Escocia no tendrá ni referéndum ni Ley Trans
Nicola Sturgeon tiró la toalla. La ministra principal de Escocia se sintió finalmente sin fuerzas para seguir liderando al Partido Nacionalista Escocés (SNP) y por ende al Gobierno regional de Edimburgo. Casi emuló su agotamiento con las mismas palabras que hace apenas unas semanas empleó en Nueva Zelanda Jacinda Ardern: “I no longer have enough in the tank”. Sturgeon aludió a la “brutalidad” de la política, “mucho mayor ahora que antes”, en el discurso en que anunciaba su dimisión.
Desaparece así de la escena pública la más longeva primera ministra de Escocia y su más ardiente defensora del nacionalismo, hasta el punto de que había señalado como una prioridad de su mandato la celebración de un nuevo referéndum de independencia. El que organizara el primer ministro británico James Cameron se saldó con una ajustada victoria en favor de la permanencia en el Reino Unido, bajo la promesa de nuevas y cuantiosas ayudas económicas y una mayor autonomía de gobierno, dándose por supuesto que todo el país seguiría inserto en el conglomerado de la Unión Europea. El posterior referéndum para el Brexit también tuvo una victoria ajustada en el conjunto del Reino Unido, que no se produjo en cambio en tierras escocesas, base argumental del SNP y de la propia Nicola Sturgeon para exigir una nueva consulta popular separada, en la certeza de que Edimburgo podría pedir con muchas probabilidades de éxito solicitar su adhesión a la Unión Europea.
Primero Boris Johnson y ahora Rishi Sunak le han negado el correspondiente permiso para celebrar la consulta, veredicto que la hasta ahora primera ministra escocesa ha acatado sin que se le pasara siquiera por la cabeza saltarse las leyes y sacar a la calle urnas de cartón. Tanto en Londres como en Edimburgo estiman que la democracia es ante todo respeto a la ley y a los procedimientos legales. Eso sí, la señora Sturgeon considera que el no cumplimiento de una promesa electoral, sobre todo de la envergadura de conseguir la independencia, es motivo suficiente para presentar la dimisión.
No era de la misma talla pero sí de mucha enjundia la promesa de una Gender Recognition Reform Bill, lo que popularmente se conoce como Ley Trans. Holyrood, el Parlamento de Escocia, la había aprobado tras muy intensos debates que llegaron a dividir no solamente a los partidos, sino al propio país, toda vez que las encuestas arrojaban un número creciente de partidarios de la dimisión de Sturgeon. La propuesta de modificación de la Ley Transexual británica pretendía que los ciudadanos escoceses mayores de 16 años pudieran cambiar la designación de género en sus documentos de identidad con una simple declaración personal, eliminando el requisito de un necesario diagnóstico médico de disforia de género.
El bloqueo de esta reforma por el Gobierno de Rishi Sunak provocó la airada réplica de la primera ministra escocesa, que calificó la maniobra de “ataque frontal a nuestro Parlamento, elegido democráticamente”. Pero, tras el rechazo dialéctico, incluyendo la admonición a todo el Partido Conservador por el “grave error de no admitir la reforma”, Sturgeon no ha intentado ni sublevar a su Parlamento ni levantar en armas al pueblo escocés, y ha preferido la retirada propia de la vida política, gesto consciente que solo cabe interpretar como el reconocimiento del fracaso de sus principales promesas.
En todo caso, los ocho años transcurridos en la Bute House (residencia oficial de los jefes de Gobierno de Escocia en Edimburgo) le han granjeado fama de una mujer firme, de fuertes convicciones y capaz de asumir desafíos como el de la gestión de la pandemia de la COVID-19, que todos le reconocen como un ejemplo de eficacia y competencia.
Sin embargo, lo más posible es que haya de pasar mucho tiempo antes de que se le reconozcan mayores méritos que los dos fracasos en sus empeños de la independencia y la Ley Trans. Sea quién sea quién habite el 10 de Downing Street en Londres, parece que Escocia no tendrá ni una ni otra.