El desprecio de Orbán hacia los valores europeos
Causando mucho revuelo mediático, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, aprobó el pasado 15 de junio un proyecto de ley según el cual, en pos de la protección de los derechos de la infancia, se prohíbe que se hable de diversidad sexual y de género en los centros educativos. Además, estaría prohibido difundir cualquier símbolo o icono que tenga relación con el colectivo LGTBI, alegando que esto contribuirá a frenar la pornografía infantil, la pederastia o el maltrato a menores. Así, se está vinculando a las personas LGTBI con la comisión de estas prácticas.
Explicaba un portavoz del Gobierno húngaro al diario británico The Guardian que “hay contenidos que los niños menores de cierta edad pueden malinterpretar y que pueden tener un efecto perjudicial en su desarrollo a esa edad, o que los niños simplemente no pueden procesar, y que, por tanto, podrían confundir sus valores morales en desarrollo o su imagen de sí mismos o del mundo”.
Es innegable que esta legislación, que la propia presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, calificó de “vergonzosa”, restringe los derechos de las personas LGTBI. Pero no es la primera vez que Orbán es objeto de polémica en las instituciones europeas. En 2020, el Parlamento húngaro aprobó sendas leyes para impedir la adopción por parte de parejas del mismo sexo, y prohibió que las personas transexuales pudiesen cambiar su documentación para alinear su sexo al nacer con su identidad de género. Anteriormente, en 2011, también declaró que solo se considera matrimonio la unión entre un hombre y una mujer.
En todas estas ocasiones, no han faltado voces que hayan expresado indignación por la aprobación de estas leyes. Pero mucho más silencioso ha sido el debate sobre el hecho de que han sido adoptadas en un Estado miembro de la Unión Europea, fundada sobre los valores fundamentales del respeto a la dignidad humana, a los derechos humanos, la libertad, la democracia, la igualdad y el Estado de derecho. Orbán ha violado, de manera sistemática, todos y cada uno de ellos, a pesar de haber firmado los mismos estatutos que el resto de los Estados que forman la Unión.
El primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, expresó su descontento de manera rotunda, invitando a su homólogo húngaro a que abandonase la UE. “Debes retirar la ley, y si no te gusta, y realmente piensas que los valores europeos no son tus valores, deberías considerar si debes permanecer en la Unión Europea”, afirmó Rutte durante una cumbre en Bruselas, abriendo así el debate sobre si países como Hungría, de seguir así, deberían abandonar la Unión.
De momento, la salida de la UE sería el último recurso. Sin embargo, las instituciones europeas no pueden seguir haciendo la vista gorda ante eventos de esta naturaleza, y ya han comenzado a tomar ciertas acciones. En una carta de la Comisión Europea al Ministerio de Justicia de Hungría se afirma que la propuesta de ley contradice varios artículos de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y que no se dudará en iniciar acciones legales de aprobarse. Asimismo, 17 países de la Unión, entre ellos España, han firmado una declaración conjunta en la que señalan la profunda preocupación de los signatarios ante una ley que estigmatiza al colectivo LGTBI y que restringe la libertad de
expresión bajo el pretexto de proteger a la infancia. En ella, se urge a la Comisión Europea a que use todos los mecanismos existentes para asegurar que se respete la legislación europea, incluyendo la remisión de este asunto a la Corte Europea de Justicia.
Una de las acciones más reclamadas por la sociedad es probablemente la imposición de sanciones al Gobierno húngaro. Sin embargo, para ello se necesita un voto unánime. La indignación que ha causado la ley anti-LGTBI en la Europa occidental no ha obtenido el eco esperado en algunos países del este como Polonia. El presidente polaco, Andrzej Duda, al igual que su primer ministro, Mateusz Morawiecki, se negaron a firmar la declaración conjunta en contra de la ley. Una votación para imponer sanciones sería impedida por el veto polaco. Para hacer frente a este problema, la Comisión afirmó que, a finales de este año, se podría poner en marcha un mecanismo novedoso según el cual se congelarían los fondos europeos destinados a los países que no respeten los derechos fundamentales, que incluiría a Polonia además de a Hungría.
Además de todas estas acciones, y aunque en su momento no parecía necesario, es evidente que es fundamental reforzar los mecanismos que aseguran que todos los Estados que forman parte de la Unión respeten los mismos valores. La situación respecto a los derechos LGTBI se ha ido deteriorando en muchos países de la Unión, y el auge de partidos como el Fidesz húngaro ha contribuido a que los colectivos que sufren mayor riesgo de discriminación estén cada día más desprotegidos. La UE debe ser mucho más contundente en su respuesta ante las violaciones de los derechos humanos, y debe asegurar que todos los europeos tengan la misma protección de sus derechos en todos los territorios que la conforman.