Erdogan intensifica la represión contra los opositores
Las protestas universitarias en Turquía llevan prolongándose desde el pasado 4 de enero, cuando los estudiantes de la prestigiosa Universidad del Bósforo de Estambul convocaron manifestaciones contra el nuevo rector, Melih Bulut, señalado por sus vínculos con el presidente Recep Tayyip Erdogan. Los universitarios exigieron su dimisión y denunciaron la desintegración de las normas democráticas en el país.
Desde el estallido de las protestas han sido detenidas más de 600 personas, según las autoridades turcas. La mayoría han sido liberadas y otras puestas bajo arresto domiciliario. Sin embargo, el caso más significativo fue el encarcelamiento de cuatro personas, ahora en espera de juicio por las protestas en el distrito de Kadikoy de Estambul. Los cuatro manifestantes están acusados de diversos delitos, incluidos daños a la propiedad pública y propaganda terrorista.
El Gobierno ha desestimado el contenido de las protestas alegando que tienen un impulso político. Altos funcionarios mantienen, incluso, que estas están dirigidas por “grupos terroristas”. El ministro del Interior turco, Suleyman Soylu, se refirió a los manifestantes como “desviados LGTBI”, mientras que el presidente aclaró que “tal cosa [la comunidad LGTBI] no existe”, y calificó a los estudiantes como “terroristas”.
Erdogan tiene el derecho de nombrar rectores universitarios desde la Presidencia, sin embargo, los estudiantes reclaman el derecho a elegir el rector mediante un proceso democrático. El presidente aseguró que no permitiría nuevas protestas masivas contra el Gobierno, similares a las que estallaron en 2013. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU instó, por su parte, a poner fin al uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía y ha condenado los “comentarios homofóbos y tránsfobos realizados por las autoridades”.
Mientras, la abogada defensora de los Derechos Humanos, Eren Keskin, ha sido condenada por las autoridades turcas a seis años de prisión por pertenecer a una organización terrorista. La copresidenta de la Asociación de Derechos Humanos de Turquía no ha sido la única, otros cuatro miembros del diario Özgür Gündem, cerrado por orden judicial en agosto de 2016, han sido condenadas a prisión por cargos de “terrorismo”. Por el momento, se encuentran en libertad a expensas del resultado de sus apelaciones.
También los kurdos están siendo objeto de constantes hostigamientos tanto en el norte de Irak como en el interior del país. El Ejército de Turquía denunció el pasado domingo la ejecución de 13 rehenes turcos a manos del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) en un campamento situado en el norte de Irak, a 30 km de la frontera turca. Las víctimas eran policías, civiles, soldados y miembros de los servicios secretos secuestrados en Turquía y en Irak por el grupo hace cinco años, según el propio PKK.
El Partido de los Trabajadores del Kurdistán denunció una ofensiva contra el campamento, primero por vía terrestre, después mediante un bombardeo que se prolongó durante tres días. Este ataque habría causado la muerte de los prisioneros. La versión de Turquía, sin embargo, defiende que fueron los propios secuestradores los que acabaron con la vida de los rehenes.
Finalmente, las fuerzas turcas se hicieron con el control del campamento. El ministro de Defensa de Turquía, Hulusi Akar, declaró que 12 de los 13 fallecidos presentaban disparos en la cabeza, mientras que el último tenía un balazo en el hombro “y posteriormente fue hecho mártir”. Akar añadió que dos miembros del PKK detenidos por las fuerzas turcas explicaron que todos habían sido ejecutados poco antes del inicio de la operación militar turca.
No obstante, este último movimiento ha recrudecido la confrontación entre Turquía y el PKK, considerado por Ankara y la Unión Europea como organización terrorista. El proceso de paz firmado en 2015 colapsó, y desde entonces el Gobierno turco ha asegurado que no volvería a dialogar con el grupo.
La Fiscalía turca ha abierto investigaciones contra dos diputados pro-kurdos y contra decenas de usuarios que publicaron críticas en redes sociales sobre el tema. Además, el Ministerio del Interior turco dijo el lunes que había detenido a 718 personas a lo largo de todo el país en una serie de redadas coordinadas, incluidos los jefes del Partido Democrático de los Pueblos (HDP).
Se trata del segundo partido de oposición más grande de Turquía, que niega todos los vínculos formales con el PKK. Sin embargo, también cuestiona el relato turco sobre las 13 muertes. Los aliados ultraderechistas del presidente Erdogan exigen desde hace meses la ilegalización del partido, aunque miles de sus miembros se hallan actualmente en prisión.
Estados Unidos trató de calmar la disputa diplomática con Turquía, aliado de la OTAN, asegurando que acepta la afirmación de Ankara sobre la ejecución “terrorista” de los 13 turcos en Irak. Erdogan arremetió contra la vacilación inicial del Departamento de Estado de EEUU para culpar al PKK por las muertes. Y es que, aunque ambas partes consideran al PKK como una organización terrorista, Estados Unidos respalda a una milicia kurda en la vecina Siria en el conflicto contra el presidente Bachar al-Ásad.
El NCTV, la agencia antiterrorista de Países Bajos, ha remitido en una investigación interna la vulnerabilidad de la sociedad neerlandesa ante la amenaza salafista impulsada de forma consciente por el presidente turco. Según este organismo, entre los ciudadanos neerlandeses de ascendencia turca existen asociaciones estrechamente vinculadas con Ankara.
El memorando establece un posible vínculo entre la “retórica antioccidental” de Erdogan y el ataque terrorista a un tranvía en Utrecht en 2019 en el que cuatro personas fueron asesinadas. Un día antes del ataque, el presidente turco había condenado el atentado terrorista contra una mezquita en Nueva Zelanda. Erdogan colocó los hechos en un contexto de “guerra entre musulmanes y cristianos", indica el propio documento.
El informe aún no está completo, es decir, no cuenta con el aval del Gobierno neerlandés. Los servicios de seguridad AIVD y MIVD, así como los ministerios de Asuntos Exteriores y Asuntos Sociales y Empleo tienen que dar su opinión al respecto. Posteriormente, es la NCTV el organismo que decide si el proyecto de ley aún debe enmendarse y publicarse o si permanece confidencial.