Maduro espolea el nacionalismo en su reivindicación del Esequibo
La tiranía chavista-bolivariana impedirá por todos los medios penales, administrativos o incluso más contundentes, la alternancia en el poder en las próximas elecciones presidenciales previstas en 2024. La principal adversaria de Nicolás Maduro es María Corina Machado, cuya aplastante victoria en las pasadas primarias no solo no es reconocida por el régimen, sino que éste continúa buscando cualquier recoveco legal para impedir siquiera que pueda concurrir a las urnas y, caso de confirmarse la práctica totalidad de los sondeos, que inflija una brutal derrota al sucesor de Hugo Chávez.
A estas alturas de la historia del régimen, cuyos grandes logros revolucionarios pueden resumirse en una emigración forzosa de ocho millones de venezolanos, un 90% de la población residente bajo el umbral de la pobreza y una represión en la que las desapariciones y las ejecuciones extrajudiciales se han convertido en moneda corriente, los dirigentes chavistas han encontrado el único tema en el que chavistas y opositores no tienen discrepancias: la reclamación del territorio del Esequibo. Una región que ocupa actualmente los dos tercios de la vecina Guayana, en donde se asientan seis de las diez regiones administrativas del país, y en la que viven 300.000 de sus 800.000 habitantes.
Hay que remontarse, como casi siempre, tanto a la herencia histórica española como a la innata tendencia británica al pillaje para comprender el problema. Cuando Venezuela se independiza de España en 1811, el territorio hereda también el Esequibo, una zona de 160.000 km2, la mayor parte cubierta por una selva impenetrable intercomunicada por una caudalosa red de inmensos cursos de agua. Apenas tres años más tarde, el Reino Unido concluye un tratado con los Países Bajos, por el que se adjudica la que será la Guayana Británica, pero en la que no estarán definidos los límites de su frontera occidental.
Londres despachará en 1840 al explorador Robert Schomburq para que trace la línea de demarcación, lo que apoyará con una incursión militar que Venezuela denunciará como una invasión de su territorio. La diplomacia inglesa conseguirá más de medio siglo más tarde, en 1899, un laudo arbitral en París, que para asombro de los especialistas en Derecho Internacional, dará toda la razón al Reino Unido, al que adjudica la totalidad del territorio del Esequibo. Pasarán otros cincuenta años, hasta que en 1949 el abogado norteamericano Severo Mallet-Prevost, que había formado parte de la defensa de los intereses venezolanos, denuncie que aquel laudo fue un enjuague político, y que el juez designado para el laudo había sido convenientemente “engrasado”. Tales revelaciones, apoyadas en los documentos que Mallet-Prevost había conservado, facilitaron que Caracas no reconociera el laudo y lo declarara “nulo e írrito”.
Apenas unos meses antes de conceder la independencia a su Guayana Británica en 1966, el Reino Unido convencerá a Venezuela para que firme el Acuerdo de Ginebra, por el que Londres reconoce la justicia de la reclamación de Venezuela, al tiempo que insta a que se busquen “soluciones satisfactorias a la disputa”.
En los tres cuartos de siglo transcurridos desde entonces, Venezuela no ha cesado de insistir en su reclamación, sin obtener satisfacción alguna. No obstante, Caracas elevó el tono de la disputa a partir de 2015, año en el que comenzaron a descubrirse nuevos e importantes yacimientos de petróleo y gas, cuya explotación han propulsado exponencialmente los ingresos y el PIB de Guayana.
Nicolás Maduro, con un innegable sesgo nacionalista, decidió subir unos grados la temperatura de la disputa al convocar un referéndum en todo el país, con cinco preguntas, que iban desde aprobar la creación del Estado Guayana Esequibo dentro de Venezuela, hasta el plan para otorgar la ciudadanía venezolana a los actuales 300.000 guayaneses que viven en el territorio en disputa. Todas las preguntas recibieron un “sí” aplastante, lo que el presidente Maduro interpreta como legitimación para “actuar en un asunto interno” y, en consecuencia, desdeñar el fallo que próximamente ha de emitir el Tribunal Internacional de Justicia.
Maduro ya está actuando con rapidez, tanto con la aprobación del decreto de creación del nuevo Estado Guayana Esequiba como la dotación de una división militar que se ocuparía de atender las necesidades del territorio en disputa, y a cuyo frente ha puesto al general Alexis Rodríguez Cabello.
Nadie de la oposición venezolana se ha opuesto o manifestado disconformidad con estas actuaciones. Quienes, por el contrario, sí han mostrado su desacuerdo son el propio Tribunal Internacional de Justicia, que ha exigido a Caracas “no completar acciones que alteren la situación actual” del área administrada por Guayana, y el presidente guayano, Irfaan Ali, que esta misma semana se desplazó a la zona para reafirmar su soberanía. En una declaración plena de firmeza señaló que “no cederemos ni una pulgada de nuestro territorio”. El dirigente de Georgetown calificó las actuaciones del presidente Maduro como “una amenaza existencial para la integridad territorial de Guayana”.
Veremos cómo se resuelve el choque de intereses, pero Maduro ha logrado galvanizar a los venezolanos, al calificar la cuestión de “un asunto interno” de Venezuela en el que el TIJ no tiene nada qué decir. Proclama seguida del inevitable llamamiento patriótico: “Venezuela se ha puesto en pie. Lo siguiente será lograr lo que nos dejaron los libertadores, la Guayana Esequiba”.