Acuerdos de Libre Comercio amplios y profundos: adiós a los problemas comerciales entre Marruecos y la UE
En un intento por modernizar las relaciones entre Marruecos y la Unión Europea, se considera necesario modificar el estado de la relación actual entre ambos actores. El debate sobre cómo mejorar la situación lleva vigente ya más de una década y la UE propone, como solución, la firma de Acuerdos de Libre Comercio Amplios y Profundos (DCFTA).
Las relaciones comerciales entre la UE y los países de su vecindad meridional (SN) es fundamental, por lo que no debe ser descuidada. Se considera que los acuerdos actuales entre ellos son de “vieja generación”, pues se firmaron hace tiempo y, a pesar de que se han incluido protocolos adicionales, sus disposiciones están desfasadas y el alcance es limitado. Ni la UE ni los países socios están satisfechos con el estado actual de su relación comercial y las normas que la rigen.
La queja principal sobre la ineficacia e ineficiencia de los tratados vigentes reside en la consideración de las relaciones con los países europeos como asimétrica. Como se indica en el informe sobre la Encuesta EuroMeSCo Euromed “El futuro de la Política Europea de Vecindad”, “la UE es el principal socio comercial de ocho de cada diez países de su Vecindad Meridional (todos menos Jordania y Palestina), el intercambio de bienes con la SN representa sólo el 4,8% del comercio de la UE (a partir de 2022)”.
La UE y Marruecos ya trataron de negociar los DCFTA anteriormente, pero el intento se frenó en 2014. Ahora, se han reanudado las negociaciones, para las que habrán de tenerse en cuenta los siguientes retos: la inclusión de las nuevas medidas regulatorias en Europa, el peso de la extraterritorialidad judicial europea y la incorporación de las nuevas prioridades y orientaciones económicas marroquíes.
La apuesta por la efectividad de esta solución es tal, que en Europa también se pretende aplicarla en los países de la Asociación Oriental. El objetivo es conseguir la integración “profunda y completa” de las economías de los países no miembros de la Unión en su mercado.
Se pone también sobre la mesa un “Plan B”: la modificación de los Acuerdos de Libre Comercio (ALC) ya existentes. Sin embargo, esta medida no es la preferible, ya que en ellos se excluyen sectores como la inversión, el comercio de servicios, la contratación pública, los derechos de propiedad intelectual, la competencia o el desarrollo sostenible. Con la firma de un nuevo DCFTA, se incluirían todos esos ámbitos desde el inicio, proporcionando una armonía en los reglamentos comerciales para los países de la vecindad meridional con la legislación del bloque europeo y las normas internacionales correspondientes.