Brahim Ghali en España: respuestas y reflexiones sobre un hecho inaudito
Ahora que han pasado unos días de la bomba informativa que supuso la entrada de Brahim Ghali en España, tal vez sea este un buen momento para hacer una reflexión más sosegada de una situación que aún envuelve numerosas incógnitas, y que sigue amenazando con enturbiar las relaciones entre España y Marruecos a medida que pasan los días.
Lo primero que sigue llamando la atención alrededor de este asunto es la opacidad que rodea al mismo, con informaciones contradictorias desde el principio que dieron pábulo a todo tipo de rumorología, y sobre las cuales las distintas comparecencias de la ministra de Asuntos Exteriores González Laya no han ayudado a arrojar luz, sino más bien todo lo contrario.
Una de las primeras cosas que a uno le vinieron a la mente cuando saltó la noticia hace una semana fue el rumor de similares características que surgió hace unos años. Un rumor cuyos detalles coincidían casi al milímetro con la situación vivida ahora, incluido el asunto de la identidad falsa. Lo único que cambiaba era el lugar de destino del paciente, Logroño por Pamplona en aquel caso. Siendo así, nos asalta la duda de pensar si lo que entonces parecía un disparatado rumor, pudo ser una realidad más o menos aproximada a la luz de los hechos actuales. Y de si esta no es la primera vez que Ghali accede a España en similares circunstancias.
El recuerdo de aquel rumor, así como algunos detalles de la crónica que dio en primicia el medio Jeune Afrique, el primero en divulgar la noticia, fueron algunos de los principales motivos por los que en primera instancia pusimos en cuarentena la información publicada por el citado medio hasta que no gozase de una mayor confirmación. En principio había más dudas que certezas. La propia noticia ya sonaba estridente e insólita, así como algunas partes de esta, ya que incluían datos de difícil digestión. Un ejemplo es el hecho de que se hablase de la promesa de un supuesto ‘blindaje judicial’ del Gobierno de España a Brahim Ghali —debido a sus causas judiciales pendientes—, presuntamente realizada a los representantes del Estado argelino que, según se ha dicho, intermediaron en la negociación para su llegada a nuestro país.
Esto nos llevaría a un escenario en el que el poder ejecutivo de una democracia consolidada como la española no respetase la separación de poderes y la independencia judicial. Creo que podemos concluir, sin miedo a equivocarnos, en que esa hipótesis que plantea el medio es de difícil cumplimiento, y que si el juez que corresponda cree conveniente realizar las actuaciones judiciales que considere, así lo hará.
Eso sí, hay que alabar al medio africano por acertar en lo principal, la presencia de Ghali en España. Algo en lo que no contribuyó en demasía el aparato de comunicación del Polisario, que se pasó toda la tarde del día de autos jugando al gato y al ratón con medios, corresponsales y agencias españolas. Ante el aluvión informativo de aquel día, el comportamiento de los medios oficiales saharauis a la hora de informar fue insultante. Desde que Ghali estaba en Argel recuperándose de COVID, o que hizo una escala en España tras pasar por Alemania, pasando por que se encontraba en los campamentos de Tinduf, fueron algunas de las mentiras que dieron a elegir al consumidor aquel día. Esto hizo que, pese a haberlo confirmado a media tarde por fuentes propias el diario La Rioja a nivel local, buena parte de los principales altavoces mediáticos del Polisario en nuestro país —algunos de ellos corresponsales en el Magreb— obviaran esta información, fiándolo todo al cien por cien a esas fuentes oficiales o próximas al Polisario sin contrastar más allá. Craso error.
Obviamente, a esta ceremonia de la confusión también contribuyo el Gobierno de España, que calló hasta límites insospechados un hecho que afecta al interés general hasta que no pudo ocultarlo más. También calló el mismísimo Abdullah Arabi, representante del Polisario en España, que hacía lo propio mientras se encontraba precisamente aquel día en Las Palmas de Gran Canaria, y desde donde seguramente participaba en las órdenes de desinformación que se daban a los medios españoles a las que antes nos referíamos. Un velo informativo orquestado a varios niveles. Un verdadero despropósito.
En ese sentido, una de las cuestiones capitales que quedan por esclarecer es tanto el ‘modus operandi’ utilizado para su entrada en España, como la situación legal en que se encuentra el referido Ghali en nuestro país. Y no solo la forma en la que accedió al país, también si lo hizo con pasaporte diplomático argelino —lo cual ya de por si resulta de difícil explicación—, si este portaba identidad falsa, o si esta última se aplicó solo al registro una vez en el hospital. Y por supuesto el porqué de esto último, si el motivo fue sortear la acción judicial, dado que es de sobra conocido que Brahim Ghali tiene en España una causa pendiente en la Audiencia Nacional, por mucho que desde fuentes oficiales del Polisario —esas mismas fuentes que hace una semana decían que no estaba en España—, se diga lo contrario y que no hay causa alguna en su contra.
Por lo tanto, sin olvidar la implicación directa Ghali en los ataques y asesinatos que realizaron las patrullas del Polisario a los indefensos pescadores canarios durante una década, denunciada ampliamente por ACAVITE, así como la acusación al mismo por la violación de la saharaui Jadiyetu Mohamed, que también terminó en la Audiencia Nacional, conviene recordar a continuación los entresijos de la causa principal que se le imputa a Ghali, por crímenes de lesa humanidad.
En diciembre de 2007 se incoan diligencias previas vía auto de admisión, por querella tramitada al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional por parte, conjuntamente, de tres particulares (Saadani Maoulainine, Hosein Baida y Dahi Aguai) y una asociación (ASADEDH) por delitos de genocidio en concurso con asesinato, lesiones, detención ilegal, terrorismo, torturas y desapariciones cometidos supuestamente entre 1976 y 1987. Debido a esto, Ghali sale del país para ocupar el puesto de embajador del Polisario en Argelia, eludiendo así la acción de la justicia. El 16 de agosto de 2012 se decreta auto de admisión a trámite de dicha querella por parte del mismo juzgado.
En 2013 declararon como testigos las víctimas querellantes. Igualmente, se puso en búsqueda y localización para su presentación en dependencias judiciales a los responsables querellados, 28 miembros del Frente Polisario (entre los que figura Ghali) y altos cargos del Gobierno argelino, eludiendo estos el requerimiento judicial debido a las dificultades para identificarles, partiendo de la inexactitud de los nombres que figuran en los escritos de citación. En 2016, ante su inminente presencia en Barcelona para participar en el evento anual denominado EUCOCO, Ghali es requerido nuevamente por la Audiencia Nacional, motivo por el cual declina viajar a España en el último momento cuando su presencia estaba ya confirmada.
Por otra parte, impresiona la nómina de jueces por cuyas manos ha pasado esta causa. Desde Baltasar Garzón, hasta el último titular de dicho Juzgado de Instrucción nº 5, José de la Mata, pasando por el periodo de interinidad de Pablo Ruz, bajo cuyo mandato se dio en 2012 el empujón definitivo a la querella. Ahora, tras la marcha de De la Mata hace unos meses a su nuevo destino en Eurojust (Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal), la titularidad de este juzgado recae sobre el juez Santiago Pedraz, el cual se hará cargo de los procedimientos que a su compañero De la Mata no le haya dado tiempo a concluir. Entre ellos este que nos ocupa.
La cuestión más relevante a día de hoy radica en que, contrariamente a lo que el Polisario y sus afines afirman, la causa no está archivada. La situación concreta de la misma es de “archivo provisional”, debido a que la Audiencia Nacional envió en su momento una comisión rogatoria a Argelia pidiendo información adicional sobre estos delitos que se imputan, y solicitando que acredite si existe o no una investigación en curso al respecto realizada en suelo argelino, por ello la causa quedaba en suspenso en tanto en cuanto dicha comisión no llegase a España cumplimentada. Entretanto, la causa se ha reabierto varias veces para ampliar el plazo de vigencia de la instrucción y para que, cada vez que ha habido sospechas de que alguno de los encausados estuviera en España o en la Unión Europea, estos pudieran ser llevados ante la justicia. Por ello ahora mismo, a la espera del informe del fiscal, se ha solicitado que se reabra dicho archivo provisional, se comprueben las circunstancias sobre la estancia de Ghali en España, que a su vez conduzcan a la notificación y el requerimiento de la querella al mismo y, si hiciera falta, su detención.
Sobre dicha comisión rogatoria, no hace falta ser muy listo para saber que esta jamás llegará a ser respondida por Argelia. El compadreo y la protección de esta hacia el Polisario llega incluso al ámbito de la cooperación judicial entre países, por lo que pretender que dicha comisión produzca un resultado fructífero es una quimera. No obstante, la existencia en territorio nacional de alguien que se ha sustraído a la justicia en una causa de este calibre es motivo más que suficiente como para que la querella sea reabierta y notificada al reclamado. En cualquier caso, y, según los abogados que llevan este caso, hay pruebas más que suficientes que justificarían una investigación y condena (testifical, pericial, etc.), de Brahim Ghali.
Lo único que podría paralizar este proceso es que la magnitud de los problemas de salud de Brahim Ghali lleguen a una situación irreversible, algo que creemos va directamente relacionado con la justificación principal dada por la ministra González Laya para su estancia en España. Es decir, esa declaración de razones “estrictamente humanitarias” por las que se ha autorizado la hospitalización en Logroño del líder del Frente Polisario.
Esas palabras, dicho desde el respecto a la privacidad del paciente, denotan gravedad. Pese a que desde fuentes oficiales del Polisario se ha comunicado que el diagnóstico de Ghali era COVID-19, y que su estado de salud evoluciona favorablemente —repito, son las mismas fuentes que hace una semana decían que no estaba en España—, desde otros medios se ha apuntado que el motivo de su ingreso era un cáncer digestivo, enfermedad que desde hace años se rumorea que padece. Sin descartar que pudieran haber coincidido ambas dolencias en Logroño, escuchando a la ministra parece más factible que sea lo segundo. Lo cierto es que un coronavirus bien podría tratarse en otro país en el que no existiera el riesgo de ser llevado ante la justicia.
La situación médica de Ghali no es cosa menor. Miles de personas dependen de la misma, es algo de interés general que choca con el pretexto esgrimido por las autoridades sobre la privacidad del paciente. Especialmente teniendo en cuenta la situación en los campamentos, el presunto estado de guerra, y el futuro incierto que se abriría en cuanto a una sucesión que bien podría suponer un punto de inflexión en cuanto a un posible cambio de liderazgo menos beligerante, en pos de la tan demandada solución dialogada que desde la ONU se lleva años proponiendo, y que buena parte de la sociedad civil saharaui reclama desesperadamente. Mientras tanto desde el Polisario reina el mutismo informativo con respecto al estado de su líder. En los campamentos de Tinduf, y en otras partes del mundo, quieren saber qué ocurre, y también quieren que no se les mienta. Como hace una semana, cuando, por lo visto, Ghali no estaba en España.