La huella indeleble

La exvicepresidenta tercera y exministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros - PHOTO/Pool Moncloa/José Manuel Álvarez. La Moncloa 
Corría el mes de junio de 2018 cuando el entonces co-portavoz de Equo dijo de la recién nombrada ministra de Transición Energética -Teresa Ribera- lo siguiente: “Es una persona solvente con una trayectoria relevante en la lucha contra el cambio climático, aunque tenga en su haber algunas decisiones cuestionables, como fue el caso del Castor”

Caso este, que por cierto, hoy parece totalmente olvidado por una sociedad desnortada o dopada y mucho más por un personaje como nuestro ínclito presidente que se ha prodigado en elogios al despedir a esta señora en su viaje de premio hacia Europa donde, con toda seguridad, podrá seguir mejorando económica, social y hasta profesionalmente en una senda de vergonzosos intereses en la que triunfan los mayores y empalagosos  medradores y todos los que a partir de un día de suerte se agarran a un sustancioso clavo ardiendo que les pueda cubrir el riñón de por vida. 

Fue en el año 2009 cuando Ribera, como secretaria de Estado de Cambio Climático del último Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, imprimió su firma a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) por la que se autorizó el polémico almacén submarino de gas frente a las costas de Castellón y Tarragona.  

Un gesto que llegó a ser decisivo y definitivo para poder poner en marcha un proyecto valorado en nada más y menos que 1.350 millones de euros que, además, acabó resultando un fiasco y cuya factura final y con intereses acabaran siendo pagados por los españoles de sus bolsillos. 

Las “novedosas instalaciones subterráneas” se llevaron a cabo a poco más de 20 kilómetros de la costa de la localidad de Vinarós aprovechando unas grandes oquedades naturales o forzadas en su caso, en unas viejas prospecciones petrolíferas que, tampoco habían dado ningún fruto. El proyecto se presentó como un gran avance tecnológico y, sobre todo, como un importante impulso para la economía de la zona, con unas previsiones que apuntaban a que en dicho depósito se podría almacenar hasta un tercio de la demanda total de gas natural de toda España durante un periodo aproximado de 50 días.  

Detrás de su ejecución estaba una UTE conocida como Escal UGS, una empresa cuyos accionistas eran el Grupo ACS y Castor Limited Partnership (CLP), a los que se sumaría Enagás. 

Sin embargo, las inyecciones de gas en el almacén final fueron el origen de cientos de movimientos sísmicos en la costa de Castellón y Tarragona durante gran parte de 2013; los que obligaron, primero, a paralizar la actividad durante un año y, por último, a cerrar el almacén quedando en estado de hibernación.  

El grupo Escal acabó renunciando en julio de 2014 a la concesión del almacenamiento y suministro de ese gas y, para ello, dicha renuncia conllevó el pago de una indemnización de 1.350 millones de euros por parte del Estado a la UTE. Para hacer efectivo el costo, la factura se carga por un periodo de 30 años en el recibo de gas de millones de hogares y empresas españolas. 

La mencionada circunstancia no es nada desdeñable, pero, sin embargo, para Sánchez ha pasado totalmente desapercibida e indigna de ser mencionada ni siquiera de pasada a la hora de elogiarla en su despedida hacia Europa.  

Pero no acaban aquí las “hazañas" de la exministra; también ha sido partidaria y contumaz defensora del empleo casi exclusivo de las energías renovables y totalmente contraria a la producción de energía eléctrica a través de las centrales nucleares o presas hidráulicas de nueva generación, a pesar de ser mucho más baratas, seguras y totalmente independientes de las volubles condiciones climatológicas; faceta esta que apunta a que pronto será también olvidada y alojada en el cajón de los recuerdos anecdóticos; porque en Europa la misma señora con otro gorro tendrá que defender e impulsar todo lo contrario. Aunque, bien es cierto que, como diría el clásico, “estos son mis principios y, si no le gustan, tengo otros”.  

Es además francamente conocida en todos sus seis años como ministra del ramo con Sánchez, por su defensa de la flora y fauna natural de los cauces de los ríos; llegando, incluso, a imponer importantes multas a todos aquellos consistorios u otro tipo de organismos que osaran a limpiar los cauces de los ríos que cruzan sus confines o las praderas colindantes para evitar desastres sobrevenidos por catástrofes naturales como la que tenemos tan caliente y presente en nuestra memoria. 

Hablando de este triste suceso, patéticas y patentes han sido sus ausencias y falta de actuaciones efectivas en la zona de la catástrofe antes, durante y después de que ocurriera el nefasto y trágico suceso.  

Ha negado todo lo que se le achaca a ella y a sus subordinados y solo será la lenta justicia la que pueda poner negro sobre blanco los culpables a la hora de reflejar las responsabilidades penales de todos aquellos inútiles funcionarios y enchufados políticos que trufan los cargos y puestos de responsabilidad en nuestra España y sus regiones sin tener ninguna preparación para ejercer tales cargos.   

Se va a Bruselas, sonriente, quizá por la sustanciosa paga que le espera y otros más que seguros privilegios a ser añadidos a ella, sin haberse dignado a pisar Valencia ni en pedir perdón por la mala actuación y gestión propia ni de sus subordinados, como haber prohibido la limpieza del ya tristemente famoso barranco del Pollo, cosas ambas que, si bien no hubieran impedido la catástrofe total, sí podrían haber facilitado que sus nefastos resultados inmediatos y a futuro quedaran reducidos a su mínima expresión.  

Desde luego, a la vista de los hechos reflejados en este trabajo de análisis e información, Sánchez no ha mentido y ha acertado de pleno al afirmar categóricamente que se va una señora que ha dejado “UNA HUELLA INDELEBLE” en España y en los españoles.