Un año después, Líbano lucha por la supervivencia
La ira y la cólera conquistaron hasta el último rincón del Líbano el 4 de agosto. La gran explosión del puerto de Beirut reabrió las heridas sin cicatrizar de una guerra civil que azotó durante 15 años al país del Cedro. Desde que tuviese lugar la explosión en la capital del Líbano, las repercusiones han estado presentes en todos los ámbitos posibles. Los malos tiempos se han cebado con este levantino país de 4,5 millones de habitantes que afronta una triple crisis: sanitaria, económica y políticosocial. Mientras la rabia prevalece frente a una clase dirigente que desde entonces no logra formar Gobierno. Solo la solidaridad de sus ciudadanos sirve de bálsamo para las cicatrices tan visibles en los edificios como en sus habitantes.
La tragedia del puerto de Beirut que cambió para siempre la vida de los ciudadanos llegó en un momento en que la economía del país estaba hundida. El colapso de la moneda, el aumento de la inflación y la profunda crisis financiera que atraviesa Líbano han exacerbado las tensiones políticas en esta nación. Los cortes de electricidad, la falta de agua potable y la escasez de gasolina se han convertido en parte de la rutina diaria de gran parte de los ciudadanos del país. Líbano -un país con casi cinco millones de habitantes y que alberga a más de un millón y medio de refugiados- es una de las naciones más endeudadas del mundo. Esta situación de inestabilidad se ha intensificado con la aparición del coronavirus, que ha puesto contra las cuerdas el sistema sanitario del país.
La explosión sesgo la vida de 205 personas, hirió a más de 6.500, con unos daños estimados en hasta 5.000 millones, desplazo de sus hogares a otros 350.000 vecinos, destruyó numerosos edificios, dejando a un gran número de personas sin hogar, en un momento crítico para muchos libaneses, que han perdido su trabajo por la pandemia de la COVID-19. Transcurrido un año de la que se considera una de las explosiones no nucleares más potentes que ha visto el mundo, en este escenario de inestabilidad, la sociedad del país sigue clamando respuestas y preguntándose donde están sus líderes. Tras conocerse que la explosión se provocó por la deflagración de más de 2.500 toneladas de nitrato de amonio, que habían permanecido almacenadas en el puerto de Beirut sin las debidas precauciones, desde entonces la indignación ciudadana no ha hecho más que crecer.
El colapso de la moneda, el aumento de la inflación y la profunda crisis financiera que atraviesa Líbano, sumado a esta explosión y la pandemia del coronavirus, han exacerbado las tensiones políticas de una nación que pide respuestas. A pesar de las promesas que hicieron entonces los líderes políticos para juzgar a los responsables de la explosión, no se ha publicado dato alguno de la opaca y controvertida investigación oficial. Todas las teorías apuntan a que esta explosión se produjo a raíz del estallido de un almacén repleto de materiales altamente explosivos, que habían sido confiscados en los últimos años por las autoridades del país.
Aquí comienza la extraña cadena de errores que llevó a la explosión del 4 de agosto. La historia de esta tragedia comenzó hace ocho años, cuando un barco fletado, por Rusia y con bandera moldava que viajaba desde Georgia a Mozambique atracó en Beirut. Tras una serie de incidentes, fue sometido a una inspección por parte de los técnicos del puerto que supuestamente encontraron deficiencias y le prohibieron reanudar sus operaciones. El barco que llevaba como nombre Rhosus, con bandera moldava, echó amarras en el puerto de Beirut a finales de 2013 con una carga de 2.750 toneladas de nitrato de amonio en su interior. El barco zarpó del puerto de Batumi (Georgia) rumbo a Beira (Mozambique). Los motivos que llevaron al Rhosus a parar en Beirut aún no están claros. Desde que el nitrato de amonio fue descargado en octubre de 2014 en el puerto de Beirut hasta 2017 se registraron cinco cartas oficiales de funcionarios del puerto dirigidas al Gobierno advirtiendo de la peligrosidad del material y del riesgo que entraña para la ciudad y su población. Nadie hizo nada.
En febrero de 2015, el juez libanés Nadim Zwain envió un experto para analizar la carga. Este concluyó que había de ser inmediatamente puesta bajo control del Ejército libanés, que se desentendió del nitrato de amonio y recomendó su venta a una empresa privada. Transcurrido un año desde la explosión, 25 personas han sido arrestadas: el director general de aduanas, Badri Daher, junto con otros 24 responsables intermediarios del puerto. El pasado 10 de diciembre, el juez Fadi Sawan, que lideraba la investigación oficial sobre la explosión, imputó al primer ministro libanés en funciones, Hassan Diab, y a otros tres exministros por negligencia. Diab rehusó presentarse ante la justicia, como otros dos de los tres antiguos ministros, quienes, además, solicitaron una recusación del juez. El Ministerio del Interior respaldó a los encausados negándose a enviar a agentes para llevarlos ante la justicia. Sin embargo, el primer juez designado para la investigación, Fadi Sawan, fue suspendido en febrero, después de los dos exministros a los que había acusado de negligencia criminal pidieran que el Tribunal de Casación de Beirut transfiriera el caso a otro juez, Tariq Bitar. Pero el juez Bitar ya se ha topado con las mismas barreras que su predecesor. No obstante, el juez Bitar no se da por vencido y ha prometido que seguirá adelante con la investigación que provocó un profundo cráter en el sitio portuario, devastó viviendas, instituciones educativas y negocios de media ciudad, sesgó la vida de cientos de personas y dejó malheridas a otras 6.000.
Estas situaciones desencadenaron multitudinarias protestas que terminaron con la renuncia el pasado 10 de agosto de Hassan Diab. Entonces, fue reemplazado por Mustafá Adib, pero este también renunció y lo hizo menos de un mes después de haber asumido el cargo, al argumentar precisamente dificultades entre las distintas bancadas políticas para formar un gabinete. El pasado 15 de julio, el ex primer ministro designado tras la renuncia de Adib, Saad Hariri, volvía a dimitir tras ser incapaz de llegar a un acuerdo con el presidente del Líbano, Michel Aoun, para formar Gobierno. Mientras, el enfrentamiento entre la clase política mantiene en vilo a una sociedad que espera a la formación de Gobierno para poder acceder a las ayudas internacionales, que tan desesperadamente necesita. Cuatro primeros ministros han pasado en el último año por el poder sin que ninguno haya logrado formar Gobierno estable. La nueva figura encargada de llevar a cabo esta misión prácticamente imposible en el país mediterráneo es el empresario suní, Najib Mikati. Está claro que el regreso del multimillonario Mikati, como primer ministro, enfrenta grandes retos.
Uno de los principales escollos para seguir adelante con la investigación sobre la detonación en el puerto de Beirut es la inmunidad de los parlamentarios. El juez que lleva el caso solicitó la autorización para investigar a miembros del Parlamento y altos mandos de los cuerpos de seguridad. Sin embargo, el ministro de Interior en funciones, Mohamad Fahmi, denegó la petición del juez, hecho que ha provocado que desde entonces las familias de las víctimas celebren protestas todas las semanas a favor de una investigación imparcial y efectiva. Sin embargo, el presidente libanés, Michel Aoun, dijo en un discurso en el Palacio de Baabda, en vísperas de la primera conmemoración de la doble explosión mortal en el puerto de Beirut, que desde que él mismo se puso a disposición de la justicia y aceptó declarar ante el juez encargado de la investigación de la tragedia, ningún funcionario tiene excusa para reclamar inmunidad. Por su parte, el primer ministro, Najib Mikati pide que "se haga justicia" asegurando que "la patria está en peligro”.
El panorama sigue siendo apocalíptico en el Líbano un año después de la tragedia, las raíces de esta inestabilidad política y social residen en la crisis económica y financiera que sufre el país. El colapso de la moneda, el aumento de la inflación, sumado a esta explosión y la pandemia del coronavirus, han exacerbado las tensiones políticas de una nación que pide respuestas. El desastre del puerto de Beirut fue la chispa que encendió la mecha a una revolución que llevaba tiempo gestándose. El fantasma de la corrupción no ha desaparecido en un Líbano que no entiende cómo se ha permitido que más de 2.700 toneladas de nitrato de amonio se almacenaran sin tomar las medidas correspondientes en el puerto de la ciudad durante años, mientras la comunidad internacional se niega a reflotar su economía en bancarrota sino se aplican reformas drásticas contra la corrupción. La confianza se ha roto y el intercambio de acusaciones o la falta de voluntad para encontrar el origen de esta crisis no han hecho más que empeorar esta situación.