ONGs denuncian nuevas restricciones a la libertad de expresión en Qatar
Las organizaciones Human Rights Watch (HRW) y el Comité para la Protección de los Periodistas han denunciado los cambios introducidos por Qatar recientemente para penalizar la difusión de "noticias falsas" limitando aún más la ya restringida libertad de expresión en el país del golfo Pérsico. Un nuevo artículo introducido en el código penal qatarí establece penas de hasta 5 años de cárcel y/o una multa de 100.000 riales qataríes (más de 27.000 dólares) por "publicar o difundir noticias falsas o maliciosas, rumores o propaganda sensacionalista" para "dañar el interés nacional, incitar a la opinión pública o sacudir el orden social y público", destacó HRW.
Asimismo, señaló en un comunicado que esa enmienda no especifica qué son noticias falsas, rumores o propaganda, y en base a qué criterios se decidirá que son "dañinos". HRW recordó que el código penal qatarí ya "criminaliza criticar al emir, insultar la bandera, difamar la religión e incitar a derrocar al régimen" de gobierno, entre otras cosas que limitan la libertad de expresión en el emirato.
"A Qatar le encanta publicitarse como el país más abierto de sus vecinos, pero esta ley sigue el mismo libro de estilo de los otros Estados del golfo para amordazar la libertad de expresión", señaló en la nota el vicedirector de HRW para Oriente Medio, Michael Page.
Por su parte, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en inglés) pidió en un comunicado a las autoridades que eliminen esta "ley represiva". "En lugar de defender la libertad de prensa en la región del golfo, donde el libre flujo de información está amenazado, las autoridades de Catar se han subido al tren de las 'noticias falsas'", agregó en la nota el investigador para Oriente Medio y el Norte del África del CPJ, Justin Shilad. También el Centro del Golfo de Derechos Humanos (GCHR, por sus siglas en inglés) , con sede en Beirut, expresó su preocupación por los cambios en el código penal qatarí, publicados primero por el periódico catarí Al Raya, que tuvo que retirar esa información y pedir disculpas debido a la polémica que había generado. El GCHR advirtió en su web que la ley es "amplia" y puede ser "usada fácilmente contra blogueros y periodistas independientes porque las autoridades pueden considerar cualquier punto de vista dañino para los intereses nacionales".
