Marruecos aprueba subidas de sueldo y bajadas del impuesto sobre la renta en los sectores público y privado
El Gobierno de Marruecos ha aprobado subidas salariales para los sectores público y privado tras el acuerdo alcanzado con los sindicatos y empresarios para ampliar sueldos de empleados en casi 100 dólares al mes y revisar a la baja el impuesto sobre la renta a cambio de una reforma de las pensiones, una ley de huelga y la revisión de la legislación laboral.
El Ejecutivo marroquí dirigido por Aziz Akhannouch, las principales centrales sindicales, la Confederación Marroquí de Agricultura y Desarrollo Rural (CMEDR) y la Confederación General de Empresas Marroquíes (CGEM) rubricaron este acuerdo final para aumentar los salarios y revisar el impuesto sobre la renta, a cambio de una reforma de las pensiones, una ley de huelga y una revisión de la legislación laboral.
Esta decisión supone una gran distensión social ante las tensiones generadas por las reivindicaciones de diversos sectores laborales, como el educativo, que reclamaban mejoras en sus condiciones salariales y de trabajo. Todo ello después de las rondas de diálogo social celebradas en el mes de abril.
Esta nueva mejora en la situación tiene que ver con el aumento del salario, la reducción del impuesto de la renta (lo que significa una menor presión fiscal para los trabajadores al tener que pagar menos impuestos) y el aumento del salario mínimo que también lleva aparejado este acuerdo.
El jefe de Gobierno marroquí, Aziz Akhannouch, explicó esta subida salarial de 1.000 dírhams, casi 100 dólares netos al mes, que se divide dos cuotas, una en julio próximo y la segunda en julio de 2025, y también apuntó que “el acuerdo prevé una reducción del impuesto sobre la renta para los empleados y asalariados con un impacto mensual de hasta 400 dirhams (39,48 dólares) para los grupos de ingresos medios, y un aumento del salario mínimo garantizado en un nuevo 10% en esta ronda”.
“Como parte de la nueva ronda de diálogo social, el Gobierno ha podido tomar una serie de medidas para mejorar los ingresos de los empleados del sector privado y de los empleados del sector público”, explicó Aziz Akhannouch, como informó el medio Al-Arab.
Este acuerdo, según un comunicado oficial del Gobierno marroquí, es “fruto de los esfuerzos realizados por todas las partes, a través de las propuestas y planteamientos presentados para alcanzar soluciones aceptables a los expedientes de demanda para mejorar las condiciones de los trabajadores y mantener la competitividad de las empresas nacionales y sus obligaciones sociales, así como una continuación de la implementación de los compromisos contenidos en el acuerdo del 30 de abril de 2022, que sentó las bases para el diálogo social”.
Detalles del acuerdo
La subida de sueldo aplicada es de casi 100 dólares netos al mes.
Los negociadores acordaron aprobar un aumento del salario mínimo en las actividades no agropecuarias del sector privado en un 10%.
También se acordó revisar el sistema de impuesto a la renta a partir del 1 de enero próximo, para los asalariados, mediante la adopción de medidas especiales dirigidas a mejorar los ingresos de la clase media, manteniendo la situación actual de los profesionales.
El tramo de exención del impuesto sobre la renta se elevará de 3.000 a 4.000 dólares, y el resto de la tabla del impuesto sobre la renta se revisará para ampliar la reducción de la tasa aplicada a los ingresos de la clase media, lo que le permitirá beneficiarse de la reducción de las tasas impositivas en aproximadamente un 50%, al tiempo que reducirá la tasa impositiva más alta del 38 al 37%.
Se decidió aumentar el monto de la deducción del monto del impuesto anual de la carga familiar cobrada por el sujeto pasivo de la renta por cada persona dependiente de 36 a 50 dólares por mes.
También se acordó la reforma de las pensiones mediante la creación de un sistema en forma de dos sectores, el público y el privado, cuyos detalles se acordarán, con miras a alcanzar una visión unificada y presentarla en la ronda de diálogo social del próximo mes de septiembre, que se presentará al Parlamento en octubre, como informó el medio Al-Arab.
Además, se aprobó redactar la ley que regula la huelga, y se acordó revisar gradualmente algunas de las disposiciones de la ley laboral, con el fin de lograr un equilibrio entre la productividad de las empresas y el mantenimiento de su competitividad y la pugna por un empleo estable y el fomento de la inversión.
El Ejecutivo marroquí y los empresarios del país norteafricano vieron con buenos ojos el aumento de sueldos y la rebaja de la presión fiscal vinculados a una mejora en la legislación sobre la jubilación y la ley laboral y de huelga.
Todo ello después de las últimas presiones ejercidas por los sindicatos aludiendo a la opción de las huelgas, que al final estarán regidas por una nueva legislación para regularlas.
Además, el Gobierno también está tratando de reformar el sistema de pensiones en Marruecos, después de varios estudios y análisis planteados sobre el asunto.
Los sindicatos no solo están preocupados por la ley de huelga y jubilación, sino que se enfrentan a una reivindicación sobre la mesa que la Confederación General de Empresas de Marruecos (CGEM), que representa los intereses de los empresarios, siempre ha considerado una prioridad entre sus expectativas, como es la reforma de la legislación laboral, ya que pretenden flexibilizar dicha ley, permitiendo los despidos ante dificultades económicas.
La flexibilidad se entiende como un intento por parte de los empresarios de tener margen de maniobra para reducir el número de empleados cuando sus empresas se enfrentan a dificultades, por lo que cuando el empresario se encuentra en un problema relacionado con la actividad, se garantizan medios de financiación, desempleo o actividad parcial en el período de crisis y retorno posterior.
Sin embargo, los sindicatos temen que la reforma de la legislación laboral afiance la vulnerabilidad de los trabajadores del sector privado, en un contexto caracterizado por la alta tasa de desempleo del año pasado, del 13%, y la prevalencia del trabajo no declarado oficialmente y el trabajo no remunerado.