La organización ha señalado en un informe la falta de voluntad política e intromisión del Gobierno para no administrar justicia

Amnistía Internacional denuncia impunidad en crímenes contra la humanidad en Sudán del Sur

photo_camera AFP/STEFANIE GLINSKI - Niños soldados recién liberados esperan en fila para su registro durante la ceremonia de liberación en Yambio, Sudán del Sur, el 7 de febrero de 2018

El Gobierno de Sudán del Sur está evitando impartir justicia por los crímenes de lesa humanidad que se han cometido durante los cinco años de guerra civil del país africano, según ha indicado un informe presentado este lunes por Amnistía Internacional (AI). Además, la organización no gubernamental ha declarado que el Gobierno sursudanés está interfiriendo el poder judicial para que algunos de sus miembros no puedan ser llevados ante los tribunales.

Bajo el nombre de ‘¿Creéis que vamos a perseguirlos judicialmente nosotros?’, el documento, que se ha basado en 47 entrevistas a trabajadores del sector y de la propia administración de justicia, ha denunciado la impunidad de la que gozan las partes beligerantes que han cometido distintos crímenes como violaciones y torturas. A la vez, el informe describe un sistema de justicia carente de independencia respecto del poder ejecutivo, con fiscales siguiendo órdenes del Gobierno y la existencia de coacción a ciertos jueces con el objetivo de forzar su dimisión. 

“Imagine ser testigo del asesinato de su familia, sobrevivir a una violación en grupo y que después de todo eso, saqueen tu casa”, ha comentado a la agencia AP, Joan Nyanyuki, director regional de Amnistía Internacional, quién afirmaba que el Gobierno está obligado a proporcionar las vías de justicia correspondientes a estos crímenes por sus compromisos con el derecho internacional y el acuerdo de paz firmado en 2015 y renovado en 2018. “Ya son casi seis años para las familias cuyos miembros fueron asesinados, con hijos huérfanos. Seis años que llevan buscando justicia”, ha afirmado Japhet Biegon, uno de los encargados del informe durante su presentación en Nairobi, según ha recogido la agencia Efe. 

El personal de las Fuerzas de Defensa del Pueblo del Sudán Meridional (SSPDF), anteriormente denominado Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés (SPLA), asignado como guardia presidencial de Sudán Meridional, en su cuartel de Rejaf

El investigador ha declarado que solo los casos que cuentan con el visto bueno del poder ejecutivo se pueden llevar ante la justicia. Hasta la fecha, solo se ha celebrado un juicio sobre los crímenes contra civiles durante el conflicto que ha acabado con diez militares condenados a penas de cárcel que van desde los siete años hasta la cadena perpetua por haber matado a un periodista y haber violado a trabajadores humanitarios durante unos ataques que tuvieron lugar en julio de 2016. Sin embargo, el informe de AI sostiene que durante este proceso judicial se puede observar la falta de voluntad para investigar las responsabilidades de militares de alto rango. 

Sudán del Sur acaba de finalizar un conflicto armado que ha matado a casi 400.000 personas y ha provocado el desplazamiento a millones de ellas. El acuerdo de paz alcanzado el año pasado incluye el establecimiento de un tribunal híbrido, sin embargo AI apunta los intentos del Gobierno para detenerlo, el ejecutivo sursudanés ha ordenado llevar a cabo cinco investigaciones para esclarecer los responsables de los crímenes durante la guerra, pero ninguna ha sido independiente: los miembros del equipo de investigación son elegidos por el presidente Salva Kiir y sus trabajos se desarrollan en secreto; del mismo modo los resultados de las investigaciones son descartadas y no atienden a los crímenes cometidos por el Ejército. 

El presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir

Ante esto, las autoridades del país han cuestionado los resultados del documento presentado por AI: “No creo que el informe se corresponda con la realidad en Sudán del Sur. Cada vez que un perpetrador comete un delito, el Gobierno siempre toma medidas”, ha declarado el portavoz del Ejecutivo, Ateny Wek Ateny. Sin embargo, otros expertos se muestran preocupados porque la falta de administración de justicia no permita concluir definitivamente el proceso de paz y permitir a las víctimas cerrar heridas. 

Pese a todo, el acuerdo de paz se encuentra todavía ante ciertas inestabilidades. El alto el fuego está siendo respetado en la mayor parte del país, pero se siguen produciendo episodios de violencia entre movimientos rebeldes que han rechazado firmar el pacto.  Se espera que el próximo mes el líder de la oposición, Riek Machar, vuelva al país para continuar con el proceso de normalización política, aunque todavía quedan ciertas cuestiones de seguridad sin resolver. 

El ex vicepresidente y ex líder rebelde de Sudán del Sur, Riek Machar
Nuevos obstáculos para la formación de Gobierno

La semana pasada Machar y Kiir mantuvieron una serie de reuniones la semana pasada para reafirmarse en el proceso de paz y mandar un mensaje de que el próximo 12 de noviembre se conseguirá establecer un Gobierno transitorio, como así lo preveía el acuerdo de 2018. Sin embargo, no lograron ponerse de acuerdo acerca de la división administrativa del país y la integración de los militares rebeldes en la estructura de las Fuerzas Armadas del país. 

El partido de Machar ha afirmado este lunes su rechazo a formar parte de esta ejecutiva para el 12 de noviembre. El vicepresidente del partido opositor  Movimiento para la Liberación del Pueblo de Sudán, Manawa Peter Gatkuoth, ha declarado en Radio Tamazuj que su partido rechaza los trabajos para la formación del Gobierno de unidad nacional hasta que no se traten esos dos puntos conflictivos recogidos en el tratado de paz: “Queremos ver la unificación de fuerzas y reformas en el país”, afirmado el dirigente, según ha recogido Europa Press.

Un grupo de retornados sudaneses del sur se reúnen en la oficina de los Comisionados del Condado en la ciudad de Udier, en el sur de Sudán, el 9 de marzo de 2019

El político ha afirmado que el Gobierno de Kiir no tiene intención de desbloquear los fondos para la aplicación del acuerdo de paz que permita crear un Ejército unificado. De ser así,  estas declaraciones suponen una dilatación en el proceso de normalización política de la joven nación y alarga el periodo de inestabilidad militar y la posibilidad de una eventual vuelta a las armas. 

Más en Sociedad