La construcción del concepto de ciudadanía
Ciudadanía es un concepto complejo que es necesario establecer en su contexto histórico y político. Términos como “ciudadano” y “ciudadanía” no admiten una definición única. El término ciudadano puede definirse, de manera muy general, como “una persona que coexiste en una sociedad”.
El origen de la ciudadanía se remonta a la Antigua Grecia, en el que los ciudadanos eran aquellos que tenían derecho a participar en los asuntos del Estado. No todos eran ciudadanos: las mujeres, los esclavos, los campesinos, los extranjeros eran simples súbditos. Para aquellos que tenían la condición privilegiada de ciudadano, ser un “buen” ciudadano era una parte importante del concepto, puesto que la participación no se consideraba solo un derecho, sino también un deber. Aristóteles trataba el tema en su libro III sobre La Política. En Roma los ciudadanos eran todos aquellos que habitaran en la civitās (ciudad), hijos de un padre y una madre que fueran ciudadanos, y a los cuales se les otorgaban derechos.
En la Edad Media, con la extensión del feudalismo, cambió la organización de la sociedad y las gentes se convirtieron mayoritariamente en vasallos de su señor y en súbditos del monarca. A fines de la Edad Media, los filósofos naturalistas sugirieron que la libertad individual, en el mundo moderno, no dependía de la pertenencia a la comunidad. Pero en las Monarquías del Absolutismo las gentes siguieron siendo súbditos, aunque comenzó a esbozarse la idea de ciudadanía. A finales del siglo XVIII la Revolución francesa provocará un giro trascendental. La ‘Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano’, de 1789, hizo que el concepto de ciudadano quedara ligado a los derechos políticos, civiles y sociales.
En el mundo contemporáneo la ciudadanía es la expresión de pertenencia a una sociedad determinada en la que la persona participa. En la tradición occidental el ciudadano es un conjunto de atributos legales y a la vez un miembro de la comunidad política. Fue un desarrollo progresivo con tres etapas esenciales: una "ciudadanía civil" en el siglo XVIII, vinculada a la libertad y los derechos de propiedad; una "ciudadanía política" propia del XIX, ligada al derecho al voto y a la organización social y política y, ya en el siglo XX, una "ciudadanía social", relacionada con el estado del bienestar. Pluralidad, por tanto, de dimensiones temáticas, la política/jurídica, la económica, la social y la cultural.
Gran importancia tiene actualmente el desarrollo de un espacio intermedio, la llamada sociedad civil. Se refiere al conjunto de ciudadanos que, de manera coordinada, actúan para influir en el ámbito del poder, en función de diversos intereses y objetivos. El filósofo alemán Jürgen Habermas lo denomina esfera pública y lo define como un espacio entre el Estado y la vida privada, en el cual los ciudadanos pueden reunirse, intercambiar opiniones sobre los asuntos públicos, sobre las decisiones del gobierno y proponer cambios y reformas, sirviendo como contrapeso a los poderes constituidos. Según el sociólogo norteamericano Michael Schudson, la esfera pública sería un “campo de juego para la ciudadanía”.
Ciudadanía es un concepto estrechamente vinculado a democracia. La idea de ciudadanía democrática se basa en la creencia de que la ciudadanía debe ligarse a los principios y valores democráticos como el imperio de la ley, el respeto a la dignidad humana y el pluralismo. Se refiere a la participación activa de los individuos en el sistema de derechos y deberes que es el propio de los ciudadanos en las sociedades democráticas.
Un paso más sería el de la ciudadanía activa, una filosofía que incide en la importancia de ser un ciudadano activo, aquel que ejerce sus derechos y asume sus responsabilidades de una manera equilibrada. La participación de los ciudadanos en el gobierno se considera la piedra angular de la democracia, y puede realizarse de diferentes formas y a distintos niveles. Ser ciudadanos activos consiste en tener el derecho, los medios, el espacio y la oportunidad, incluso el apoyo, para participar e influir en las decisiones y colaborar en las actividades, con el fin de contribuir a la construcción de una sociedad mejor para todos.
Preocupa el problema del decreciente compromiso y participación de los ciudadanos en los procesos de la sociedad democrática. Las votaciones periódicas de los ciudadanos son insuficientes. Además, la escasa participación electoral indica niveles de apatía política entre la población, lo que limita el funcionamiento eficaz de la democracia.
Ser un ciudadano reconocido en un país tiene muchos beneficios jurídicos, entre otros, el derecho al voto, a ocupar cargos públicos, a la seguridad social, a los servicios de salud, a la educación pública, a la residencia permanente, a la propiedad, al empleo. El fenómeno de globalización y las grandes migraciones plantean hoy un importante reto al concepto de ciudadanía, sobre el que hay que reflexionar.
“Ciudadanía” es, pues, mucho más que una construcción jurídica y abarca otros elementos, como el citado sentido de pertenencia a una comunidad, concepto que es también cambiante. A partir del siglo XX, como el Estado-nación ha dejado de ser el único centro de organización del poder, ha tenido que darse una definición más amplia del concepto de ciudadanía. Se trataría de aplicar una idea de comunidad que pueda englobar el marco local, nacional, regional e internacional en el que viven las personas. Pluralidad, pues, de escalas espaciales.
Cuestión fundamental para plantear es el concepto de la ciudadanía europea, necesariamente unido al proceso de construcción de la Unión Europea. La ciudadanía de la Unión fue creada por el Tratado de Maastricht en 1992 para avanzar en el camino de la integración política y, desde entonces, hasta el vigente Tratado de Lisboa, se ha mantenido el concepto de ciudadanía europea y los derechos que le son inherentes.
Actualmente es ciudadano de la Unión Europea toda persona que ostente la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea. La ciudadanía de la Unión completa la ciudadanía nacional sin sustituirla. Refuerza los vínculos nacionales y a la vez abre la puerta a la participación en una comunidad más amplia, un nuevo espacio político, del que derivan nuevos derechos y deberes.
Los derechos que confiere la ciudadanía europea están establecidos de acuerdo con el Tratado de Funcionamiento y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Son derechos muy importantes, pero podrían ser más, al compás del proceso de integración de la Unión Europea. No bastan los “derechos cosmopolitas”, hay que escuchar las necesidades y aspiraciones de los casi 450 millones de habitantes de la Unión y hay que seguir avanzando en la construcción de la Unión Europea y de la ciudadanía europea.
María Ángeles Pérez Samper, catedrática emérita de Historia Moderna de la Universidad de Barcelona