Una ONG española denuncia el programa “Vacaciones en paz” del Frente Polisario
La ONG La Libertad es Su Derecho, formada por familias españolas de acogida de mujeres secuestradas en los campamentos saharauis de Tinduf (Argelia), ha denunciado en un acto organizado por la Asociación de Mujeres de Callosa de Segura que el programa "Vacaciones en Paz" de acogida de menores de origen saharaui, promovido por el Frente Polisario, “viola en fila india todos los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la de los Derechos del Niño”.
La portavoz de la asociación, Elisa Pavón, señaló que “en lo que va de año ya hay cuatro casos nuevos de mujeres secuestradas y, además, se han abierto diligencias en un juzgado asturiano por la acusación contra 22 miembros del Polisario, algunos altos cargos, por delitos de trata de seres humanos y falsificación documental en España”, según declaraciones recogidas por Información.
Durante una charla-coloquio celebrada en la sede de la Cooperativa Eléctrica de Callosa de Segura bajo el título “Las huellas imborrables de Vacaciones en Paz”, las ponentes hablaron sobre la "deconstrucción" del programa y de sus consecuencias, empezando por la propia definición que hace de él la Coordinadora Estatal de asociaciones Solidarias con el Sahara (CEAS Sahara).
Esta organización describe "Vacaciones en paz" “como un programa de sensibilización política y social con el objetivo de transmitir a la ciudadanía y a los poderes públicos españoles la urgencia de resolver de forma justa y definitiva la situación del Sahara Occidental”, empleando para ello a los menores, que son llamados “embajadores de la causa”.
No obstante, de acuerdo con Pavón, “ya no se trata de un programa humanitario ni solidario, sino que se ha convertido en un mero negocio del Polisario y del movimiento solidario, que incumplen sistemáticamente las instrucciones para la autorización de permisos de residencia temporal para los menores recogidas en el Decreto Ley 557/2011, que detalla el procedimiento legal de las acogidas veraniegas, así como utiliza a los menores como herramientas para la realización de labores de propaganda política, que es una de las acepciones de niño-soldado”.
La prueba más reciente de este incumplimiento, según Pavón, es el caso del secuestro del menor Mohamed Mohamed Lamin, de 9 años. Lamin fue secuestrado por su familia biológica en España y trasladado a los campamentos de Tinduf tras 18 meses acogido en España y mientras estaba en pleno tratamiento médico y a la espera de nuevas intervenciones quirúrgicas.
La madre de acogida de este joven de origen saharaui, Nieves González, acogió a Mohamed al ver un anuncio en un estado de WhatsApp solicitando familias de acogida para 11 menores de Vacaciones en Paz que estaban en el aeropuerto de Málaga y que iban ser devueltos a los campamentos.
“Cuando llamó para preguntar por los requisitos, la Asociación de Sanlúcar de Barrameda solo le dijo que tenía que darle un buen verano con mucho amor y enviar su DNI para solicitar el certificado de no estar en el Registro de Delitos Sexuales”, explicó la portavoz. “No firmaron documento alguno ni se llevó a cabo ninguna otra gestión salvo dar el ok por el propio WhatsApp”, añade.
Con un menor a su cargo indocumentado, sin derecho a obtener tarjeta sanitaria y con una infección que le provocó sordera en un oído, Nieves González se enfrentó a la asociación y al Polisario en Andalucía exigiendo la identificación del pequeño. Esta batalla duró 15 meses, hasta que apareció el padre biológico del niño, residente en España, quien solicitó el ejercicio de un derecho a “régimen de visitas a su propio hijo para los fines de semana”.
Tras denunciar los malos tratos a los que era sometido el menos por su propio padre, los hechos se pusieron en conocimiento de la Policía Nacional y de la Fiscalía de Menores, lo que provocó que Nieves fuera declarada “persona non grata por el Polisario” y que el padre huyera de España y que el hermano de la madre biológica se llevara a Mohamed a los campamentos, sin sus pertenencias. Nieves nunca ha vuelto a poder comunicarse con el niño, según denuncia la ONG.
Por otro lado, Bienvenida Campillo, abordó las consecuencias del programa Vacaciones en Paz, especialmente las referidas a los secuestros de mujeres que han permanecido en acogida durante años en el seno de familias españolas y que, al cumplir 18 años, “vuelven a ser útiles para el Polisario, que promueve, ampara y protege la práctica de los secuestros para que tengan hijos y sigan alimentando su causa política y su negocio”.
Campillo, que es concejal de Izquierda Unida en San Miguel de Salinas, denuncia que su hija de acogida, Koria, ha sido “secuestrada” hace 13 años. La concejal detalló que “Vacaciones en Paz tiene como principal consecuencia la generación de víctimas de violaciones de Derechos Humanos, pero no sólo los menores y las mujeres adultas retenidas en contra de su voluntad, sino que conlleva la desestructuración de las familias de acogida y todo su entorno, que sufre una ausencia con inmenso dolor, frustración e impotencia”.
Asimismo, Campillo expuso, por primera vez públicamente, que la razón por la que el Polisario ha impedido durante 13 años el regreso de Koria a España es porque “su padre fue carcelero en Rachid, la cárcel más temida de los campamentos, y, posteriormente, fue responsable hasta su muerte de la coordinación de las redes de tráficos ilícitos en la zona del Sahara bajo control del Frente Polisario”. Campillo aseguró que “aun sabiendo que iba a morir de cáncer, tuvo la poca vergüenza de casarla días antes para asegurar su cautiverio”.
Campillo agradeció las muestras de apoyo y de cariño recibidas a favor de Koria y defendió “la confianza ciega en que Koria es lo suficientemente fuerte, constante y perseverante como para encontrar, en algún momento, la forma de regresar a España”. “Confiamos en ella y no dejaremos de luchar por su libertad para que pueda ejercer sus derechos plenamente, igual que todas las demás secuestradas y secuestrados”, concluyó.