Esta disparidad contribuyó a la exacerbación de las desigualdades socioeconómicas ya existentes en el país5.
El poder fue finalmente transferido por parte del Ejército a Gustavo Noboa Bejarano, un político de tendencia derechista que buscó enderezar el rumbo de la nación, al igual que sus sucesores Lucio Gutiérrez y Alfredo Palacio. A pesar de sus esfuerzos, la crisis había dejado profundas cicatrices y Ecuador enfrentó varios años de desafíos para su recuperación.
No fue hasta 2007, con la llegada al poder de Rafael Correa, cuando Ecuador experimentó un cambio significativo. Correa, emprendió de manera decidida un rumbo orientado hacia políticas de izquierda marcando un cambio de paradigma para el país y dando inicio a lo que se conocería como los años dorados.
Un periodo de prosperidad económica impulsada por el incremento en los precios de las materias primas, siguiendo una tendencia que también se observó en otros países de América Latina. Correa también implementó una serie de reformas políticas, económicas y sociales, que incluyeron la inversión en infraestructuras financiadas, en parte, con los ingresos del petróleo.
Pero coincidiendo con su llegada al poder, en 2007 se desató el narcotráfico y, por ende, la violencia. Ecuador, en virtud de su posición estratégica, ha emergido como un epicentro crucial para el tráfico de drogas. Como decía el estadista estadounidense Henry Kissinger, "la geografía es el destino", y esta máxima cobra relevancia al considerar la ubicación ecuatoriana, entre Colombia y Perú los principales países productores de cocaína; su límite por el oeste con el océano Pacífico, facilita la comunicación y el flujo de bienes y servicios ilegales hacia mercados nacionales e internacionales, en particular, a través de la cuenca Asia-Pacífico. Estas circunstancias han transformado al país andino en el epicentro operativo de diversas mafias a nivel global, en un territorio que, alejado históricamente de las guerras de guerrillas y de la violencia criminal que asolaron a sus vecinos Colombia y Perú desde la década de 1970, nunca desarrolló la infraestructura, ni la capacidad material para hacer frente a las amenazas a la seguridad derivadas de los revolucionarios o las bandas ilícitas.
El fenómeno coincide con la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, como resultado de un acuerdo de paz con el Estado colombiano; y es a partir de este proceso de paz, cuando las cadenas de producción y distribución de cocaína experimentaron una descentralización. Grupos disidentes de las FARC y otras organizaciones vinculadas al narcotráfico incorporaron en este negocio a bandas ecuatorianas.
Este cambio en la dinámica regional del narcotráfico ha contribuido al crecimiento del comercio ilícito de drogas en Ecuador, convirtiéndolo en un actor relevante en la cadena de producción y distribución internacional. Los estupefacientes, provenientes de países vecinos, se canalizan desde los puertos ecuatorianos hacia destinos como Guatemala o México, donde se someten a procesos de tratamiento antes de su envío a Estados Unidos.
En este entramado, los poderosos cárteles mexicanos han establecido su presencia en Ecuador, delegando las operaciones más arriesgadas a bandas locales, entre las que destaca el cártel de Sinaloa6, que se cree que empezó a operar en Ecuador en el 2003 con el envío de emisarios y un perfil bajo, y el cártel Jalisco Nueva Generación. Aunque algunos analistas opinan que ya en los años 80 existía una presencia silenciosa y mimetizada de estas organizaciones criminales del norte en el entorno ecuatoriano7.
Por su parte los grupos de ecuatorianos actúan de manera fragmentada y como subcontratistas de estas organizaciones criminales extranjeras, especialmente en los departamentos colombianos de Nariño y Putumayo, en la frontera con Ecuador, y se asocian además con otras organizaciones europeas, principalmente las mafias albanesa8 e italiana que han encontrado allí una buena plataforma para la remesa de drogas hacia Europa9.
Considerando todo lo mencionado, no es de extrañar que según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO)10, el lavado de dinero constituya la segunda actividad criminal más extendida en Ecuador. La adopción de la economía dolarizada juega un papel crucial en todas las transacciones relacionadas con el crimen organizado, especialmente en el ámbito del narcotráfico. La prevalencia del dólar a nivel global facilita el flujo de dinero ilícito, las ganancias generadas por el narcotráfico en Estados Unidos pueden trasladarse directamente a Ecuador sin necesidad de conversión, lo que simplifica el proceso de lavado de dinero en comparación con países vecinos como Colombia, ya que, en este último, los controles rigurosos sobre las divisas actúan como una barrera significativa para los flujos financieros ilícitos.
Aun así, durante el mandato de Correa la reforma judicial consiguió la reducción de los homicidios de una manera vertiginosa, de 17,51 por cada 100 000 habitantes, en 2010, a 5,81 cuando finalizó su legislatura11.
Desde entonces, las sucesivas administraciones de Ecuador han buscado contrarrestar la amenaza del crimen organizado y la violencia. Sin embargo, la limitación de recursos estatales ha emergido como un factor central que afecta la eficacia de estas iniciativas, convirtiéndose en un desafío sistémico y multidimensional que ha perdurado a lo largo del tiempo. Aunque también podemos achacar esto a las malas decisiones políticas tomadas por los sucesivos gobiernos ecuatorianos que redujeron la capacidad del Estado para manejar el advenimiento de las redes criminales. En el caso de Correa, poniendo fin a la cooperación con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, sin reemplazarla por ninguna otra alternativa. De este modo las aguas costeras ecuatorianas quedaron libres de vigilancia, convirtiéndolas así en una ruta atractiva para los traficantes12.
En las elecciones presidenciales de 2017, Correa no repitió candidatura, lo que llevó a Lenin Moreno a la presidencia de Ecuador, teniendo que enfrentarse a la difícil tarea de implementar medidas de ajuste económico para controlar el gasto estatal desmedido13. Los recortes, conocidos como "el paquetazo", impactaron especialmente en las clases menos privilegiadas. La abrupta caída de los precios del petróleo había afectado gravemente la economía, y la persistente resistencia que había tenido su antecesor en reducir el gasto público llevó a un endeudamiento excesivo. A pesar de algunas políticas sociales durante la bonanza petrolera, la economía ecuatoriana dependía excesivamente del petróleo, resultado de la falta de diversificación.
De manera súbita, la falta de oportunidades para los jóvenes se transformó en un desafío significativo, y la delincuencia de menor escala comenzó a manifestarse en las clases más desfavorecidas de la sociedad. Las medidas de austeridad implementadas por el gobierno provocaron tensiones y protestas, reflejando el malestar de la población frente a las difíciles condiciones económicas que enfrentaba el país.
En este contexto de desesperanza y precariedad económica, las organizaciones criminales internacionales encontraron en Ecuador un terreno fértil para expandir sus operaciones. Con la economía dolarizada y el país sumido en la pobreza, las mafias se aprovecharon de la vulnerabilidad de la nación, utilizando sus recursos tanto para actividades logísticas como para el lavado de dinero.
Mientras tanto, la corrupción, un mal arraigado en Latinoamérica, se propagó por todo Ecuador afectando a las altas esferas del país y exacerbando los problemas económicos ya existentes. La gestión de Moreno se vio marcada por la necesidad de enfrentar tanto las secuelas económicas como los estragos de la corrupción en diversos niveles del gobierno ecuatoriano. Llevó a cabo una reforma integral en temas de seguridad, mucho más conservadora y cercana a Estados Unidos14, y recortó el gasto estatal en seguridad como parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Sumado a todo lo expuesto, es necesario considerar el impacto devastador de la crisis del COVID en Ecuador. La pandemia, en los países que no contaban con una economía estable, como es el caso que nos ocupa, tuvo como consecuencia el endeudamiento del Estado, una muestra de la clara incapacidad estatal ante un proceso tan complicado.
A Lenin Moreno le sucedió Guillermo Lasso, en 2021 con un programa de políticas económicas neoliberales. A pesar de gozar inicialmente de altos niveles de aprobación, su mandato se vio afectado por un creciente problema de seguridad en el país, con los carteles de drogas ejerciendo un control cada vez mayor sobre las instituciones y el territorio ecuatorianos, especialmente en el sistema penitenciario. Varias prisiones fueron testigos de masacres de reclusos, elevando a más de 100 el número de asesinatos carcelarios en 202215.
Para abordar esta problemática, Lasso declaró el estado de excepción en varias ocasiones, aumentó los efectivos de las fuerzas de seguridad y trasladó a miles de prisioneros a otras cárceles. Sin embargo, estas medidas no lograron reducir eficazmente las tasas de homicidios y, en algunos casos, provocaron más episodios de violencia. Durante esta debacle, hizo poco para evitar el desastre en medio de la parálisis política debido a los enfrentamientos con la Asamblea Nacional controlada por la oposición. Mientras tanto, había crecientes indicios de que las redes criminales estaban cooptando cada vez más partes del Estado, incluso en el círculo íntimo del presidente.
Lasso optó por la “muerte cruzada”16 como, posiblemente, la única manera de superar la crisis política y mantenerse en el cargo algunos meses más. De hecho, su decisión coincidió con los días previos a la votación de la moción de censura cuyo objetivo era destituirlo en la Cámara.
Las elecciones anticipadas del 20 de agosto y 15 de octubre, del pasado año, llevaron inesperadamente a la presidencia a Daniel Noboa, de 36 años y con escasa experiencia política, no sin antes mostrarse la grave crisis de seguridad de la nación ecuatoriana, con los asesinatos políticos del alcalde de Manta, Agustín Intriago, y de Fernando Villavicencio, un respetado activista anticorrupción que había llamado por su nombre a los líderes de las bandas y uno de los principales candidatos en los comicios.
La escalada del conflicto
El detonante de esta última espiral de violencia ha sido la fuga de Adolfo García, alias Fito, el líder de los Choneros -que cumplía una condena de 34 años-, tras el intento de trasladarlo a otro centro penitenciario. Este peligroso mafioso ya protagonizó otro episodio de estas características en 2013, si bien fue capturado ese mismo año. Aunque Ecuador alberga diversas bandas peligrosas, este grupo criminal es uno de los más destacados, considerados los pioneros en la escena narco de Ecuador y vinculados al cártel de Sinaloa. Su fuga y su posterior búsqueda, con la participación de más de 3000 efectivos, han desatado una ola de violencia sin parangón en todo el país, en el que las bandas criminales rivales se hicieron con el control de varias cárceles, con decenas de fuerzas del orden tomadas como rehenes, saqueos y el asesinato de un funcionario de prisiones. En este contexto también aprovechó para fugarse otro líder mafioso Fabricio Colón Pico alias, El salvaje, líder de Los Lobos, que constituyen la segunda agrupación delictiva más numerosa del país, con más de 8000 miembros distribuidos por todas las prisiones.
Debemos incidir en la cuestión de la sobrepoblación en las cárceles ecuatorianas y la asignación insuficiente de recursos para el control de los reclusos, lo que ha transformado estas instituciones en centros de poder para las mafias, donde los presos ostentan el control de las instalaciones. Dentro de estos recintos carcelarios, los líderes de las bandas criminales han establecido un autogobierno, supervisando operaciones ilícitas y cobrando por diversos servicios. Se puede afirmar que tienen en las cárceles sus principales centros de mando y operaciones, habiendo protagonizado episodios de extrema violencia que han dejado centenares de muertos en los últimos años. Desde febrero de 2021, más de 420 presos han muerto en estos enfrentamientos y en los esfuerzos de las fuerzas gubernamentales por recuperar el control de las cárceles.
Esta dinámica se ve facilitada por la corrupción arraigada en el sistema penitenciario, que permite la entrada de armas, drogas y todo tipo de artículos.
En lugar de apartarlas de la sociedad, el sistema penal permitió a las bandas llevar a cabo sus actividades con impunidad desde el interior de los muros de las prisiones, entremezcladas con guerras intestinas entre bandas.
Por su parte, un grupo de encapuchados, supuestamente perteneciente a la banda de los Tiguerones, llegó a tomar momentáneamente una televisión local. Fue el episodio más visible del más reciente capítulo de enfrentamiento entre el Estado y las bandas que operan en esta nación.
El presidente Daniel Noboa que, como ya hemos señalado, asumió el poder hace menos de 2 meses, declaró el estado de excepción durante 60 días y al país en “conflicto armado interno”17. Esta medida concede al gobierno la facultad de movilizar a las fuerzas armadas para respaldar a la policía, instaurar un toque de queda a nivel nacional y suspender el derecho a la libertad de reunión.
Este decreto presidencial evidencia que Ecuador ha entrado en una nueva fase en la lucha contra el crimen organizado, señalando como grupos terroristas y como elementos hostiles a más de 20 bandas criminales, permitiendo la intervención de las Fuerzas Armadas junto a la policía.
La coyuntura actual de seguridad en Ecuador va más allá de un aumento simple en la delincuencia; se caracteriza por una escalada de violencia sistemática perpetrada por actores beligerantes no estatales. Estos actos no se pueden clasificar meramente como crímenes, sino que representan una amenaza terrorista directa a la soberanía estatal y a la integridad territorial, tal como se recoge en el mencionado decreto. Ahora esas bandas son un objetivo militar y pueden ser neutralizarlas como tales. Esta ofensiva ha sido respaldada, de modo asombroso, por la mayoría de las fuerzas políticas en un país habitualmente polarizado; la Asamblea Nacional así lo expresó con los 135 votos a favor de todos los parlamentarios presentes. Incluso tuvo el apoyo por parte del expresidente Rafael Correa desde su exilio belga.
Se calcula que existen unas 1500 bandas especializadas en todo tipo de delitos, incluyendo el secuestro, la extorsión, las ejecuciones, los robos con violencia, los atentados y todas las actividades que conlleva el crimen organizado.
Siguiendo el mismo patrón observado en otras naciones, como en el caso de México, el auge de las mafias en Ecuador ha desencadenado un alarmante aumento en los niveles de inseguridad y violencia en el último trienio. Pero el año 2023 quedó marcado como el más violento en la historia del país, registrando un total de 7592 muertes violentas, en comparación con las 4426 del año anterior, según recoge del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO)18. En 2017, la tasa de muertes violentas en Ecuador se situaba en 5 por cada 100.000 habitantes, mientras que en la actualidad ha escalado a más de 4019, consolidándose Ecuador como la nación más violenta de América Latina.
Uno de los motivos fundamentales de esta penosa situación es que ha pasado de ser un país de tránsito a un destacado eje regional de custodia, procesado y distribución de estupefacientes, lo que ha potenciado el poder a las más de 20 bandas criminales que operan en la región en coordinación con cárteles de Colombia, México y mafias europeas.
Precisamente, la participación de múltiples organizaciones criminales de diversos países y sus disputas territoriales están entre los principales factores del aumento de la violencia. Según se recoge en InSight Crime, Ecuador es el segundo país en América Latina, después de Colombia, con más incautaciones de cocaína, lo cual es también un indicador de cómo se ha expandido el negocio ilegal en el país20. Se viene calculando que un tercio de la cocaína producida en la República Colombiana es exportado a Ecuador21.
Este aumento exponencial del narcotráfico y el dinero que genera ha permitido a las bandas expandirse, infiltrándose en todas las capas de la sociedad, incluso en las instituciones, a través de la corrupción.
Recientemente, el caso Metástasis, la operación más amplia contra el narcotráfico y la corrupción, liderada por la Fiscalía del Estado, ha evidenciado la infiltración del narcotráfico en el sistema judicial, la esfera política e incluso en las Fuerzas Armadas del país, un operativo compuesto por 900 funcionarios que se saldó con más de 30 arrestos.
Entre los detenidos se cuentan jueces, señalados por dictar fallos favorables a líderes de pandillas, agentes policiales presuntamente implicados en manipulación de pruebas y suministro de armas a las cárceles, así como el exdirector de la autoridad penitenciaria, acusado de brindar un trato preferencial a un influyente narcotraficante. Numerosos miembros de las altas esferas del poder enfrentan cargos por colaborar presuntamente con grupos criminales a cambio de sobornos, joyas e incluso servicios de prostitución22.
No obstante, el levantamiento posterior a la declaración del estado de excepción por parte del presidente Noboa no se limitó a rivalidades entre facciones, ni a la disputa por el control carcelario. Dada su magnitud y coordinación, algunos analistas consideran que esta violencia inusitada desafía directamente la autoridad del gobierno y su capacidad para proteger a la población. Al sumir las calles en el caos y forzar a los ciudadanos a refugiarse, los grupos delictivos parecían someter al gobierno ecuatoriano a un chantaje masivo, destacando la incapacidad estatal y advirtiendo sobre las consecuencias de la medida adoptada. Tanto es así que unos días después el fiscal que investigaba el asalto al canal de televisión, César Suárez, fue acribillado a tiros en la ciudad de Guayaquil cuando circulaba en su coche.
La propia Fiscal General del Estado, Diana Salazar, amenazada desde el pasado junio, sostiene que, mediante este acto criminal, los narcotraficantes han buscado transmitir un "mensaje" intimidatorio no solo al Gobierno de Noboa, sino también al conjunto del Estado y a la población, la cual se encuentra acosada por la alarmante ola de asesinatos.
Las últimas cifras de detenciones aportadas por el gobierno ecuatoriano de los primeros veinte días desde la declaración gubernamental de un conflicto armado interno contra el crimen organizado, señalan total de 4488 individuos. De este grupo, 237 personas fueron arrestadas bajo la sospecha de participación en presuntos actos de terrorismo23.
Pero los ataques, sin embargo, no cesan. Este último lunes, 30 de enero, se produjo un atentado contra las instalaciones de la Fiscalía de la ciudad de Manta, en la provincia de Manabí, que afortunadamente no arrojó víctimas, solo daños materiales.
Enfrentando la crisis de seguridad
La reciente asunción de Daniel Noboa a la presidencia de Ecuador implica un período demasiado breve para poner en marcha los elementos fundamentales de su programa y hacer frente al tumor de elementos delictivos en la sociedad, la economía y el Estado ecuatorianos.
Sus propuestas más destacadas, que le valieron el respaldo mayoritario de los ecuatorianos en las urnas, se enfocan en la economía, pero, sobre todo, en la seguridad. Entre sus compromisos se encuentra la implementación de reformas significativas en el sistema penitenciario, a través de una segmentación que permita aislar a los reclusos más violentos y peligrosos. Sin embargo, hasta el momento, la estrategia de seguridad ha mostrado más reactividad que planificación, las buenas intenciones no suelen ser suficientes.
Para dar un impulso a su plan de seguridad contra el crimen y el narcotráfico, el presidente expresó recientemente su intención de convocar un referéndum para que los votantes legitimen la imposición de medidas de seguridad más estrictas, tales como penas más severas para delitos graves como homicidios o tráfico de drogas, la ampliación de los poderes de las fuerzas armadas, la extradición de ecuatorianos acusados en otros países y la creación de un operativo especial para proteger a los jueces.
Del mismo modo, en su estrategia de seguridad se encuentra la pretensión de reforzar el control militar de fronteras y puertos, la creación de un núcleo de inteligencia centralizado y equipar convenientemente a las fuerzas del orden.
Otro de sus proyectos es la construcción de dos prisiones de alta seguridad en la Amazonía y en la costa del Pacífico. Estas instalaciones serán desarrolladas por el mismo consorcio mexicano-salvadoreño que previamente construyó una prisión en El Salvador durante la campaña contra las pandillas del presidente Nayib Bukele, y tendrá capacidad para 40.000 reclusos. Aunque es evidente que las nuevas cárceles en Ecuador serán considerablemente más pequeñas, dado que la población penitenciaria total actual es mucho menor.
Ahora bien, los interrogantes sobre la efectividad de todas estas propuestas siguen latentes, sobre todo, teniendo en cuenta la precaria situación económica del país y las débiles alianzas del presidente en la Asamblea Nacional. Aunque el gobierno presentó el 12 de enero una propuesta para elevar el impuesto al valor añadido (IVA) en tres puntos porcentuales, pasando del 12 al 15 por ciento, a pesar de ello, esta medida se ha encontrado con la desaprobación general ya que representa un peso financiero adicional para los ciudadanos ecuatorianos.
Pero este proceso de securitización incluye elementos que ya han sido comparados con la campaña autocrática llevada a cabo por Bukele contra las pandillas en El Salvador, aunque el mandatario ecuatoriano se ha desvinculado de esta idea en una entrevista concedida a la BBC, argumentado que su país tiene una realidad diferente y problemas y modo de pensar diferentes24, en cualquier caso.
Lo que es evidente es que las tácticas represivas contra los grupos criminales que se llevan a cabo estos días en Ecuador, con detenciones masivas de individuos bajo sospecha, restricciones de derechos civiles y la utilización de patrullas armadas, se asemeja bastante a las que se llevan realizando en el Salvador desde hace casi 2 años.
La participación dilatada de las fuerzas militares en el conflicto, según algunas opiniones, podría ser el desencadenante de una prolongada espiral de violencia y un extenso periodo de derramamiento de sangre, en el que los que luchan se entremezclan a menudo con el personal civil, como ya quedó evidenciado en el Plan Colombia. Ejecutado hace dos décadas y respaldado por los Estados Unidos, fue objeto de censura debido a la consideración de una buena parte de la población como enemigos internos25.
Por este motivo, hay reservas entre expertos humanitarios acerca de si los grupos criminales en Ecuador realmente encajan en el perfil de grupos armados organizados que el derecho internacional reconocería como partes involucradas en un conflicto, la seguridad debe equilibrarse con el respeto a los derechos humanos26. Por encima del riesgo de una escalada se plantean interrogantes tanto jurídicos como operativos, es decir, a la postre no se vislumbra una vía para Ecuador que no implique un considerable grado de dificultad para el Estado y una marcada inquietud para la población ecuatoriana
Es importante subrayar, asimismo, que estos grupos delictivos constituyen un fenómeno que trasciende fronteras, conformando una red global del crimen.
Siendo justos, se hace evidente una responsabilidad crucial a nivel global, ya que la mayoría de los ingresos que respaldan a los 22 grupos señalados por el Presidente Noboa como terroristas, derivan del comercio de cocaína destinada a consumidores en Occidente. Esta demanda en Norteamérica y Europa ha sido el imán que atrajo a los cárteles mexicanos y a las redes delictivas europeas para entrelazarse con los grupos locales ecuatorianos, como ya mencionamos previamente. La situación demanda colaboración a nivel internacional para abordar de manera eficaz la delincuencia transnacional.
Según declaró la comisaria europea de Asuntos Internos, Ylva Johansson, la mayoría de la cocaína que llega al puerto de Amberes, puerta principal de entrada de la droga en Europa, tiene su origen en Ecuador27.
Los países vecinos, Perú, Argentina y Bolivia, además de Estados Unidos, ya han prometido su apoyo para ayudar al asediado gobierno ecuatoriano. Es crucial establecer una colaboración coordinada entre todas estas naciones para abordar con eficacia la situación en Ecuador. Se requiere una estrategia conjunta mejorada, ya que los países vecinos observan con preocupación los acontecimientos que se suceden al otro lado de sus fronteras. En el caso de países colindantes, como Perú y Colombia, se debería exigir la movilización de mejores controles fronterizos, mediante tropas y vigilancia aérea.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, también deberá coordinarse con el país andino en sus ambiciosos, aunque vacilantes esfuerzos, por negociar con la docena de bandas criminales de Colombia, lo que él denomina "Paz Total".
Lo que se ha conseguido, a día de hoy, es un documento de buenas intenciones, una serie de medidas bajo el paraguas de la llamada red andina de seguridad, firmado por Ecuador, Colombia, Bolivia y Perú -miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN)- para combatir el crimen organizado de manera efectiva28.
Estados Unidos, la UE y el Reino Unido, del mismo modo, deben asumir un compromiso. Parte de ello implicará reforzar e intensificar las políticas de interdicción y de reducción de la demanda para reducir el flujo de drogas hacia el norte. También requerirá ayuda financiera, material y técnica para el gobierno y las fuerzas de seguridad ecuatorianas29.
En esta línea de cooperación, consignaremos otra de las iniciativas del Presidente ecuatoriano, que consiste en repatriar a los extranjeros que se encuentran en los centros penitenciarios, a sus respectivos países, unas 3000 personas, lo que constituye el 10,4% de la población carcelaria30. Los ciudadanos de Colombia, Venezuela y Perú representan la mayoría de población extranjera en estas prisiones. Sin embargo, para llevar a cabo este proceso de manera organizada y preservando las relaciones bilaterales, se requiere la colaboración de las naciones involucradas.
A decir verdad, el pasado lunes 29, Noboa dispuso la repatriación de reclusos extranjeros a sus respectivos países como medida para evitar la sobrepoblación en las cárceles. Sin embargo, este proceso no es ni inmediato ni sencillo debido a los convenios internacionales. Un ejemplo de esto es la advertencia de Colombia al Gobierno de Ecuador, señalando que la expulsión de sus ciudadanos podría considerarse como una acción unilateral que invalidaría las decisiones judiciales de sus propios tribunales.
Si el gobierno democráticamente elegido de Ecuador pierde esta guerra declarada por las bandas, existe el riesgo de que el otrora pacífico país sudamericano se desintegre en un narcoestado.
Conclusiones
En medio de los esfuerzos del país por recobrar el control y garantizar la seguridad de sus ciudadanos, el Presidente Noboa se encuentra ante la ingente tarea de erradicar el narcoterrorismo y la corrupción.
Todo esto sitúa a Ecuador en una crisis que resultará extraordinariamente desafiante de abordar mediante medidas puramente militares. El denominado conflicto armado interno, carece de un centro de gravedad definido, dado que el mismo Noboa designó a 22 bandas diversas como organizaciones terroristas. Además, los grupos armados han evidenciado su habilidad para corromper y subyugar las instituciones del Estado.
Poner fin al reinado de terror de las bandas criminales a través de medidas draconianas puede representar una solución aparente para mejorar la seguridad a corto plazo, sin embargo, resulta insuficiente.
Se debería abordar la raíz de los problemas estructurales en la economía ecuatoriana, que, aunque no sean sencillos, son factores que han propiciado la desprotección y la pobreza entre la juventud de clases bajas. Es crucial reconocer que la violencia emerge como refugio para aquellos marginados y excluidos por el Estado. La contundencia no bastará si no se confrontan las causas subyacentes que alimentan la desesperación.
La exhibición de unidad entre los diversos partidos políticos frente a los recientes eventos impactantes brinda al gobierno una oportunidad única. Forjar un consenso entre todas las fuerzas políticas en torno a los fundamentos de una reforma en la seguridad del Estado podría ser una estrategia clave en este contexto. Es vital reconocer que este es un momento propicio para promover el diálogo y la colaboración política en aras de fortalecer las bases de la seguridad nacional.
De la misma manera, colocar en un plano destacado la consolidación del sistema judicial se erige como una necesidad imperante en las circunstancias actuales. Esto conlleva asegurar que los jueces y fiscales encargados de los casos de crimen organizado y corrupción cuenten con las garantías necesarias para llevar a cabo sus funciones de manera efectiva. La protección de la independencia y eficacia del sistema judicial se presenta como un pilar fundamental para enfrentar con solidez los desafíos asociados con estas problemáticas.
Las raíces de los problemas actuales, así como las responsabilidades y soluciones, se extienden más allá de las fronteras nacionales, abarcando también aspectos internacionales. Fortalecer la cooperación internacional en seguridad e inteligencia se presenta como una medida crucial para abordar de manera eficaz la criminalidad transnacional. En este conflicto declarado por las bandas, la intervención de la comunidad internacional se torna necesaria, buscando prevenir la pérdida de Ecuador en este desafío.
La complejidad de la situación y la inexperiencia de Ecuador en el enfrentamiento con las mafias del crimen organizado anticipan un desafío de proporciones significativas. Este escenario invita a una reflexión profunda sobre la necesidad de colaboración internacional, reformas estructurales y el fortalecimiento de instituciones para tejer una trama de seguridad y bienestar duraderos en la nación andina.
Rocío de los Reyes Ramírez
Analista del IEEE
Referencias:
1 En la Conferencia Paz para el Desarrollo de 1991 el expresidente de Ecuador Rodrigo Borja Ceballos calificó así a su país, expresión que siguió utilizando también otro expresidente, Gustavo Noboa, en su Informe a la Nación de 2002. 2 Canela Radio Corp. Noboa dice que Ecuador “no va a parar” contra el terrorismo. 10-01-24. [en línea]. Disponible en: https://web.canelaradio.com/noboa-dice-que-ecuador-no-va-a-parar-contra-el-terrorismo/ . (Todos los enlaces se encuentran activos a fecha de cierre del presente documento, febrero 2024).
3 Presidencia de Ecuador [@Presidencia_EC]. (2024, enero, 25) [Post]. X. https://twitter.com/Presidencia_Ec/status/1750258391786643683
4 GANUZA, Carina Viviana. Política Intervencionista Ecuatoriana desde el enfoque teórico de la Maldición de los Recursos (2008-2017), en: Revista Scientific, vol. 4, núm. 13, pp. 19-39, 2019. [en línea]. Disponible en: https://www.redalyc.org/journal/5636/563659492002/html/
5 LARREA MALDONADO, Carlos. Pobreza, dolarización y crisis en El Ecuador. Quito, Ecuador, 2004. [en línea]. Disponible en: https://digitalrepository.unm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1100&context=abya_yala
6 PRIMICIAS. Los 'sombrerudos' del cartel de Sinaloa activan a sus enviados en Ecuador. 2-12-21. [en línea]. Disponible en: https://www.primicias.ec/noticias/en-exclusiva/sinaloa-enviados-ecuador-detenido/
7 BIBERBOST, Pablo y BOSCAN, Guillermo. Del paraíso al infierno: ¿qué variables explican la ola de violencia en Ecuador?, en: The Conversation, 15-01-24. [en línea]. Disponible en: https://theconversation.com/del-paraiso-al- infierno-que-variables-explican-la-ola-de-violencia-en-ecuador-221026
8 ¿Qué es la mafia albanesa?: Así opera en Ecuador y el mundo, en: ECUAVISA, 14-02-23. [en línea]. Disponible en: https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/que-es-la-mafia-albanesa-asi-opera-en-ecuador-y-el-mundo- DE4446207
9 El último informe semestral de la Dirección de Investigación Antimafia (DIA) de Italia resalta las conexiones entre la mafia italiana y Ecuador, así como con otras cinco naciones latinoamericanas.
10 MANJARRÉS, Juliana. 3 factores que hacen de Ecuador un foco de lavado de dinero, en: InSight Crime, 5-10-23. [en línea]. Disponible en: https://insightcrime.org/es/noticias/factores-hacen-ecuador-foco-lavado-dinero
11 Statista Research Department. Ecuador: tasa de homicidios 2010-2023. 10-01-24. [en línea]. Disponible en: https://es.statista.com/estadisticas/1402384/tasa-de-homicidios-ecuador/
12 NBC News. Ecuador says U.S. must leave Manta air base. 30-07-08. [en línea]. Disponible en: https://www.nbcnews.com/id/wbna25922554
13 BLASCO, E.J. La crisis económica que dejó Correa en Ecuador, en: ABC Internacional, 15-10-19. [en línea]. Disponible en: https://www.abc.es/internacional/abci-crisis-economica-dejo-correa-ecuador- 201910150209_noticia.html
14 JORDAN, F. El legado de Lenín Moreno, el presidente que dio la vuelta a la política de Ecuador, en: El Diario, 24- 05-21. [en línea]. Disponible en: https://eldiario.com/2021/05/24/legado-de-lenin-moreno-ecuador/
15 BBC News Mundo. Ecuador: al menos 15 muertos y 21 heridos tras un nuevo motín carcelario. 4-12-22. [en línea]. Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-63128138#:~:text
16 La muerte cruzada es una cláusula constitucional con la que se disuelve la Asamblea Nacional para convocar posteriormente elecciones a fin de renovar los Poderes Legislativo y Ejecutivo.
17 FIEL WEB PLUS. Boletín Jurídico. Decreto Ejecutivo nº 110 de 8 de enero de 2024 y ampliación nº 111 de ampliación al artículo nº 3. [en línea]. Disponible en: https://www.fielweb.com/App_Themes/InformacionInteres/dct111.pdf
18 OECO. Visualizador de estadísticas y resultados operacionales contra el crimen organizado. [en línea]. Disponible en: https://oeco.padf.org/
19 NATIONAL GEOGRAPHIC ¿Qué está pasando en Ecuador? La ola de violencia sin precedentes en el país. [en línea]. Disponible en: https://www.nationalgeographic.com.es/mundo-ng/que-esta-pasando-ecuador-ola-violencia-sin- precedentes-pais_21392
20 DALBY, Chris. Game Changers 2023: Ecuador Loses Its Grip on Crime, en: InSight Crime 4-01-24. [en línea]. Disponible en: https://insightcrime.org/news/gamechangers-2023-ecuador-loses-grip-crime/
21Mexico Daily Post. Ecuador seizes over 9 tons of cocaine destined for Mexico and the US. 14-08-21. [en línea]. Disponible en:https://mexicodailypost.com/2021/08/14/ecuador-seizes-over-9-tons-of-cocaine-destined-for- mexico-and-the-us/
22 INFOBAE. Caso Metástasis en Ecuador: los chats del narco Leandro Norero salpican a políticos, periodistas y otros actores, 20-12-23. [en línea]. Disponible en: https://www.infobae.com/america/america-latina/2023/12/20/caso- metastasis-en-ecuador-los-chats-del-narco-leandro-norero-salpican-a-politicos-periodistas-y-otros-actores/
23 INFOBAE. Más de 4.000 detenidos durante los primeros veinte días de "conflicto armado" en Ecuador. 30-01-24. [en línea]. Disponible en: https://www.infobae.com/america/agencias/2024/01/29/mas-de-4000-detenidos- durante-los-primeros-veinte-dias-de-conflicto-armado-en-ecuador/#:~:text=
24 GRANT, Will. Luchamos todos los días para no convertirnos en un narco-Estado, en: BBC, 13-01-24. [en línea]. Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/articles/ckv4exk0q1no
25 CORREAL, Annie y GLATSKY, Genevieve. Ecuadoreans Split on President’s Drastic New Measure to Combat Drug Gangs, en: The New York Times, 10-01-24. [en línea]. Disponible en: https://www.nytimes.com/es/2024/01/10/espanol/ecuador-violencia.html
26 CACHO, Olatz. Ecuador: lecciones aprendidas de la militarización, en: Amnistía Internacional España. 18-01-24. [en línea]. Disponible en: https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulos/ecuador
27 BORRÁS, Marta y GARCÍA-AJOFRIN, Paula. La mayor parte de la cocaína que llega al puerto de Amberes procede de Ecuador, en: EUROEFE EURACTIV, 7-02-23. [En línea]. Disponible en: https://euroefe.euractiv.es/section/justicia- e-interior/news/la-mayor-parte-de-la-cocaina-que-llega-al-puerto-de-amberes-procede-de-ecuador/
28 ARIET, Andrea. Los países andinos buscan blindarse ante el narcotráfico, en: DW, 23-01-24. [En línea]. Disponible en:https://www.dw.com/es/pa%C3%ADses-andinos-y-el-acuerdo-hist%C3%B3rico-para-blindarse-ante-el- narcotr%C3%A1fico/a-68064044
29 SABATINI, Christopher. The horrors of Ecuador are not just Ecuador’s, en: CHATMAN HOUSE, 11-01-24. [en línea]. Disponible en: https://www.chathamhouse.org/2024/01/horrors-ecuador-are-not-just-ecuadors
30 República del Ecuador. Censo Penitenciario. Mayo, 2023. [en línea]. Disponible en: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/webinec/Poblacion_y_Demografia/Censo_penitenciario%20/20 23/Principales_Resultados_CP2022.pdf