El futuro de la UE y la ampliación, Albania y Macedonia en la encrucijada
A principios de noviembre del pasado año, la UE rechazó, no, por no cumplir las condiciones impuestas por Bruselas para la adhesión, si no, más bien, por la situación interna en la UE, en la que Francia y Alemania se disputaban el liderazgo de la unión para los próximos años. Ambos candidatos, Albania y Macedonia, veían con frustración como los esfuerzos realizados para adaptar sus estados a los estándares de la UE, quedaban en nada por la oposición, de Francia a iniciar conversaciones con ambos países y Holanda, que únicamente rechazó el inicio de conversaciones con Albania. Dinamarca y España, sin oponerse también expresaron sus dudas acerca del futuro de Albania.
Los candidatos balcánicos fueron víctimas de una política de bloques entre una euroescéptica y cada vez más alejada de la OTAN, Francia, y Alemania, el deshumanizado motor económico continental. La respuesta de las instituciones europeas no fue positiva para Macedonia y Albania el Consejo desestimó cualquier recomendación presionado por Francia y los Países Bajos. Patada a seguir, y ya veremos en junio, como si de una recuperación de instituto se tratase, para la apertura de negociaciones, enviando un mensaje claro a los Balcanes occidentales. Hay que esperar.
La UE es en este momento un gigante con pies de barro, en la que muchas voces se levantan pidiendo un nuevo diseño del sistema, Francia defiende una reestructuración integral de la UE tras el Brexit, con un rechazo social de alrededor el 30% para la inmigración en Francia y del 35% para la inmigración dentro de la UE, según datos del Eurobarometro de primavera 2019. Francia ha sido el país que más condiciones ha puesto en cuanto a iniciar las conversaciones con los dos candidatos balcánicos, sobre todo las referidas a suspender las conversaciones y supervisar el ritmo al que progresan las reformas.
La relación franco-albanesa, a pesar de tener unos registros históricos de apoyo mutuo y amistad, actualmente no pasan por su mejor momento. En el plano económico las relaciones son frías y mantienen un intercambio comercial moderado. En el plano político las reticencias francesas a la adhesión de nuevos socios y de Albania en particular están determinadas por la percepción en la sociedad francesa de la corrupción imperante en el país adriático, lo que unido al rechazo de la inmigración forman una combinación explosiva para la negativa francesa a que ciudadanos de la UE de pleno derecho pero pertenecientes a un país considerado poco más que un nido de traficantes de droga -tal es la consideración de la opinión pública francesa hacia Albania- se paseen sin restricciones dentro de las fronteras de la UE.
En una Unión cada vez más fragmentada debido a la crisis del SARS COV 2, Frente a Francia, de nuevo Alemania, o más bien el gobierno alemán, ya que de nuevo la opinión pública alemana se opone mayoritariamente a la apertura de la UE, de momento a nuevos socios, especialmente, a la admisión de Albania, país que, desde 2015 se ha convertido en emisor regular de migrantes hacia Alemania. Del resto países candidatos a entrar en la Unión, pertenecientes a los Balcanes occidentales, según datos del Statistisches Bundesamt, el Instituto nacional de estadística, alemán, a finales de 2019, el censo de residentes en Alemania, no llegaba al medio millón de personas procedentes de Serbia, Kosovo y Bosnia.
Francia fue hasta el inicio de la llamada segunda ola de la pandemia, con 209.640 personas infectadas y 30.032 muertes por SARS COV 2, y una tasa de letalidad del 14,33%, el cuarto país más afectado de Europa en términos relativos según datos de julio de la UTN-FRCU. El primero es Bélgica, con 62.781 infectados, 9.787 fallecidos y una tasa de letalidad del 15,99%. Los datos para Alemania, son desde luego ciertamente mejores, 200.456 infectados, 9.078 muertes y una tasa de letalidad del 4,53%. Entre los dos gigantes continentales, la brecha se agranda debido a la gestión de la pandemia, y a la percepción que de esta tienen los ciudadanos europeos, lo que inevitablemente, condiciona la reconstrucción continental el día después de la crisis. Si esta crisis ha tenido mayor incidencia en unos países que en otros, es indudablemente por la gestión irresponsable que sus respectivos gobiernos han realizado, y como siempre Alemania, Holanda y los países que han opuesto a un programa transversal de reconstrucción económica de la UE y cuestionan el principio de solidaridad de la Unión. No están dispuestos a pagar el pato de la irresponsabilidad ajena. Es algo cultural.
La inicial división de la UE en dos bloques, uno con España e Italia, en el que se alineaba Francia y otro, con Alemania, Finlandia Dinamarca, Austria y sobre todo Holanda que defienden unos fondos para la reconstrucción a través de créditos del BCE, negándose a la emisión de bonos que posibilitasen la socialización para reconstruir y fortalecer las economías más afectadas por la pandemia, entre todos los miembros de la UE. Este enfrentamiento, ahonda más en las diferencias de criterio sobre lo que es y debe ser la UE en un futuro cercano, entre los socios comunitarios.
Holanda, alineada con Francia en cuanto a la admisión de nuevos socios, y, con un amplio rechazo a la inmigración y la apertura a los países del este de la UE, en este momento es el socio más duro junto con Austria en cuanto a las reformas económicas que debe afrontar Bruselas a corto plazo, actitud repugnante, en palabras del primer ministro portugués Antonio Costa, uno de los grandes valores políticos paneuropeos en una Unión en horas bajas. La Haya, ha formado, junto a Alemania, que se ha opuesto, y su economía va en ello, a cualquier reforma económica. Alemania basa su economía en un competitivo sector manufacturero y en las exportaciones de estas manofacturas, actualmente es el tercer país en volumen de exportaciones a nivel mundial.
Alrededor de las exportaciones y del libre mercado interior se llevó a cabo la reconstrucción alemana de postguerra y actuaron de motor económico en la construcción de la UE, la integración hace casi 20 años en la moneda única, de nuevo fortaleció la economía alemana frente a las de sus socios, que, antes de la unidad monetaria podían devaluar sus monedas nacionales para compensar el desigual balance comercial con Alemania. Ante la perspectiva de pérdida de peso económico y en consecuencia de peso político Berlín se ha cerrado frente a aquellos estados que ven la necesidad de una reforma en profundidad que aglutine a la UE en torno a un compromiso de solidaridad entre estados más que alrededor de la potencia económica alemana. La UE es, en este momento una construcción en torno a relaciones económicas camufladas entre herencias históricas y culturales, dejando, en este momento la solidaridad y la responsabilidad entre estados, en algo meramente altruista.
El Tribunal Constitucional Federal Alemán declaró a principios de mayo fuera de derecho los programas de compra de bonos por parte del BCE (Banco Central Europeo). En la práctica, esta sentencia se traduce, en que cualquier decisión de compra de bonos o deuda por parte del BCE no será vinculante para Alemania. Lo que alega Alemania, es que cualquier decisión vinculante por parte de organismos pertenecientes a la UE, que no son autónomos, ha de ser ratificada antes por los parlamentos nacionales. Lo peor de esta sentencia que pone patas arriba la eficacia del sistema de funcionamiento de la Unión, es que, además, ordena no respetar una sentencia del TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea), que validaba las compras de deuda del BCE, poniendo por encima del derecho comunitario la normativa particular de cada estado.
Es decir, que si una norma comunitaria entra en oposición con una norma nacional, podemos simplemente ignorar la normativa comunitaria. Si la UE, para emitir bonos destinados a la reconstrucción de las economías comunitarias post pandemia, necesita que los estados miembros eleven su nivel de endeudamiento, el gobierno federal solamente tiene que invocar la cláusula constitucional, Schwarze Null, para lograr un presupuesto federal equilibrado, que limita el endeudamiento gubernamental al 0,35 por ciento del PIB anual, y que implica que los estados alemanes han de asumir poderes extraordinarios, por ejemplo realizar pagos para reducir la cantidad de deuda al límite exigido. Si, y solo si, el gobierno federal quiere.
La solidaridad base de la construcción europea. La propuesta en mayo de un plan francoalemán, que además contribuiría a la distensión entre bloques, de ampliación del presupuesto comunitario para crear un fondo de reconstrucción común de 500 mil millones de euros, fue contestada de manera tajante por Suecia, Dinamarca, Austria y Holanda, con la contrapropuesta de crear un fondo de emergencia de dos años de duración, a base de créditos que solicitarían los países necesitados, que además, al igual que en el plan francoalemán, deberían comprometerse con una serie de reformas económicas y sociales, que pasan por una reforma de las bases tributarias, reduciendo la base impositiva a la economía digital, así como por la implementación de políticas destinadas a aumentar las inversiones en sanidad, investigación, políticas verdes y, de nuevo, economía digital.
El artículo 222 del TFUE (Tratado de funcionamiento de la Unión Europea), la llamada cláusula de solidaridad entre estados, basada en el artículo 5 del Tratado de Washington, establece, literalmente, la obligación que tienen los países de la UE de actuar conjuntamente cuando un país de la UE es objeto de un ataque terrorista o víctima de una catástrofe natural o de origen humano. En este sentido, Alemania, si ha abogado por invocar la cláusula para dar la posibilidad a los estados miembros la posibilidad de solicitar y ofrecer ayuda al resto de socios de la Unión mientras dure la situación de alarma, más allá, la solidaridad aludida en la cláusula se diluye en intereses políticos y económicos.
Esta petición realizada por el ministro de exteriores alemán, Heiko Maas, tampoco ha impedido la requisa y las incautaciones de material sanitario de terceros países en virtud de la potestad que los diferentes estados de alarma vigentes en los países comunitarios habilitaban a sus gobierno para realizar estas incautaciones. En Francia la SGDN (Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale), órgano asesor en materia de seguridad y defensa del primer ministro, ordenó la incautación de todo material sanitario en territorio francés, ya fuese depositado o en tránsito, resultando en la incautación en marzo de material sanitario sueco con destino España. Igualmente Francia, Alemania y República Checa prohibieron o limitaron las exportaciones de cualquier tipo de material sanitario a terceros países, incluyendo países de la UE, provocando el desabastecimiento en estados como Italia y Holanda que no son productores de este tipo de material y se ven obligados a importarlo. De nuevo la solidaridad europea puesta en duda, a pesar de la cláusula 222.
A mediados de mayo, sin embargo, Alemania y Francia acercaron posturas con respecto a la reconstrucción europea post pandemia, ofreciendo crear un fondo de recuperación de entre 500 y 550 billones de euros, financiado por todos los países miembros. Esta propuesta, plan Next Generation UE, presentada el 27 de mayo proponía aumentar el presupuesto de la Unión entre 2021 y 2027 hasta alcanzar 1,1 billones de euros además, crear un fondo de casi 2 billones de euros destinando 560.000 millones de euros en ayudas directas y 250.000 en créditos para financiar los planes de recuperación de cada estado, fortalecer el sector privado y, algo etéreo llamado extraer las enseñanzas de la crisis, pensado para fortalecer la prevención frente a futuras crisis, refuerzo de la cooperación y ayuda humanitaria, y de nuevo la retahíla antes comentada de invertir en sanidad, investigación, políticas verdes y nuevo, economía digital.
La pátina de solidaridad y justicia social la aporta el punto 4.3 del documento apelando literalmente a la solidaridad, entre personas, generaciones, regiones y países, garantizando que la igualdad será el núcleo de la recuperación. En el acuerdo alcanzado a finales de julio, establece un aumento del presupuesto comunitario de poco más de 1 billón de euros y se acepta el plan Next Generation UE, reduciendo el fondo para la recuperación a 672.500 millones de euros divididos en 360.000 en créditos, y 312.500 millones en ayudas directas. A cambio Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Austria y Suecia mantendrán intacto el Mecanismo de corrección. Este acuerdo deja la sensación de que de nuevo, la solidaridad entre los estados miembros era el precio a pagar para sacar adelante el acuerdo, si la mayor parte de las cantidades que componen el fondo para la reconstrucción están constituidos por créditos, no solo incumplimos el principio de solidaridad entre estados, si no que se cae en el absurdo de tener que devolver créditos sobre cantidades que, los propios estados han aportado, es decir, prestarse dinero a sí mismos.
Con todo, como vemos, la UE y los países candidatos a la adhesión se enfrentan a la compleja ecuación económica y cultural que representan Alemania y muchos países del centro y norte de Europa frente a los países del sur y este del continente. Hungría y Polonia aparte, más interesados en seguir sus propias agendas que en la construcción o el futuro de la Unión, y que representan la excepción, a los valores fundamentales sobre los que se cimenta la UE. Excepción, porque, estos tan cacareados valores que se exige a los candidatos a la adhesión, y que, han sido, hasta ahora una de las más socorridas excusas para rechazarlos, son papel mojado para algunos países miembros, como los del grupo de Visegrado. En Polonia, estado en que el deterioro del estado de derecho, tal y como se recoge en los artículos 2 y 7 del TUE (Tratado de la Unión Europea), ha implicado la redacción de un informe demoledor aprobado por la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo.
Este informe, recoge literalmente, el deterioro en el funcionamiento del sistema legislativo y electoral, la falta de independencia del poder judicial y los derechos de los jueces, la falta de protección de los derechos fundamentales. Las conclusiones de este informe se votarán a lo largo de septiembre para determinar su aprobación definitiva por el Parlamento. De producirse finalmente la aprobación, implicaría la adopción de sanciones por parte de Bruselas contra Polonia. En Bulgaria, país que no pertenece a Visegrado, el gobierno del europeísta Boiko Borisov, lleva dos meses enfrentándose a protestas en la calle, contra el plan de reforma estructural del sistema político y de redacción de una nueva constitución.
Este plan incluye la reducción del parlamento de 240 a 120 diputados, mayor peso político del presidente así como propuestas, de la derecha y extrema derecha, como la vuelta del servicio militar obligatorio y las abiertamente contrarias la TUE, establecer un nuevo sistema de sufragio censitario, basado en cualificaciones laborales, pensado para evitar el voto de algunas minorías, por ejemplo gitanos, y la creación de zonas de reservas destinadas al establecimiento de algunas de estos grupos, medida, que, va en contra, en teoría, de los valores fundamentales de la UE, y que en la practica desactivaría a la minoría política turca, tercera fuerza parlamentaria y clave para formar gobierno en Bulgaria.
La perspectiva para los candidatos no parece halagüeña, puesto que Bruselas, exige respeto, a los estados que deseen acceder al club europeo, hacia los valores fundamentales de la UE, reformas para garantizar un Estado de derecho similar a los de los socios comunitarios, una economía de mercado sostenible, y el realineamiento de acuerdo a la política exterior de la UE. Es este punto, uno de los más complicados de determinar a la hora de analizar el caso que nos ocupa, puesto que, para Macedonia en menor medida y para Albania, va a suponer alejarse de la órbita de Ankara, el aliado que hasta el momento ha demostrado más fiabilidad. Sin embargo, parece que nada va a cambiar a corto plazo con respecto a los dos nuevos candidatos a la adhesión, que se unen a Turquía (2005), Montenegro (2012) y Serbia (2014), en la cola de los países que esperan iniciar las conversaciones para entrar a formar parte de la UE.
No existe una fecha de inicio de las conversaciones, algo que en el escenario social y económico planteado por la crisis del SARS COV 2 y la etapa de inestabilidad derivada, indica que estamos hablando de un proceso a muy largo plazo. La reconstrucción de la UE, como vemos se presenta como un proceso largo y complejo, sin un plan plenamente definido que refuerce las estructuras económicas de la Unión y reduzca la brecha ideológica entre los países miembros. Según un informe de finales de abril del Jacques Delors Centre, el 61% de ciudadanos italianos y el 41% de franceses, perciben que la UE no ha hecho nada por ayudar a paliar las consecuencias de la crisis derivada de la crisis sanitaria del SARS COV 2.
En la cumbre del 6 mayo de nuevo se instó a los países candidatos a la adhesión, Albania, Bosnia, Serbia, Montenegro, Macedonia y Kosovo a llevar a cabo reformas encaminadas a fortalecer la integración económica de la región para aproximar las economías de los candidatos, al sistema de mercado único de la UE, reforzando el EER (Espacio Económico Regional). La Comisión se comprometió, sin definir fechas, a presentar un plan económico y de inversión para la región destinado a estimular las economías locales.
Según datos de la propia UE, con respecto al SARS COV 2 se activó un paquete de 3.3 billones de euros a través del banco Europeo de Inversiones en ayudas destinadas a los Balcanes Occidentales para fortalecer los diferente sistemas sanitarios. Atendiendo a la petición en abril de Albania, Bosnia, Kosovo, Montenegro, Macedonia y Serbia, solicitando a Bruselas, autorización para recibir material de primera necesidad destinado a combatir la pandemia, de la misma manera que la UE autorizó a Noruega, Islandia, Liechtenstein, Suiza, Islas Feroe, Andorra, San Marino y el Vaticano, la UE autorizó la adquisición conjunta y el tránsito sin restricciones de equipos de protección individual y material de primera necesidad, incluyendo test y sistemas de verificación.
Hablando de seguridad, la UE está muy lejos de poder desarrollar un sistema de defensa propio, aunque que este aspecto representa un problema menor, ya que la mayoría de los miembros de la UE lo son también de la OTAN, como Turquía, Albania y Macedonia, que en Marzo entró a formar parte como 30º miembro de la alianza atlántica. La cooperación en seguridad, entre los países de los Balcanes occidentales y la UE, se centraría en cooperación policial, y control de fronteras, para contener los crecientes flujos de migrantes que tratan de llegar a la UE por la ruta de los Balcanes. Albania en 2018, recibió una propuesta informal de la UE, para instalar campos e infraestructuras para acoger refugiados, evitando así las llegadas masivas a Grecia, Italia y Malta, y desatascando la llamada ruta de los Balcanes. Este plan, iniciativa alemana y respaldado por Donald Tusk, ex presidente del Consejo europeo, preveía realizar una selección de migrantes que pudiesen acceder a la UE y las deportaciones de aquellos que no pudiesen entrar en territorio comunitario.
El acuerdo que finalmente no se concretó, se endulzó, para superar las reticencias albanesas, con la vaga promesa de acelerar el proceso de adhesión de Albania haciendo la vista gorda en derechos civiles, refuerzo del sistema judicial, y aportando, como en el caso turco, una suculenta financiación, para evitar gestionar. Básicamente, se intentó cambiar el papel que hasta entonces estaba jugando Turquía, y por el que el precio que se estaba pagando y aún se paga era demasiado alto, por Albania, miembro de la OTAN, en territorio europeo, candidato a la adhesión y percibido por Bruselas como un país más dócil.
La crisis de los refugiados, fue una crisis que puso a prueba instituciones, políticas, y principios de la UE. Un fracaso a largo plazo, donde Turquía ha sido el principal beneficiado, pescando en rio revuelto, mientras los estados miembros actuaban unilateralmente atendiendo únicamente a sus intereses particulares. Otro aspecto significativo en materia de seguridad, es el interés de la UE, tal y como se recogió en el documento surgido de la cumbre del 6 de mayo, en la cooperación contra las amenazas, llamadas hibridas y la desinformación, procedentes de terceros países que intentan socavar la perspectiva europeísta de los candidatos a la adhesión. Este punto, requeriría una análisis mas complejo e interesante de lo que estas páginas dan de sí, pero parece muy inocente por parte de Bruselas considerar que si sus políticas erráticas en la región han cedido el protagonismo a terceros actores en los Balcanes occidentales y en consecuencia las posturas de los diferentes gobiernos, ceden ante los escépticos o partidarios de un acercamiento a estos terceros actores, sea debido principalmente al factor desinformación.
Parece claro que el desinterés, o una excesiva demora por parte de la UE en comenzar las conversaciones de adhesión, puede hacer, plantearse a los candidatos balcánicos la conveniencia de postularse como miembros de la UE, donde Albania juega un papel muy importante tanto político como económico, de la misma manera que lo juega Serbia, también con su candidatura en stand by, mientras la cuestión de Kosovo no se solucione y la cuestión mediterránea en plena ebullición. En este sentido, y siempre con Turquía en el horizonte, se instó en la cumbre de mayo a alinearse por completo con la posición de la UE en política exterior. Turquía cada vez más alejada de Bruselas, volcada en su propia acción exterior y enfrentada a la UE, no solo por la cuestión de los refugiados, también, haciendo sonar tambores de guerra en el Mediterráneo oriental, frente a Francia, Grecia y Chipre.