Escenarios tras el fin del Acuerdo de Pesca Marruecos/Unión Europea

El Gobierno español se encuentra frente a un problema para el que no tiene ni los medios ni la capacidad de afrontar: es el fin del Acuerdo de Pesca entre el Reino de Marruecos y la Unión Europea, que expira este próximo mes de julio.

Voces del propio Ejecutivo y de los partidos políticos que lo componen, insinúan que, al tener la última palabra, el Tribunal de Justicia de la Unión que debe dar su veredicto hacia finales de año sobre la impugnación del Acuerdo aún en vigor por el lobby europeo favorable al dúo Polisario/Argelia, podría esperarse que el Tribunal adopte la misma posición que ha tenido el Tribunal británico ante una denuncia similar, y que ha denegado la razón a los demandantes de la anulación del Acuerdo de Pesca entre el Reino Unido y Marruecos, que incluye, al igual que el firmado con Bruselas, las aguas adyacentes al Sáhara Occidental.

La posición adoptada por Londres no se repetirá en Bruselas, primero porque el lobby polisario/argelino que actúa en Gran Bretaña no tiene la misma fuerza que en el continente, y segundo porque la Justicia británica no depende de asuntos políticos internos como sí lo hace la Justicia europea.

Con esa perspectiva, hay que partir del hecho de que el Acuerdo de Pesca europeo-marroquí ha terminado y que no habrá uno nuevo.

En tales condiciones, la cuestión que debe plantearse en España en general y en Andalucía en particular, de donde son la mayoría de los 80 barcos pesqueros españoles que se beneficiaban del Acuerdo, es si hay alguna solución al problema; y, en caso de respuesta afirmativa, cuál. Esa es la discusión que hay que hacer y que, al parecer, el Gobierno actual elude abordarla en público, suponiendo en el mejor de lo casos que lo esté haciendo en privado.

A la flota pesquera española, insisto andaluza en primer lugar, se le plantean algunas alternativas posibles:

• Ante el fin del Acuerdo bilateral entre Marruecos y la Unión Europea en esta materia, puede ser posible un acuerdo bilateral entre Marruecos y España. Esto choca evidentemente con las normas impuestas por la burocracia del mastodonte unionista europeo, pero en diferentes países de la Unión se viene cuestionando el que Bruselas tenga la potestad de obligar a los miembros de la UE a hacer depender sus intereses nacionales a los de la Unión. Son cada vez más las fuerzas políticas europeas que cuestionan que la jurisprudencia europea pase por encima de los intereses nacionales de los países. Si España adhiere a esa posición, no debemos excluir la vuelta a los acuerdos bilaterales hispano-marroquíes en la materia.
• En segundo lugar, se puede vislumbrar un escenario en el que los protagonistas sean el Reino de Marruecos, por una parte, y los gobiernos autónomos españoles concernidos, por la otra, es decir, Canarias, Andalucía y Galicia. Entre las prerrogativas que la Unión concede o debe conceder a las regiones periféricas está la de concluir acuerdos económicos y comerciales con terceros países extracomunitarios, en beneficio de sus poblaciones respectivas. ¿Es aplicable al caso de la pesca y la agricultura? Cuestión para debatir.
• Una tercera alternativa la constituye la formación de Empresas Mixtas hispano-marroquíes, específicas para el sector de la pesca y cuya finalidad explícita debe ser aplicable a faenar en los caladeros marroquíes, soberanos o bajo su jurisdicción. El campo de acción de dichas empresas mixtas puede extenderse a otras áreas del sector, transformación, envasado, transporte, etc.
• Tampoco hay que desechar la posibilidad de concluir acuerdos empresariales con terceros, para que la flota española pueda proseguir las faenas en los caladeros marroquíes.

Es posible que estos no sean los únicos escenarios para tener en cuenta, pero lo que sí es urgente, cara a la crisis que se viene para la flota andaluza, canaria o gallega, es abordarlos de manera abierta.