Opinión

Una crisis invisible: la limpieza étnica de los rohingya

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Incluso en el ámbito de las crisis humanitarias, parecemos tener preferencias que nos inclinan a ser más o menos selectivos en la indignación, dependiendo de dónde ocurren estas y quienes las padecen. Por ejemplo, la crisis de los desplazados rohingya -una minoria étnica musulmana que Myanmar tilda de inmigrantes ilegales y apátridas- de los cuales se estima la presencia de más de un millón de refugiados sólo en los campamentos improvisados en los arrabales de Cox's Bazar en Bangladesh, ocupa un lugar más bien discreto en el ranking de la indignación mediática. 

Y sin embargo, el éxodo de los rohingyas desplazados de Myanmar -cuyo gobierno cuenta con el apoyo de Tailandia, Vietnam y Filipinas- tiene todos los componentes para provocar un efecto dominó en todas las naciones afectadas, por cuanto que el desbordamiento de los confinamientos en Bangladesh está incitando a los refugiados a trasladarse a la India, existiendo informaciones que indican que algunos grupos ha logrado llegar hasta Chennai, sita en Tamil Nadu, en el suroeste del subcontinente indio. Esto está despertando en la India los mismos recelos que llevaron al gobierno de Bangladesh a anunciar el pasado marzo que no está en dispuesta a acoger aún más refugiados por motivos de seguridad. 

Solo 500.000 de los refugiados en Bangladesh -octavo país más poblado del mundo- disponen de documentos de identidad, y los tenues lazos culturales que los bangladesís tienen con los refugiados birmanos no parecen bastar para evitar fricciones sociales, en parte creadas por la aprensión que causa el que la tasa de natalidad de los refugiados rohingya sea aún mayor que la de la población local.

Bangladesh se ha visto obligado a encarar sin ayuda internacional tangible las consecuencias del genocidio en el contiguo Myanmar. El inicio del procedimiento contra los autores de las matanzas de rohingyas en la Corte Penal Internacional -teniendo en cuenta que Myamanr no reconoce la jurisdicción del tribunal de la Haya- no tiene capacidad real ni para detener la diáspora, incitar a Myanmar a aceptar la repatriación de los desplazados,  ni para contener las consecuencias que el flujo migratorio a los países limítrofes, entre las que se encuentra el aumento del riesgo de que el aproximado cuarto de millón de adolescentes que forman parte del éxodo rohingya caigan en las redes de los rebeldes del Ejército de Salvación Rohingya Arakan, al que se le imputan actos de violencia étnica, y que esta combatiendo al ejercito birmano desde Rathdaung a Kyauktawen, bajo el liderazgo del pakistaní criado en Arabía Saudí Ataullah abu Ammar Jununi. 

Hasta la fecha, las apelaciones a China para que influya en Myanmar -un estado incardinado en su órbita de influencia, con el que comparte gran parte de su frontera sur y de quien es el principal proveedor de armas- no han dado frutos apreciables, lo cual es entendible considerando el interés de China en el puerto birmano de Kyaukphyu y en el proyecto de la central hidroeléctrica de Myitsone, del que la Corporación China de Inversión en Energía es el principal accionista.

Así pues, el peso del problema originado en Myanmar continúa recayendo sobre las espaldas de Bangladesh, muy a pesar de tratarse a todas luces de una crisis de índole internacional que puede disparar una cadena de crisis nacionales. Está por ver si el acuerdo que ambos países países también firmaron en 2018 con ACNUR, en el marco del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y que acordó visitar y evaluar las condiciones en el estado de Rajine de cara al regreso de los refugiados llega a buen puerto, aunque la resistencia de los propios refugiados a una repatriación sin condiciones y el inmovilismo de Myanmar en lo que respecta a cambiar sus leyes de ciudadanía para dar cabida a los rohingyas, permita ponerlo en duda. 

De hecho, ACNUR niega la mayor: no se dan aún las condiciones mínimas necesarias para un retorno voluntario y gradual de los desplazados a un entorno bajo la bota militar, en el que las ejecuciones extrajudiciales y el arrasamiento de cultivos rohingya están a la orden del día.

Del mismo modo, el resultado práctico de los contactos -inducidos por Beijing- para negociar un acuerdo de paz entre una delegación gubernamental birmana y representantes de los cuatro grupos insurgentes que integran de la Alianza del Norte (Ejército de Salvación Rohingya Arakan, Ejército de Independencia de Kachin, Ejército Democrático Nacional de Myanmar y el Ejército de Liberación Nacional de Ta'ang, sigue siendo una incógnita, por lo que, hoy por hoy, no hay elementos que indiquen que el tránsito de refugiados a los países vecinos pueda ser aminorado. Antes al contrario, resulta plausible esperar que los conflictos armados en curso sigan activos durante un periodo tiempo considerable, especialmente la guerra civil  en el estado de Rajine, echando más leña al fuego e incrementando el riesgo de que los problemas étnicos birmanos se exporten sin solución de continuidad a lo largo y ancho del subcontinente indio y hasta Malasia, donde ya se han producido una serie de detenciones de militantes rohingya radicalizados, y en donde se tiene noticia de que el Ejército de Salvación Rohingya Arakan extorsiona a los 25.000 refugiados rohingya instalados en Malasia.