El Gobierno español incumple su código penal, “Ghali” un inmigrante ilegal en España
Marruecos ha demostrado el predominio de sus instituciones de inteligencia y de seguridad sobre las de Argelia y España al revelar al mundo la maniobra de los gobernantes argelinos y de los funcionarios del Gobierno español para ocultar la entrada, con identidad y pasaporte falsos, de un individuo demandado por la justicia española por crímenes de lesa humanidad.
Marruecos le expresó al Gobierno español su protesta por haber recibido a un individuo considerado enemigo de Marruecos y responsable de matar y torturar a varios marroquíes. Y también porque este mismo Gobierno ha utilizado un documento oficial falso del Estado argelino para ocultar la identidad del llamado "Ghali", sabiendo que está perseguido por crímenes de lesa humanidad ante sus tribunales, y que tiene un expediente abierto ante el juez de instrucción por las querellas presentadas.
La protesta de Marruecos por la conducta del Gobierno español tiene su fundamento en las prácticas diplomáticas que exigen, de los países amigos, no recibir en sus territorios a los enemigos del otro Estado. Y en los peores casos, avisarle de lo que va a realizar dándole las explicaciones oportunas a través de los canales diplomáticos. Sobre todo, porque la relación que une España a Marruecos es históricamente más profunda y cuyos intereses son más importantes de los que le puedan unir con el llamado “Ghali” y sus seguidores. De hecho, España considera que el primer socio económico es Marruecos.
Sin embargo, los recientes acontecimientos han demostrado que ni los gobernantes de Argelia ni el Gobierno español saben nada sobre Marruecos y ni sus instituciones, particularmente las de inteligencia y de seguridad.
El intento de "ningunear" a Marruecos falsificando la identidad del llamado "Ghali" hizo que estos dos países recibieran una bofetada histórica que nunca olvidarían. La España democrática debe rendir cuentas a sus ciudadanos, a sus hombres de Ley y a sus políticos. En cuanto a los gobernantes de Argelia, describirán la falsificación de documentos oficiales del Estado argelino como un acto heroico en defensa de los pueblos, como suelen hacer.
Lo que agrava aún más la cuestión, es que el Gobierno español, no solo recibió a un individuo buscado por la justicia española por crímenes de lesa humanidad, sino que ordenó poner el sello del Estado español, que representa la soberanía del pueblo español, en un pasaporte que sabía que era falso.
El Gobierno español no puede negar su conocimiento sobre la identidad falsa de Ghali y la falsificación de su pasaporte porque lo ha confesado cuando declaró que lo había recibido por razones humanitarias. De este modo España cayó en la doble confesión, por un lado su conocimiento sobre la identidad falsa de la persona en cuestión y por otro lado la falsificación de su pasaporte.
Si España lo hubiera recibido por razones humanitarias y no por algún otro beneficio, ¿Por qué no ha entrado al país con su verdadero nombre y su pasaporte? En el caso de que lo tuviera.
Desde un punto de vista jurídico y según el Código Penal español, el Gobierno español ha cometido un delito previsto en el Artículo 451, párrafo 3, del Código Penal español, el cual prevé “una pena de prisión de 6 meses a 3 años para toda persona que ayude a presuntos responsables de un delito a eludir la investigación de la autoridad o sus agentes” en crímenes de lesa humanidad, crímenes contra las personas, conflictos armados y terrorismo.
Una vez que el propio Gobierno de España ha confirmado que la Justicia española interrogará al llamado “Ghali”, el 1 de junio de 2021, por la querella presentada contra él, en la que se le acusa de haber cometido delitos contra la humanidad, se disponen de argumentos suficientes para afirmar lo siguiente;
- El reconocimiento oficial por parte del Gobierno español que el llamado "Ghali" es quien fue recibido en territorio español y no la persona que aparece en el pasaporte utilizado por “Ghali” para acceder a España desde un aeropuerto español.
- El reconocimiento por parte del Gobierno español, que sabiendo que la persona que se presentó ante la aduana en el aeropuerto español no se corresponde con la que figuraba en el pasaporte, la aduana que representa el Estado español le selló el pasaporte.
El hecho de que el Gobierno español ponga el sello del Estado en un pasaporte sabiendo que es falso, no solo incumbe al portador de dicho pasaporte, sino que constituye una prueba de la implicación del Estado y de los funcionarios que dieron la orden en un delito penado por el Articulo 451, párrafo 3, del Código Penal español. El encubrimiento de una persona perseguida por un delito grave se considera un delito tanto en el derecho español como en todas las leyes de los Estados democráticos y también en el derecho penal marroquí.
Por todo ello, el mundo está a la espera de lo que hará el poder judicial español. Ya que no sólo investigará al llamado “Ghali” sino que también conoce la implicación del Gobierno español en ocultarle un individuo acusado por la justicia para evitar su comparecencia, después de haber sellado un pasaporte falso que sabía que no correspondía a la identidad del llamado “Ghali”.
Marruecos tiene ahora el derecho de conocer la decisión del poder judicial español contra:
- Aquellos que contribuyeron o participaron en ocultar al llamado “Ghali”, estando perseguido ante los tribunales españoles.
- Aquellos que falsificaron y utilizaron el pasaporte falso utilizado por “Ghali”.
- Aquellos que ordenaron poner el sello del Estado español en un pasaporte falso siendo conocedores de su falsificación.
Marruecos tiene el derecho, incluso de saber cómo se le remitirá al llamado “Ghali” el documento legal que le permitirá salir de España, ya que el documento falso con el que accedió le será entregado al juez de instrucción.
Además, el Gobierno español tiene ahora otro problema porque “Ghali” se encuentra en el territorio español como un inmigrante ilegal, que entró en España con un pasaporte falso. En este caso la ley española estipula lo siguiente:
- El poder judicial está obligado a incautar el pasaporte falso.
- El poder judicial está obligado a aplicar la ley que se aplica a los inmigrantes clandestinos y deportar, en este caso, a “Ghali” a su país natal.
Dado que el único país del llamado “Ghali” es Marruecos, ya que no tiene ningún otro país reconocido por las Naciones Unidas y tampoco por el Estado español, la jurisdicción española se encuentra en un dilema por culpa de la gestión del Gobierno español, que sorprendió a Marruecos.
Cuando Marruecos le advirtió al Gobierno español que si permitía al llamado “Ghali” salir de la misma manera que entró, es decir, con documentación falsa, su comportamiento sería aún más grave, es porque Marruecos ha evocado la situación legal del llamado “Ghali” en España, como inmigrante ilegal que accedió con un pasaporte falso.
En el caso de que el Gobierno español pretenda encontrar una solución para transferir al llamado “Ghali” a Argelia, los parlamentarios que asisten en Marruecos como observadores para garantizar la transparencia de la Justicia marroquí, sobre todo en las provincias del Sur, deberían más bien acudir a la sede del poder judicial español para exigir que el derecho penal español se aplique al Gobierno español y que la ley de inmigración clandestina se aplique al llamado "Ghali".
En cuanto a las protesta contra el poder judicial marroquí, ya se encargan los juristas marroquíes de hacerlo. De hecho, en toda la historia de la justicia marroquí, nunca han permitido el abuso a la independencia del poder judicial.