Ecuador combate la inseguridad creciente en el país mediante el estado de excepción
El presidente Guillermo Lasso declaró el estado de excepción durante sesenta días en toda la nación mediante el dictamen de un decreto ejecutivo.
Esta orden gubernamental es resultado de la situación que atraviesa el país, donde los altos niveles de delincuencia amenazan la seguridad ciudadana, especialmente en las provincias de El Oro, Guayas, Santa Elena, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha y Sucumbíos, donde las acciones policiales han requerido del apoyo militar para mantener el orden.
Mediante el establecimiento del estado de excepción, el Gobierno ha blindado a las fuerzas públicas ante las posibles amenazas que pueden derivar de ejercer sus funciones. El presidente Lasso anunció que los agentes tomarán acciones como el control de armas y de tráfico de drogas, así como la realización de inspecciones y patrullas constantes, afirmando que, ante la situación actual, las patrullas “se sentirán con fuerza en las calles".
La medida excepcional tiene como finalidad controlar las circunstancias que se han generado, “restablecer la convivencia pacífica y el orden público". La orden, firmada en el decreto 224, permitirá el traslado de las Fuerzas Armadas a provincias donde los ciudadanos han sentido con mayor fuerza la criminalidad.
El plan nacional de seguridad que ha diseñado el Gobierno incluye medidas para proteger a los miembros de la fuerza pública, defendiendo aquellos policías o militares que puedan ser demandados por ciudadanos en el marco de acciones de seguridad, "la ley debe intimidar al delincuente no a la Policía", explicó el gobernante.
"Crearemos la Unidad de Defensa Legal de la Fuerza Pública, entidad que se dedicará exclusivamente a la protección de todos aquellos miembros de la Policía o de las Fuerzas Armadas que sean demandados por cumplir con su deber", afirmó Lasso.
La declaración del estado de emergencia se produce en un momento en el que los homicidios y la violencia aumentan drásticamente en el país ecuatoriano. Según datos del Ministerio del Interior, entre enero y agosto de este año, el país registró 1.427 asesinatos, 55 más que en 2020.
La situación en la ciudad costera de Guayaquil es particularmente preocupante; hace tres semanas, al menos 119 presos murieron en un motín carcelario que se atribuyó a facciones rivales vinculadas a organizaciones narcotraficantes mexicanas. Según el presidente, solo en la provincia de Guayas, más del 70% de los delitos violentos están relacionados con el narcotráfico.
Las drogas repercuten sobre la seguridad de Ecuador, que ha sido catalogada como una nación de tránsito para la actividad de los narcotraficantes. Sin embargo, como señala el Gobierno, el consumo de estupefacientes también ha aumentado dentro del país. "En las calles del Ecuador hay un solo enemigo, el narcotráfico", que es el motor de otras actividades delictivas.
El presidente ecuatoriano señaló que la falta de oportunidades entre los jóvenes ha propiciado que muchos de ellos caigan en el consumo de drogas. Como solución, Lasso aseguró la formación de un comité interinstitucional de todos los Ministerios del frente social y la Secretaría de Derechos Humanos, con el objetivo de prevenir y reinsertar en la sociedad a los adictos al consumo.
"Queremos un Ecuador seguro para vivir tranquilos", ya que "sin seguridad no hay desarrollo" afirmó Lasso. De esta manera, instó a toda la ciudadanía a trabajar conjuntamente para "vencer al enemigo común".
Coordinador de América Latina: José Antonio Sierra.