A 50 años de la Marcha Verde: el final de una historia inacabada

Aquel día, cuando más de 350.000 marroquíes cruzaron la frontera con banderas y ejemplares del Corán, comenzó una travesía cuyo principio del fin se ha producido hace escasos días: el reconocimiento internacional de la propuesta de autonomía a través de la resolución aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU.

La Marcha Verde no fue una invasión en el sentido peyorativo del término como muchos nos han hecho creer, sino el ejercicio legítimo de un derecho histórico. Ese territorio constituye parte integral del patrimonio marroquí, arrebatado por las potencias coloniales europeas durante el reparto de África iniciado en el siglo XIX, algo que a menudo se omite deliberadamente. España administró el Sáhara español durante casi un siglo, pero esta administración colonial, por más que intentara legitimarse, nunca alteró la naturaleza del territorio ni la de sus habitantes autóctonos, vinculados ancestralmente con el Reino.

Es justo reconocer que durante la administración española del territorio existió una integración relativa entre colonizadores y población autóctona. Los saharauis nativos recibieron documentación nacional de identidad española y participaban en estructuras administrativas como la Yemáa, la asamblea regional creada en 1967. Esta institución fue diseñada como instrumento de autogobierno, aunque con limitaciones evidentes. Los chiujs, los jefes tradicionales de las tribus y facciones saharauis, ejercían una autoridad genuina basada en el consenso comunitario y la sabiduría acumulada.

Cuando España abandonó el territorio en 1975 —en medio de la incertidumbre política generada por la agonía de Franco—, el Frente Polisario ya se había presentado como vanguardia de las aspiraciones saharauis. Pero esta narrativa encierra una falsedad fundamental: el Polisario no era una expresión auténtica de la voluntad de la población nativa saharaui, sino una organización forjada mayoritariamente por elementos exteriores al territorio.

Fundado en 1973 en la ciudad mauritana de Zouérate, el Polisario agrupaba a jóvenes de Argelia, Marruecos, Mauritania y el entonces Sáhara español. Sus principales líderes provenían de contextos ajenos al territorio bajo administración española, reemplazando y marginando la autoridad tradicional de los chiujs por una estructura centralizada, ideológicamente orientada hacia el panarabismo revolucionario, el nasserismo y el marxismo. Y financiada masivamente por Gadafi primero, y Argelia después, en un contexto vinculado a los movimientos de liberación nacional de la época. Un romanticismo insurrecto que en España caló hondo en izquierdas e independentismos varios con el franquismo aún latente. De ahí sus simpatías y apoyo incondicional acrítico durante décadas.

Si bien la reacción inicial de la población saharaui ante las políticas coloniales españolas fue pacífica y centrada en los chiujs, los sucesos de Zemla el 17 de junio de 1970 culminaron en uno de los grandes errores de la España colonial, generando una fractura insalvable con la población autóctona. El surgimiento posterior del Polisario traicionó esa voluntad primigenia de autodeterminación de 1970, para instrumentalizarla como extensión de los intereses de otros actores regionales. Su éxito en convertirse en representante hegemónico del nacionalismo saharaui fue una construcción política externa posterior, más que una expresión orgánica de la voluntad popular.

Por otro lado, durante cincuenta años, Argelia ha utilizado la causa saharaui como herramienta de poder geopolítico, confinando a la población en campamentos desérticos donde permanecen bajo control del Polisario, privados de libertad de movimiento y acceso a oportunidades económicas. Los miles de saharauis originarios que desean regresar a su tierra bajo administración marroquí se ven obligados a permanecer exiliados, perpetuando un sufrimiento que beneficia únicamente a las élites dirigentes del Polisario y sus patrocinadores argelinos.

Así, Argelia se abstuvo en la votación del 31 de octubre de 2025 del Consejo de Seguridad que legitimaba la propuesta de autonomía marroquí, un gesto revelador de aislamiento diplomático que reconoce tácitamente la derrota de su estrategia obstruccionista.

La resolución recién aprobada por el Consejo de Seguridad consolida lo que la lógica histórica, geográfica y política ya indicaba: el Sáhara Occidental es parte integral de Marruecos, y su administración mediante autonomía bajo soberanía marroquí es la solución única y viable. Este cierre de ciclo representa la restauración de la normalidad histórica tras un paréntesis colonial y postcolonial.

Por último, un recordatorio a los militares españoles que prestaron servicio en el Sáhara español durante los últimos años previos a la retirada. Ellos se enfrentaron a una responsabilidad que sobrepasaba los términos convencionales del deber militar. Desde el 20 de mayo de 1973, cuando el Frente Polisario inició sus primeros ataques contra puestos españoles en el territorio, las fuerzas españolas fueron blanco de una campaña sistemática de hostilidad. Los atentados terroristas perpetrados por el Polisario causaron bajas entre los militares españoles y daños materiales significativos.

Cuando la orden de abandono llegó a finales de 1975, muchos oficiales y soldados sintieron que traicionaban a la población nativa saharaui con la que habían convivido, compartido experiencias y en algunos casos forjado vínculos personales. Sin embargo, en puridad, la reciente resolución aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU demuestra que la solución actual—la autonomía del Sáhara bajo soberanía marroquí—es la que mejor sirve a los intereses de esa población saharaui que preocupaba a aquellos militares. Si les sirve de consuelo, dicha preocupación por la población saharaui se materializa ahora en una solución real que les devolverá su presente y futuro.

Sin embargo, aquellos mismos militares tienen derecho a recordar, sin benevolencia alguna, a quienes verdaderamente les causaron sufrimiento: el Frente Polisario, que los hostigó desde su fundación en 1973 hasta que abandonaron el territorio, infligiendo bajas y víctimas mortales entre soldados que, en último término, no eran enemigos de los saharauis sino custodios de un territorio que retornaba a Marruecos.

Cincuenta años después de la Marcha Verde, la historia ha cerrado el ciclo. Marruecos seguirá con sus provincias del sur, los saharauis nativos recuperarán el derecho a regresar a su tierra, y la comunidad internacional reconoce finalmente lo evidente: no existe alternativa realista al futuro de este territorio que no sea la amplia autonomía que esperemos ver pronto en desarrollo.