En el campus de la Universidad Europa de Madrid, se celebró el seminario titulado ‘El Estado democrático y sus enemigos. Vicisitudes ante la proliferación de escenarios de (in)seguridad y nuevas manifestaciones de violencia política’

Las instituciones políticas deben actualizarse para enfrentar las nuevas amenazas de seguridad

Atalayar_Drogas

El grupo de investigación en Políticas Públicas, Seguridad Internacional y Gobernanza Global de la Universidad Europea de Madrid realizó un congreso en el auditorio de la universidad, en un formato híbrido con asistencia presencial y virtual. El evento estuvo dividido en varias mesas redondas, donde se discutió sobre la diversidad de los escenarios de inseguridad, los nuevos desafíos, las nuevas capacidades de respuestas por las instituciones gubernamentales y la proliferación de las alternativas al Estado para combatir las nuevas amenazas. Se tocaron temas de máxima relevancia dentro de la agenda de seguridad y defensa, desde el punto de vista académico, para poder generar un debate sobre cuales deben ser los desafíos planteados por las instituciones europeas para hacer frente a la actualización de las nuevas amenazas y cómo a través de la adopción de políticas públicas se puede lograr un cambio en el esquema de la seguridad.

En la primera mesa participó el profesor de la Universidad de Santiago de Compostela y director del Centro de Estudios de Seguridad, José Julio Fernández Rodríguez, que explicaba que el terrorismo, las ciberamenazas, crimen organizado, conflictos armados, espionaje, armas de destrucción masivas, emergencias, catástrofes, pandemia, crisis económicas, radicalismo y cambio climáticos son las amenazas a las cuales hoy nos enfrentamos. Los problemas de seguridad en estos casos pueden afectar a los niveles de la calidad de nuestras democracias, por ende, la respuesta de los poderes públicos, deben ser “securitarias“, dijo el profesor Fernández. En el ámbito legislativo han sido diversas, pero poco efectivas, por ejemplo, las nuevas tipificaciones en el Código Penal para penalizar el adoctrinamiento o el terrorismo, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la nueva normativa de acceso a la información en cuestión de protección de datos, nuevas normativas en los centros de inteligencia y cambios estructurales organizativos como la creación del departamento de seguridad nacional dentro de España. Los escenarios tecnológicos son cada vez los más relevantes, las ciberamenazas, pretender la destrucción de información o también robarla por motivos económicos y políticos, la manipulación de la informativa está generando una democracia de mala calidad, hasta el punto des legitimización de procesos electorales. “Los escenarios medioambientales son importantes porque cada vez se demuestra que los problemas ambientales son problemas de seguridad, el acceso al agua y a la energía ocasionan conflictos permanentes“, decía el profesor Fernández.

El derecho penal debe ser una de las herramientas más esenciales para combatir a las amenazas, blindar con carácter jurídico las actuaciones policiales e institucionales. Según la catedrática de Derecho Penal y directora del Observatorio Internacional contra la Criminalidad Organizada Transnacional de la Universidad de Salamanca, la doctora Laura Zúñiga, el Derecho Penal funciona bien cuando deja claro cuales son lo límites entre lo lícito y lo ilícito, ya parte del tráfico de drogas internacional se mueve por contenedores de importación y exportación de productos. Ella establece una necesidad de buscar actos que sean eficaces para acercarse a la realidad pragmática, dentro del mundo de la teoría y cómo se lleve a cabo en la práctica para resolver estos problemas. “Se debe comprender el fenómeno criminal, la apolítica criminal actual es muy simbólica, tiene que haber experiencia sobre los fenómenos como los modus operandi“, decía la doctora Zúñiga.

Dentro de Europa, las amenazas se pueden encontrar en su propio territorio, la agencia FRONTEX ha realizado varias actuaciones en los últimos años que ha vulnerado los derechos humanos, según el profesor de la Universidad Europea de Madrid Julio Guinea. Una agencia que tiene presupuesto de 420 millones de dólares y que debe ser una garantía ante todos los procedimientos legales de las devoluciones en caliente de los migrantes, violando la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, “una de las maneras de prevenir este tipo de acciones por parte de algunos cuerpos de seguridad del Estado de los Estados miembros es colocar una cámara que permita grabar las acciones", expresó el profesor Guinea. Por último, en una intervención, una estudiante llamada Claudia señaló que uno de los grandes peligros que tiene las democracias europeas es el aumento de los movimientos anti-género. Un sistema democrático que tengan preferencia o favoritismo por una parte de su sociedad empieza a perder sus valores fundacionales como sistema integrador regional.