Ser europeos, ser ciudadanos

Hace algo más de dos años tuve la suerte de ejercer como ponente del Informe del Parlamento Europeo sobre aplicación de las disposiciones del Tratado relacionadas con la ciudadanía de la Unión. Al elaborarlo, fui especialmente consciente de que la ciudadanía europea es una de las piezas más importantes que se ha aprobado tras la constitución de la Unión.

Entendamos, sin embargo, que no han pasado muchas décadas desde que se aprobara -en 1992- y entrara en vigor la ciudadanía europea. La Unión se creó tras la Segunda Guerra Mundial para asegurar la paz y para beneficiarnos de la riqueza económica de un mercado más abierto, de tener masa para negociar con otros, pero la libertad de movimiento, la libertad de poder estudiar, vivir a lo largo y ancho de la Unión, no es algo tan sencillo como mover una mercancía.

Tenemos derecho de ciudadanía europea asociada a la ciudadanía de nuestros Estados miembros, y nos otorga una serie de derechos electorales añadidos, derechos consulares, entre otros derechos directos, pero la aplicación práctica muestra déficits. Fue por eso por lo que consideré que la gran cuestión es completar el éxito de la ciudadanía europea situándola -con sus derechos- en el centro del sistema político.

En el informe aprobamos como una semilla para el futuro la propuesta de la compilación de la legislación secundaria, para ver los agujeros del modelo actual y elaborar un Estatuto de ciudadanía de la Unión que proporcionara al ciudadano las herramientas y los conocimientos para situarse en ese lugar central. El Estatuto supondría reunir en un solo texto los derechos específicos de los ciudadanos y las libertades fundamentales que se consagran en las distintas normas de la UE y en la jurisprudencia.

Cuando se aprobó el informe, estábamos cerca del final de la legislatura anterior. Desde entonces hemos tenido que enfrentarnos a la situación existencial más crítica desde el inicio del proyecto europeo y lo cierto es que hemos conocido en nuestras carnes lo que habría significado la no Europa. Lo que habría significado enfrentarnos como barcas a la deriva en una terrible tormenta oceánica. En sentido general, estamos saliendo adelante porque los mecanismos de liquidez para el sistema, de apoyo mutuo y de vacunas han sido establecidos de forma común.

El tiempo que vivimos, sí, lleva dolor, especialmente por los cientos de miles de europeos que han fallecido, pero también han servido para mostrar una fortaleza que hasta ahora había estado a la sombra de los éxitos económicos de la Unión. Esa fortaleza ha sido demostrar que se tiene la capacidad para proteger a los ciudadanos y para ofrecer soluciones basadas en la solidaridad y anteponer el interés común europeo a cualquier otro.

Estamos en un buen momento para seguir tirando de ese hilo y darle al ciudadano argumentos convincentes para abrazar y mejorar lo que tenemos. 

En 2019, a los colegas de la Comisión de Asuntos Constitucionales les hablé de los niños y niñas de hoy. Los animé a que pensaran que el traje exitoso de la actual ciudadanía europea sería pequeño para cuando crecieran. Que no se trataba de nosotros, sino de ellos. Sabemos que hay agujeros en esta cesta y tenemos la posibilidad de impedir que lo que hemos conseguido se cuele por ellos. La Conferencia sobre el Futuro de Europa está en marcha y, como en un festival de verano, ofrece muchos escenarios para que los ciudadanos europeos, especialmente los más jóvenes, contribuyan y se expresen. 

Es la primera gran oportunidad de impulsar la recomendación que se recogió en el Informe de Ciudadanía y pedir que el Estatuto se convierta en una realidad. El artículo 25 del TFUE es el marco para llevar a cabo iniciativas concretas y consolidar los derechos y libertades específicos que ostenta el ciudadano, y no se necesitan grandes reformas para elaborarlo.

El Derecho se ha quedado corto respecto a la realidad. Hay carencias, hay déficit y hay necesidad de darle un alcance real a algunas de esas libertades.

Me refiero, por ejemplo, a la necesidad de reflexión en torno al derecho de sufragio activo y pasivo de los ciudadanos en las elecciones europeas y municipales. Es crucial que se entienda bien su valor si queremos democracias sanas y sólidas. Es preciso que no se queden sin ejercer su derecho al voto personas desplazadas porque los impedimentos burocráticos lo impidan o prácticamente lo conviertan en imposible, como está detectado.

También es importante incorporar nuevos medios para ejercer su ciudadanía activa, la política, clave para construir sociedades mucho más inclusivas, más prósperas, más responsables, con menos riesgos de tentaciones al populismo excluyente. Las ideologías nacionalistas y populistas nunca son inocuas, porque envenenan el verdadero centro de las democracias: nuestras mentes, porque dificultan de forma creciente la gestión de las discrepancias, que es la manera de afrontar los retos y generar espacios públicos donde sean posibles respuestas y acuerdos consensuados por amplias mayorías. Y porque el dogmatismo político excluyente siempre trae merma de derechos y discriminación y prejuicios.

Nuestra responsabilidad es proponer mejoras que den soluciones concretas también a la hora de completar lo que significa esa ciudadanía europea. 

La libertad de movimiento de personas está consagrada, es cierto, pero tiene límites importantes en su aplicación; es el momento de completarla y de potenciar programas europeos que alimentan las posibilidades de movilidad entre los jóvenes. También de solventar problemas que nuestra sociedad actual presenta y que el derecho no contempla: la ciudadanía europea digital, el currículum europeo común...

Esta labor debe hacerse sin ambigüedad ni timidez. Un Estatuto adaptado a lo que la sociedad europea demanda hoy puede ser una vía muy efectiva para elevar la calidad de nuestros sistemas democráticos y para que sean los ciudadanos los que velen por ello. El refuerzo de nuestras instituciones democráticas es imprescindible también para que la corrupción no se instale en las estructuras que nos gobiernan y dirigen. Nuestro objetivo debe ser evitar que los Estados democráticos experimenten fragmentaciones y retrocesos en el bienestar común.

Maite Pagazaurtundúa, eurodiputada.