Gobierno e indígenas llegan a un acuerdo en Ecuador
Terminaron las revueltas callejeras en Ecuador tras el acuerdo alcanzado entre los indígenas y el Gobierno ecuatoriano. El presidente Lenín Moreno anunció la retirada del paquete de medidas económicas presentado que causó todo el revuelo y las protestas sociales que se produjeron durante los últimos 12 días.
El conocido como Decreto 883 incluía, como elemento más destacable, la eliminación de la subvención al diésel y la gasolina extra y la consecuente y criticada subida de los precios de los carburantes, provocando la ira ciudadana. Ello desembocó en duros enfrentamientos entre la población y las fuerzas de seguridad, que se prolongaron durante casi dos semanas. Unos choques que dejaron, al menos, cinco muertos, según cifras de la Defensoría del Pueblo (diez, según estimaciones indígenas). La situación se había vuelto tan insostenible que el Ejecutivo tuvo que decretar el estado de excepción, la militarización de la vía pública y el toque de queda en el distrito metropolitano de la capital de Quito.
Tras el pacto alcanzado para reconducir el planeamiento económico e instaurar la paz social, los dirigentes indígenas y el Gobierno se pusieron de acuerdo en negociar un nuevo decreto desde cero, para lo cual se creará una comisión bilateral, con la mediación de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y de la Conferencia Episcopal ecuatoriana.
Con este principio de acuerdo, se puso fin a las protestas y los manifestantes levantaron su asentamiento del centro de Quito y desmantelaron los bloqueos públicos que habían instaurado. Después de este abandono de la posición de fuerza por parte de los indígenas, se acabó desactivando por parte del poder el estado de excepción y el toque de queda. Esta situación desembocó de madrugada en la exaltación pública de alegría por parte de un gran número de ciudadanos por las calles de Quito, incluso con el lanzamiento de fuegos artificiales, que contrastaron con los disturbios y los gases lacrimógenos que fueron los protagonistas en las jornadas anteriores.
"Significa un sacrificio de ambas partes. Qué bueno que la palabra más repetida sea la paz. También agradezco a los hermanos policías y militares, en gran cantidad de origen indígena. Muchos de ellos también están ahora lesionados", dijo el presidente Lenín Moreno sobre el desenlace de la problemática social.
El propio Moreno quiso explicar la principal motivación de la polémica medida adoptada, que desembocó en las protestas. El dirigente señaló que quería evitar que los traficantes de diésel y gasolina siguiesen beneficiándose de las subvenciones establecidas a los carburantes. Según cálculos oficiales, de los 1.400 millones de dólares que se destinan a estos pagos, en torno a 500 caen en manos de las mafias del contrabando.
Y es que la retirada de las ayudas a los carburantes, que estaban instauradas desde hace 40 años, iba a provocar además un alza sensible de los precios. Medida justificada por Lenín Moreno (además de por perjudicar a las mafias) por la necesidad de “reducir el gasto público y generación de nuevos ingresos”.
Lógicamente, esto no fue muy bien visto por la mayoría ciudadana e indígena, que iba a sufrir de inmediato la subida de precios. Junto a este extremo, había otras cuestionables medidas incluidas en el programa económico gubernamental que incidieron en el malestar ciudadano; tales como la bajada salarial de un 20% en contratos temporales del sector público, la reducción de vacaciones de 30 a 15 días para los trabajadores públicos o el aporte de un día de salario mensual de los empleados a Hacienda.
También, desde su papel como mediador, la ONU destacó el hecho remarcable del acuerdo alcanzado y el trabajo en la búsqueda de la pacificación definitiva. "Se terminan las movilizaciones y medidas en todo el Ecuador y nos comprometemos de manera conjunta a restablecer la paz en el país", indicó Arnauld Peral, representante de Naciones Unidas en Ecuador, quien catalogó la resolución alcanzada como “una gran victoria”.
Desde la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE) se celebró también el éxito de la firmeza demostrada por los manifestantes para detener el plan económico del Ejecutivo y el comienzo desde la base para elaborar un nuevo programa de medidas económicas. “Nos hemos levantado en defensa de nuestros derechos, salimos a nuestras calles. Ya no queremos más represión", destacó Jaime Vargas, presidente de CONAIE.
Queda por ver qué dirección se toma de cara a las nuevas medidas económicas, aunque no se descarta que se mantenga parte de lo que había querido implementar el Gobierno, dentro del conocido como “paquetazo”. Esta por ver el margen de maniobra que tiene Lenín Moreno ya que el Fondo Monetario Internacional (FMI) había aplaudido la iniciativa en materia fiscal que había programado el Ejecutivo del país andino. Precisamente, el FMI había otorgado a Ecuador en el pasado mes de febrero un préstamo de 4.200 millones de dólares y había apoyado las propuestas económicas gubernamentales al considerar que iban en la buena dirección para reconducir la situación fiscal de la nación.
En cualquier caso, ambos bandos han presentado el acuerdo como una pequeña victoria en esta batalla particular dentro de la guerra general. Así, desde el sector popular e indígena se ha presentado esta rectificación ejecutiva como una demostración de la fuerza de su movimiento, incluso para llegar a doblegar la voluntad del Gobierno; mientras, Lenín Moreno ha manifestado esta salida del atolladero como una victoria política y una demostración de la capacidad de diálogo y de maniobra de su gabinete.
