La ONU señala a Argelia: violaciones de los derechos humanos y persecución a activistas, periodistas y opositores políticos
- El informe sentenciador
- Periodistas y activistas detenidos
- El Código Penal y legislación antiterrorista
La falta de derechos humanos y la fuerte represión contra disidentes argelinos ha sido desvelada. Según el último informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), emitido por la relatora especial de la ONU en materia de Derechos Humanos (DD HH), Mary Lawlor, Argelia estaría vulnerando e incumpliendo varios Derechos Humanos de los ciudadanos argelinos, a pesar de existir varias advertencias previas de organismos internacionales de derechos humanos.
La represión y detención de activistas es una práctica que no es la primera vez que se utiliza por el Gobierno de Abdelmadjid Tebboune.
Amparándose en el artículo 87 bis del Código Penal de Argelia, perteneciente a la sección de leyes antiterroristas, son varios los activistas y periodistas que han sido detenidos en los últimos años en el país. Mediante esta medida, Argel estaría situando a los periodistas disidentes a la altura de terroristas.
El informe sentenciador
Con más de 18 páginas, el informe expuesto por Lawlor señala que las autoridades argelinas no cumplen con los llamados que hacen al exterior sobre el compromiso de respeto de los Derechos Humanos.
“Más de un año después de mi visita a Argelia, a finales de 2023, me decepciona profundamente ver que defensores de derechos humanos en diferentes ámbitos de trabajo, algunos de los cuales conocí siguen siendo detenidos arbitrariamente, acosados judicialmente, intimidados y criminalizados por sus actividades pacíficas en virtud de disposiciones vagas, como la de atentar contra la seguridad del Estado”, declaró Mary Lawlor durante la presentación del informe.
La realidad refleja una situación contraria a las declaraciones de los dirigentes del Gobierno. Mientras abogan por un mayor compromiso, el Ejecutivo ha clausurado la Liga Argelina para la Defensa de los Derechos Humanos, una institución que contaba con un gran apoyo popular y con fuerza, pero no tenía gran capacidad de acción. Este acto de clausura ha derivado en la detención arbitraria de muchos periodistas y activistas algunos de los cuales han sido detenidos varias veces.
El documento fue presentado ante representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores de Argelia, del Ministerio de Comunicaciones, del de Interior, así como a autoridades policiales y a dirigentes de la Dirección General de Libertades Civiles y Asuntos Judiciales.
En cambio, Lawlor no pudo reunirse con representantes de los defensores de los Derechos Humanos de Argelia por temor a posibles represalias. Finalmente, la Relatora Especial de la ONU para los Derechos Humanos recalcó que la situación de la mujer y de la comunidad LGBTIQ+ también enfrenta serios problemas, sobre todo, en cuanto a la búsqueda de trabajo.
Periodistas y activistas detenidos
En los últimos años, la libertad de prensa en Argelia cada vez sufre más ataques por parte de las autoridades y cuerpos policiales. Para muchos comunicadores y activistas, realizar su labor en Argelia supone la exposición a multas impagables y penas de cárcel, que pese a ser de períodos cortos, son actos que coaccionan al resto de informadores.
Casos como el de los periodistas Noureddine Tounsi, encarcelado en la prisión de El Harrak; de Kamira Nait Sid, en la prisión de Kolea; o Ahmed Manseri en la cárcel de Tiaret; son solo algunos de los más conocidos. Además, de comunicadores, en los recintos penitenciarios de Argelia también se encuentran numerosos defensores de los Derechos Humanos como Jamila Loukil, Kaddour Chouicha y Said Boudour; los cuales tienen pendientes varios juicios.
Durante la visita de Lawlor al país norteafricano, la relatora de la ONU solicitó la reunión con todas las personalidades mencionadas anteriormente, ya que se considera que sus encarcelamientos son arbitrarios ya que muchos de ellos han sido puestos en libertad y vueltos a detener pasados varios meses.
Pese a que los indicios sobre la violación de los Derechos Humanos son claros, Mary Lawlor ratificó que la ONU mantendrá las investigaciones, trabajos y reuniones para poner fin a esta situación que se alarga ya 6 años en el país norteafricano.
El Código Penal y legislación antiterrorista
Las leyes en Argelia son excesivamente amplias, en cuanto a la definición de terrorismo que se incluye en el Código Penal. Argelia ha participado en cuatro ciclos del programa universal del Consejo de Derechos Humanos revisión periódica, sin embargo, el Gobierno argelino recibió hasta siete recomendaciones directamente relacionadas con la situación de los defensores de derechos humanos de las cuales solo aceptó seis.
Además, los requerimientos referencian la necesidad de reformar el artículo 87 bis del Código Penal, precisando con mayor rigor los delitos relacionados con el terrorismo, y posicionarlo en consonancia con los estándares internacionales, para ayudar a evitar e impedir su uso contra activistas, defensores de los Derechos Humanos, periodistas y opositores políticos críticos con el régimen.
Ciertos textos legales relacionados con el sector de la seguridad y la lucha contra el terrorismo aprobados en 2021 han suscitado serias preocupaciones en la comunidad de derechos humanos, en particular la Ordenanza N.º 21-08 de 8 de junio de 2021 y la Ley N.º 20-06 de 28 de abril de 2020, que modificaron y complementaron la Ordenanza N.º 66-156 de 8 de junio de 1966 sobre el Código Penal.
Aunque Argelia enfrenta serios desafíos en la lucha contra el terrorismo, diversos relatores de la ONU han expresado su desacuerdo e inquietud por las condiciones en que se adoptaron estas enmiendas, la amplia definición de terrorismo, particularmente en el artículo 87 bis del Código Penal, y el alcance muy amplio de aplicación de los artículos 95 y 196 bis del Código. Éstos merman el principio de seguridad jurídica y los derechos de reunión pacífica y libertad de expresión, mediante la imposición de altísimas sanciones por unos actos que no deberían de juzgarse por parte de la legislación antiterrorista.