Llegan a un centro de acogida de Tetuán los primeros menores sacados de Ceuta

El dispositivo organizado para la devolución de los menores presentes en Ceuta se inició el viernes en el Polideportivo Santa Amelia de la Ciudad Autónoma, donde habían estado alojados 234 niños después de su entrada ilegal en España, y ya han llegado los primeros niños a un centro de acogida de Tetuán, en concreto al Centro de Asistencia Social de Martil, localidad marroquí situada a 30 kilómetros al sur de Castillejos, en la región de Tánger-Tetuán. 

Según informó la agencia EFE, 15 menores fueron los primeros que tomaron parte en la operación de retorno dispuesta tras el pacto alcanzado entre España y Marruecos. Fuentes consultadas indicaron que la operación se está llevando a cabo cumpliendo las garantías de protección de los derechos de los niños. Mientras, se estima que hay aproximadamente 800 menores presentes en Ceuta. 

El Centro de Asistencia Social de Martil lleva funcionando desde 2019 gracias a la operación del Estado marroquí denominada Iniciativa Nacional de Desarrollo Humano (INDH), de cara a acoger a las personas vulnerables o sin hogar y ayudarles para su inserción social y económica. Sus instalaciones tienen capacidad para albergar a 70 personas y, de momento, según diversas informaciones, ya hay 15 menores ocupando plazas en el centro. Los próximos retornos se realizarán en grupos, día a día, “según se vayan tramitando los expedientes individuales”, pero no han dado detalles de cómo y cuándo se completarán estos expedientes, como informaba el diario El País.

Según unos documentos desvelados por la Cadena Ser y el propio diario El País, el Ministerio del Interior de España mantiene que el reino de Marruecos se compromete a velar por los intereses de los menores y se explica que los niños serán acogidos en el citado centro de menores de Martil, cercano a Tetuán. El Ministerio del Interior garantizaría que Marruecos protegerá los derechos de los menores hasta reunirlos con sus padres lo antes posible y, en el caso, de que este escenario no sea posible, será L’Entraide Nationale (perteneciente al Ministerio de Familia, Solidaridad, Igualdad y Desarrollo Social de Marruecos) quien se hará cargo de ellos.

De esta forma, llega el acuerdo hispano-marroquí para llevar a cabo la devolución de personas que entraron de manera ilegal por la frontera de Ceuta los días 17 y 18 de mayo en plena crisis diplomática entre España y Marruecos, que se potenció con la entrada de Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, en territorio español para ser hospitalizado a causa de unos importantes problemas respiratorios. Algo que criticó el reino alauí, que denunció la falta de información y de cooperación por parte de un país considerado aliado como el español. La que era ministra de Asuntos Exteriores española, Arancha González Laya, argumentó razones humanitarias para acoger a Ghali, pero estas explicaciones no contentaron a Marruecos. Después de conocerse la presencia del líder polisario en territorio español se tensó mucho la situación y llegaron otros preocupantes episodios como la entrada de manera ilegal de más de 10.000 personas en Ceuta o la exclusión de España de la Operación Paso del Estrecho que facilita la vuelta de marroquíes a su país en temporada veraniega. 

Ahora, el nuevo ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, ha logrado que Rabat acepte el retorno colectivo de los menores que entraron en Ceuta. Así, tras el acuerdo alcanzado, el Ministerio del Interior comenzó el operativo de devolución en grupos de 15, excepto en el caso de los considerados "vulnerables".

Precisamente, Albares sustituyó a González Laya para mejorar las relaciones con Marruecos tras el enfrentamiento diplomático generado a raíz de la presencia de Ghali en España. El exembajador español en París ya declaró en su estreno al frente del Ministerio que su intención era reforzar los vínculos con el país norteafricano, que es una nación vecina, amiga y aliada. 

Por indicación del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se pidió "efectuar el retorno de los menores al Reino de Marruecos" en una comunicación dirigida a la Delegación del Gobierno en Ceuta y a la Ciudad Autónoma el pasado día 10. El escrito señalaba que Marruecos "se compromete a velar por los intereses de los menores" que planean trasladar al Centro Martín en Tetuán, como indicaron la Cadena Ser y el diario El País. En un escrito remitido por la Secretaría de Estado de Seguridad se indicaba textualmente: "Rogamos se proceda a ejecutar las previsiones recogidas en el artículo 5 del Acuerdo entre el Reino de España y Marruecos de 2007 sobre la cooperación en el ámbito de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado".

Lo cierto es que desde la llegada de José Manuel Albares al Ministerio de Asuntos Exteriores el enfrentamiento con Marruecos se ha reducido notablemente. Las autoridades marroquíes, incluso, invitaron recientemente al representante de la Embajada española en Rabat a una visita guiada a la sede de su servicio antiterrorista a la que acudieron representantes diplomáticos de varios países, como recordaba el diario El Español. 

Tras conocerse el operativo de devolución de menores, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que dirige Ione Belarra, diputada de Podemos (partido que forma parte de la coalición de Gobierno con el PSOE del presidente Pedro Sánchez), ha lamentado que no haya recibido ninguna respuesta a pesar de llevar meses poniéndose a disposición del Ministerio del Interior para trabajar en un protocolo de reagrupación familiar para menores que migran solos en cumplimiento de los requisitos internacionales y nacionales.

En este sentido, ha destacado que cualquier proceso de reagrupación familiar debe contar con un protocolo que incluya entrevistas individualizadas, así como el conocimiento pormenorizado por parte de la Fiscalía del procedimiento. 

Hay organizaciones que se han opuesto a estos regresos grupales, como diversas ONGs o el Defensor del Pueblo, al entender que se incumple la ley española. La entidad Save the Children ha comunicado que cualquier repatriación colectiva de niños o adolescentes es ilegal, recordando que las reagrupaciones de menores marroquíes han de garantizar su protección y ser individuales y voluntarias. La organización ha destacado que para que la vuelta pueda ser considerada como la solución que mejor garantice los derechos del menor ha de llevarse a cabo tras haberse realizado un análisis profundo e individual de cada caso. Además, ha señalado que es imprescindible que su retorno no suponga un riesgo para su integridad física o moral y que se pueda garantizar un seguimiento individualizado y una garantía de reintegración que permita el cumplimiento de todos sus derechos, como recordaba el medio La Razón. 

Cabe recordar que la devolución de menores extranjeros no acompañados está recogida en un convenio bilateral con Marruecos, pero desde su última revisión en 2012, no se había activado.

Por su parte, el secretario de Estado de Agenda 2030, Enrique Santiago, uno de los cargos elegidos por Podemos en el Gobierno de España, también ha criticado la devolución de los menores que entraron en Ceuta puesta en marcha por el Ministerio del Interior.

En un mensaje en las redes sociales, Santiago ha afirmado que se trata de "una devolución de niños extranjeros sin protección familiar, hecha sin intervención de la Fiscalía, en contra del criterio del Defensor del Pueblo y sin existir protocolo de retorno". Por todo ello, el secretario de Estado del Gobierno de España considera que la devolución de los menores de Ceuta "adolece al menos de seguridad jurídica y muy probablemente ignora 'el interés superior del menor'".

A pesar de todo, parece que sigue mejorando en parte la relación entre España y Marruecos tras la última crisis diplomática, gracias a la predisposición marroquí y a la postura del nuevo ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. Mientras, se sigue resolviendo la cuestión judicial de la entrada y salida de Brahim Ghali en España y se investiga a cargos del anterior equipo del Ministerio de Asuntos Exteriores para conocer si supuestamente el líder del Frente Polisario no fue sometido a control alguno, beneficio que supuestamente no le correspondía. Por otro lado, queda pendiente de decisión en la Audiencia Nacional sobre una de las dos querellas que se interpusieron contra Brahim Ghali por presuntos delitos de torturas y genocidio, que presentaron la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEDH) y el activista saharaui Fadel Breica, después de que una ya fuese archivada.