Rached Ghannouchi, líder de la Hermandad Musulmana de Túnez, condenado a 22 años de prisión por espionaje
Tras varios años de juicios y sentencias, el pasado 5 de febrero, los cabecillas de la trama de espionaje más importante del país, el caso Instalingo, han sido juzgados y condenados por la Sala de lo Penal nº 2 del Tribunal de Primera Instancia de Túnez a sentencias de entre 5 y 54 años de cárcel.
Entre los condenados se encuentran representantes políticos del partido islamista Ennahdha e importantes figuras mediáticas de Túnez, entre las que se encuentran periodistas y altos funcionarios. Se trata de un hecho inédito hasta ahora en el país que, según funcionarios presentes en los juicios, “marca un punto de inflexión en la justicia”.
El veredicto afecta a decenas de acusados y aún no se conocen las consecuencias. “Cualquier intento de socavar la seguridad del Estado o de alimentar la propaganda política en las redes sociales será castigado con la mayor severidad”, dictaron los jueces tras anunciar las sentencias.
En cambio, para algunos medios de comunicación tunecinos “este veredicto, visto por algunos como una demostración de firmeza, también plantea interrogantes sobre el equilibrio entre la justicia y el ajuste de cuentas políticas”.
Origen del caso Instalingo
El caso de la trama de espionaje más importante del país tiene su origen en septiembre de 2021, cuando la Gobernación de Susa comenzó a sospechar que la empresa Instalingo, especializada en comunicación y creación de contenidos digitales, estaba involucrada en actividades que atentaban contra la seguridad del Estado, blanqueo de dinero y difamación a través de las redes sociales.
En primera instancia, las investigaciones apuntaban al registro local y a la incautación de 23 unidades centrales, lo que generó la primera oleada de acusados y detenciones. Sin embargo, el hecho de que numerosas e importantes figuras públicas estuvieran involucradas acrecentó la gravedad del caso. Tal era el número de afectados que la justicia ordinaria decidió dividir el caso en tres expedientes: Instalingo 1, Instalingo 2 e Instalingo 3.
El primero de ellos se refirió a las acusaciones de conspiración contra la seguridad nacional, incitación a la violencia y financiación secreta e ilegal, lo que condujo a la detención provisional de personalidades influyentes de la política tunecina.
En el segundo expediente se investigó el blanqueo de capitales y las conexiones políticas con las entidades encargadas de dicho lavado de dinero, lo que afectó a periodistas, influencers y altos funcionarios del Ministerio del Interior, entre ellos al exportavoz del Ministerio, Mohamed Ali Aroui.
Por último, en el caso Instalingo 3, que sigue en proceso, se apunta más personalidades políticas que podrían recibir sentencias similares a las que se han dictado el pasado 5 de febrero.
Condenas más importantes
Entre los principales condenados están:
Implicaciones políticas
Con todavía dos procedimientos legales en curso y un clima político tenso, las condenas que han sufrido los miembros y exmiembros del partido Ennahdha alimentan las diferencias que existen entre las distintas facciones políticas que se disputan el poder.
Como es de esperar, las sentencias han sido interpretadas de dos formas: para los miembros y partidarios de Ennahdha son excesivas; y para sus rivales políticos, son castigos ejemplares. En cambio, para las autoridades las acciones judiciales el caso Instalingo envían un mensaje directo: todo responsable será castigado sin concesiones.
Pese a todo, las investigaciones siguen en curso y se espera que en los próximos meses se dicten nuevas sentencias contra las decenas de involucrados que siguen bajo sospecha. Estas futuras sentencias confirmarían la magnitud de un caso que todavía sigue salpicando a la esfera política tunecina actual.
Primeras reacciones
Apenas horas después de conocerse la sentencia, Rached Ghannouchi, líder de la Hermandad Musulmana de Túnez, condenado a 22 años de prisión, emitió un comunicado en sus perfiles de redes sociales en el que mostró su descontento y lanzó acusaciones contra el poder judicial tunecino:
“Lo sucedido se considera un juicio político injusto que se produce en el contexto de una mayor curación y un ataque a los derechos y libertades más básicos, a los fundamentos más básicos del Estado de derecho y las libertades, y lo más importante, representa un ataque flagrante a la independencia e imparcialidad del poder judicial y una flagrante politización de sus procedimientos y sentencias.
Estas disposiciones también confirman que el régimen golpista está avanzando para agravar aún más la vida política y social de los tunecinos y las mujeres tunecinas.
Las actuaciones de este caso se han visto empañadas desde el primer día hasta que se dictó la sentencia por innumerables violaciones y abusos, como impedir que los abogados defendieran a algunos de los acusados, o procesar a algunos de ellos sin pruebas materiales o morales.
El jefe del movimiento, Rached Ghannouchi, decidió boicotear todos los procedimientos de este “juicio”, creyendo que no es más que un juicio político y que no tiene nada que ver con un poder judicial independiente e imparcial”.