El PP reabre el debate sobre la neutralidad de España en el Sáhara
El PP logró que, el 18 de noviembre de 2025, se aprobara una proposición no de ley que pedía a España que retirara su apoyo al plan de autonomía marroquí para el Sáhara. Con esta iniciativa, el partido reniega de la línea diplomática pacientemente reconstruida desde 2022 y se coloca en desacuerdo con el consenso internacional, que considera este plan como la base más seria y creíble para una solución duradera.
Esta iniciativa sorprende aún más dado que incluso Argelia, principal apoyo del Polisario, no votó en contra de la resolución 2979 del Consejo de Seguridad, que ratificaba este marco diplomático. Al endurecer su postura hacia Rabat, Alberto Núñez Feijóo adopta una diplomacia de confrontación que ignora las realidades regionales y corre el riesgo de comprometer las relaciones bilaterales.
El giro español se produjo después de varios años de esfuerzos para apaciguar las relaciones hispano-marroquíes, puestas a prueba durante la crisis bilateral de 2021. La estabilidad recuperada se basaba precisamente en un entendimiento común: apoyar una solución realista, dentro del marco de la ONU, para evitar que el tema del Sáhara se convirtiera en un factor permanente de inestabilidad.
En lugar de consolidar esta dinámica, el PP parece dispuesto a reabrir tensiones, con el riesgo de debilitar una cooperación esencial en materia de seguridad, lucha contra el terrorismo, redes de migración clandestina, tráfico de drogas y criminalidad transfronteriza. Rabat no es un adversario coyuntural que provocar: es un socio estratégico del que España depende en gran medida para su propia seguridad.
Al apartarse del consenso internacional, el PP también corre el riesgo de encontrarse en oposición directa con Washington, actor clave en la elaboración de la resolución 2979 y firme defensor de una solución basada en el plan de autonomía marroquí. Cuestionar este marco equivaldría a debilitar un proceso de paz que la comunidad internacional intenta completar desde hace más de medio siglo.
A largo plazo, España no tiene nada que ganar al renunciar al realismo promovido por las Naciones Unidas y aplicado por sus propios gobiernos, ya sean socialistas o conservadores. Cuestionar el plan de autonomía marroquí equivaldría a renunciar a la única propuesta viable existente, en favor de un movimiento separatista sin legitimidad democrática ni proyecto político creíble.
España perdería así un aliado estratégico en numerosos ámbitos, al tiempo que ofrecería una ventaja diplomática a actores cuyo interés no es la cooperación regional, sino la perpetuación de un conflicto que debilita la estabilidad de todo el Magreb.