Corralito en lontananza

El desembolso del primer anticipo de los fondos europeos para España desató la euforia. Era el esperado maná con que el Gobierno y empresas quieren contrarrestar el vendaval de pesimismo que inundó al país desde que se desatara la pandemia. Son 9.000 millones de euros, el 13% de los 69.500 millones previstos en transferencias no reembolsables de los fondos Next Generation EU. El resto de esos fondos vendrán a lo largo de siete años, siempre y cuando se cumplan los requisitos exigidos por la Comisión Europea, que pasan por una serie de reformas estructurales no ideológicas, que de momento no se atisban por ningún lado. Es más, parecería que los proyectos aprobados en Consejo de Ministros van en la dirección contraria a las exigencias, no sólo de la Comisión Europea sino también de los denominados “países frugales”, los principales ahorradores y contribuyentes de la UE, y por lo tanto los que pondrán la lupa con mayor atención sobre las cuentas españolas para seguir soltando ese dinero a fondo perdido, el único solicitado por Madrid, que de momento no ha pedido los otros 70.000 millones de euros a los que podría optar, éstos en forma de créditos a devolver. 

Ha querido la casualidad –o quizás no- que casi al mismo tiempo el Banco de España publicara el montante de la deuda pública a fecha de junio. Y resulta que lo que deben las Administraciones públicas (Gobierno, Seguridad Social, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales) aumentó solo en ese mes en 23.478 millones de euros, hasta alcanzar la astronómica cifra de 1,425 billones de euros. Una cifra que no es la deuda pública real, ya que resta a la deuda pública bruta lo que le deben a las administraciones públicas. Es una operación contable correcta, pero sirve para ocultar que la deuda de las Administraciones públicas es en realidad de 1,7 billones. 

Con ser sideral la cifra, también habría que añadirle la deuda contraída por entidades cuyo garante son precisamente las Administraciones públicas, pero que no se contabilizan: AENA, ADIF, RENFE o los avales del ICO. De esa no se facilitan datos, pero diversas estimaciones la sitúan en otros 600.000 millones. En total, por lo tanto, la deuda pública total real estaría en torno a los 2,3 -2,4 billones de euros, equivalente a todo lo que España produce en un período de casi dos años. 

Casi simultáneamente también se ha dado a conocer que los españoles han logrado ahorrar más que nunca: en concreto, a fecha de julio tenían depositados en bancos y entidades de ahorro 942.800 millones de euros, la cifra más alta de la serie histórica que comienza en 1989, y 50.000 millones de euros más que en julio de 2020. El miedo a lo que pueda suceder en el próximo futuro parece haber alentado este movimiento popular de guardar algo para el mañana, al menos entre los que pueden apretarse aún más el cinturón y apartar algo al cabo del mes. 

Es muy tentador comparar todas estas cifras, y lo primero que salta a la vista es que todo el ahorro de los 47 millones de españoles no cubriría ni siquiera la mitad de la gigantesca deuda pública contraída, incrementada en más de un 20% en los tres años de Pedro Sánchez al frente del Gobierno español. 

Una segunda consideración es que la cuantía de los fondos de ayuda europeos tampoco colma un porcentaje verdaderamente significativo, y ello, además, con las exigencias de los socios europeos. El segundo desembolso de la UE, de otros 10.000 millones, están previstos para finales de este 2021 pero, a diferencia del primer plazo, para consumar el segundo será necesaria la verificación positiva de a qué se destinan. Organizaciones como por ejemplo Ecologistas en Acción ya advierten de que estos fondos, con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, ni son verdes ni conducirán a la transición ecológica que tanto se nos anuncia; es más, consideran que ya están engordando nuevas burbujas dentro del modelo extractivista globalizado. 

En ese extractivismo el ahorro de los españoles ya está sufriendo fuertes dentelladas, que afectan a todas las capas sociales. El meteórico encarecimiento de la energía eléctrica y los combustibles se extiende a todos los demás sectores económicos, muchos de los cuales es más que probable que no resistan tan brutal embestida. 
Se salva de los recortes la industria política, la única que crece de manera desaforada, sea al socaire de comisiones, observatorios, experticia, asesoría o consejerías áulicas, que brotan a partir de las muy numerosas instituciones. Tampoco hay cifras oficiales que cuantifiquen el volumen de negocio de tal industria, de capacidad productiva más que dudosa, no así su infinita multiplicación reproductiva.

No cabe la menor duda de que la subida y aparición de nuevos impuestos meterán mano, junto con la inflación, en el bolsillo de los españoles, menguando su capacidad de ahorro. Es muy posible que no sea suficiente, en la medida en que un gasto público desbocado sea imposible de equilibrarse con los ingresos. Es entonces cuando podría aparecer la tentación de buscar fórmulas imaginativas, ya ensayadas en numerosas ocasiones y países, siempre con el mismo resultado: un corralito, en el que el dinero depositado se cambia por papelitos a un futuro que nunca llega. Una situación, por cierto, que sin embargo suele alumbrar una nueva clase de privilegiados y de multimillonarios oportunistas surgidos de la nada como por ensalmo.