Heridas reabiertas entre Argelia y Francia

Coincidiendo con las celebraciones navideñas, el Parlamento de Argel aprobaba la ley que criminaliza las prácticas coloniales francesas entre 1830 y 1962. Un texto categórico, que condena “la violación flagrante y continuada del derecho internacional por parte de Francia” durante ese período. 

Que dicha ley no tenga posibilidades de ser reconocida y aplicada internacionalmente, según la opinión de numerosos juristas consultados, tanto Francia como de otros países de la Unión Europea, no altera su carácter altamente simbólico, consagrando un enfrentamiento étnico-nacional. Argel no sólo reclama que Francia “reconozca los hechos” sino que también pida perdón por ellos e indemnice a los descendientes de las víctimas.

A este respecto, el presidente del Parlamento de Argel, Ibrahim Boughali, desgranó la lista de “delitos graves” que Francia cometió a tenor de la ley aprobada: los ensayos nucleares, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura física y psicológica a gran escala y el saqueo de las riquezas materiales y personales del país. 

La aprobación de esta ley corta de cuajo los intentos de Francia, encabezados especialmente por el presidente Emmanuel Macron, de conseguir una visión consensuada de la historia, que permitiera cerrar definitivamente las heridas y emprender un camino se entendimiento, cooperación y prosperidad compartidos. 

El propio Macron, cuando aún era candidato a la Presidencia de la República calificó aquella colonización francesa de “crimen contra la humanidad”, concluyendo por tanto que “Francia debía pedir perdón”. Propósito que luego varió mediante el encargo de un relato histórico “objetivo”, que pudiera servir de base para armar un relato consensuado entre historiadores franceses y argelinos, susceptible en consecuencia de ser reconocido y aceptado por los políticos y las sociedades de ambos países. 

Tras una primera negativa a recorrer esa senda, Argel se inclinó después por una posición más ambigua, antes de pasar a una oposición frontal tan pronto como Francia se adhirió al plan de Marruecos sobre el Sahara Occidental en 2024. Desde entonces, las relaciones Argel-París no han cesado de deteriorarse hasta llegar a la aprobación del citado texto por los legisladores argelinos, calificado de “iniciativa manifiestamente hostil” por el ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, declaración seguida de la llamada a consultas a Paris del embajador galo y la expulsión del país de una docena de funcionarios. 

En Francia se multiplican al mismo tiempo las manifestaciones que exigen el fin definitivo de la preferencia privilegiada de acceso al país de los visitantes e inmigrantes argelinos, así como la tolerancia, cuando no la vista gorda de la Seguridad Social francesa respecto de las pensiones que libra mensualmente a ciudadanos argelinos que han vuelto a su país de origen, o permanecieron siempre en él tras haber generado derechos para su jubilación, pagadera por Francia. 

Aunque París no proporciona datos considerados confidenciales y personales, es una creencia extendida en Francia que Argelia es el país con más pensionistas centenarios del mundo, que reciben puntualmente su paga de las arcas de París sin demasiadas verificaciones que, presuntamente, podrían descubrir cientos o incluso millares de pensionistas del país magrebí de más de 110 años de edad. 

Los desacuerdos sobre hechos y cifras entre Argelia y Francia se han plasmado en las mentes de los ciudadanos de uno y otro país. Por ejemplo, los historiadores del país norteafricano cifran en 1,5 millones los argelinos muertos en la Guerra de Independencia (1954-1962), cantidad que sus homólogos franceses rebajan a 500.000, aunque reconozcan que la mayor parte de ellos fueron efectivamente argelinos.