La justicia universal y el juicio de la historia
La justicia argentina investiga la transición española a la democracia. Un país ajeno a lo ocurrido hace 45 años a miles de kilómetros de distancia enjuicia la manera en que otro ha logrado superar la larga noche de los tiempos de una dictadura militar, por otra parte, no muy distinta a la que sufrieron los propios argentinos en las décadas de los 70 y 80 del pasado siglo. Hay un contrasentido absoluto en el hecho de que una juez argentina cuestione la Ley de Amnistía vigente en España y acate la Ley de Punto Final de su país que hizo caducar las responsabilidades penales (torturas, asesinatos, desapariciones) de los jefazos del directorio. Pero el revisionismo revanchista español va unos cuantos cuerpos por delante del argentino. En España nuestros abuelos se mataron en una guerra civil sangrienta y absurda, nuestros padres se reconciliaron para conseguir un futuro mejor para todos, y algunos nietos y bisnietos están reabriendo las heridas del conflicto para reescribir el final que tuvo e imponer el que ellos quieren, y en ese proceso se encuadra como un elemento más la investigación judicial argentina que ha llevado a comparecer ante la juez al ex responsable de Interior de aquellos años.
Argentina ha aceptado abrir un juicio político para alimentar ese proceso de revisión interesada. Y lo está haciendo a pesar de la admiración que ese país siempre ha sentido por lo ocurrido e España en los años que permitieron dejar atrás la dictadura. La Universidad de Buenos Aires pone como ejemplo modélico de democratización de un país la transición española tras la muerte del dictador, un camino que ellos mismos tuvieron que recorrer años después y en el que se miraron en el espejo español. En esa jugada tan cuestionable como imaginaria que es la justicia universal, que siempre rema en la misma dirección, hay actores principales que han asumido el protagonismo sin temor a quedar manchados por su activismo. La fiscal general Dolores Delgado es uno de esos actores. La Fiscalía, retorcida en sus competencias por la exministra de Justicia del Reino de España, ha cambiado el criterio de este organismo respecto al que marcó su antecesora Consuelo Madrigal sobre la jurisdicción de los tribunales argentinos en este asunto. Delgado despacha la nueva posición de la fiscalía en plenas vacaciones judiciales de agosto y a través de una nota informativa, que apela a los “nuevos paradigmas memoriales” que han llegado al ámbito internacional. Los fiscales de carrera, los que llevan toda la vida en la institución, no ocultan su bochorno con el papel de justiciera universal de la máxima responsable de la Fiscalía “que depende del Gobierno” según su propio presidente.
Baltasar Garzón es otro de los protagonistas con rol principal. Su cruzada contra el franquismo fue corregida y frenada en el Tribunal Supremo español, pero consideraría una victoria cualquier condena en el extranjero a las personas que aún siguen vivas de las que tuvieron un papel relevante en la transición. Proceso que desde su irrupción en la política nacional ha rechazado visceralmente el tercero de los actores principales, el vicepresidente segundo del Gobierno Pablo Iglesias. Sus mensajes de aliento al proceso argentino serían irrelevantes en un líder extremista con escaño en el Parlamento, pero su posición institucional debería hacerle reflexionar sobre las opiniones que da en público respecto a procesos judiciales en trámite. Los presos políticos de Venezuela que han salido a la calle esta semana liberados por el mismo régimen dictatorial que los encarceló no le interesan al vicepresidente tanto como los hechos ocurridos medio siglo atrás.
El enfoque que la izquierda mundial da a la justicia universal es parcial e interesado. La Corte Penal Internacional de La Haya es el órgano judicial en el que procede juzgar crímenes de genocidio y lesa humanidad, con personalidad jurídica reconocida por las naciones. La justicia de un país no puede sustituir a la de otro, por mucho que nos pongamos el traje de justicieros y las gafas parciales de revanchistas. Rodolfo Martín Villa ha dicho a la juez argentina que la transición española fue lo contrario a un genocidio. Pero el clima que la izquierda y la ultraizquierda han creado en España desde hace muchos años pretende hacer creer lo contrario, haciendo pasar a los artífices de aquel capítulo memorable por colaboracionistas con el régimen franquista. Una tendencia que se aprecia en muchos aspectos aparentemente triviales de la vida pública española, pero que cala poco a poco. La obsesión de los nuevos dirigentes políticos españoles es revisar aquello que no les gusta de nuestro pasado. Se quiere juzgar al franquismo en los tribunales cuando ese juicio ya lo ha hecho la historia.