México ante las desapariciones: negación social, silencio político y la esperanza internacional
“Es dolorosa la espera”, “Ya no podemos salir más tarde”, “Todos salimos de nuestra casa preguntándonos si algo nos pasará”. Estos y otros pensamientos cruzan las mentes de los ciudadanos mexicanos afectados por la constante incertidumbre de vivir en un país donde la desaparición es una realidad evidente.
A pesar de que los anuncios sobre desapariciones se encuentran en cada rincón de la República mexicana, desde los postes de luz hasta los informativos y redes sociales, una parte significativa de la sociedad sigue ignorando esta problemática. Particularmente, el actual Gobierno mexicano, quien minimiza la situación, justificando que durante otros sexenios la crisis de desapariciones fue más crítica. Como resultado, esta actitud ha llevado al Gobierno a “archivar” el problema, desviando la atención hacia otros asuntos considerados de mayor urgencia, como la actual guerra arancelaria con su vecino del norte.
Sin embargo, en medio de la oscuridad, un rayo de esperanza iluminó las casas de las víctimas mexicanas a principios de abril, cuando las Naciones Unidas, a través de su Comité contra la Desaparición Forzada (CED), activó el procedimiento bajo el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Para las familias de los desaparecidos, que desde 2021 habían solicitado una investigación al CED, la respuesta fue vista como un indicio de que su lucha por justicia finalmente comenzaba a ser escuchada.
No obstante, la respuesta de la organización no fue bien recibida por todos. La jefa de Estado, Claudia Sheinbaum, y el Senado de México negaron y desacreditaron la intervención internacional, atacando la postura de la ONU y evitando reconocer la magnitud del problema.
“En México no hay desaparición forzada desde el Estado, eso no existe”, declaró la presidenta Claudia Sheinbaum. Al mismo tiempo, el Senado rechazó la postura del CED, negando que en México se practiquen las desapariciones de forma generalizada o sistemática y condenando al comité por falta de pruebas e irracionalidad.
Estas posturas fueron rápidamente rechazadas por la politóloga Denise Dresser, quien aseguró que “es el Estado mexicano el que, en aras de combatir el crimen organizado, ha permitido que se mate y se haga desaparecer a su propia población”.
En este contexto, la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada, en su artículo 2, señala que la desaparición forzada ocurre cuando una persona es privada de su libertad por agentes del Estado o personas o grupos que cuentan con la autorización o el apoyo del Estado, ocultando su paradero y dejándola fuera del alcance de la ley. En México, las cifras oficiales indican que, desde 2006 hasta la actualidad, ha habido un aumento de desapariciones, coincidiendo irónicamente con el inicio de la famosa “guerra contra el narcotráfico”, impulsada durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón.
El país está dividido: mientras unos aplauden la respuesta de la ONU, otros prefieren ignorar la realidad. Los comentarios en redes sociales tras el anuncio de la organización son impactantes: “Hay que preguntarse de dónde salieron esas madres que exigen justicia. Alguien les está pagando”; “¿Por qué no van a África u otras partes de Latinoamérica?” “No tienen derecho a exigir nada, solo están recibiendo dinero”; “Y rechazaremos esa intervención, porque ese comité no vive aquí”.
A pesar de todo, esta problemática no es nueva; lleva años siendo utilizada como una táctica de supresión social. De acuerdo con la doctora Carolina R. Silvestre, la desaparición forzada en México comenzó a ser reconocida como una forma de represión política desde 1968, durante la “guerra sucia”, que se extendió hasta 1982. El Estado utilizó las desapariciones como una táctica para disolver los movimientos de oposición al poder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), afectando tanto a líderes sociales como a personas ajenas a la política. Las detenciones eran arbitrarias, sin órdenes judiciales, y las personas eran llevadas a centros clandestinos.
La desaparición forzada continuó siendo utilizada en otras etapas de la historia de México, incluso en años recientes, donde el concepto de "delincuencia organizada" ha sido empleado para encubrir desapariciones y desviar la responsabilidad del estado, confundiendo a la población sobre la naturaleza de estos crímenes y dificultando el acceso a la justicia.
En todo caso, las cifras de desapariciones no pueden seguir siendo disfrazadas con discursos políticos. Es hora de que la sociedad se una, reconociendo la magnitud del problema y exigiendo un plan de acción que traspase la corrupción interna. Actualmente, en el territorio mexicano más de 125.000 personas siguen desaparecidas. Como se ha venido diciendo, esto ha provocado una creciente frustración entre miles de familiares, que ya están cansados de seguir siendo engañados por un sinfín de promesas incumplidas. Exigen respuestas y, si el Gobierno no puede protegerlos, ¿quién más lo hará?
El pueblo mexicano no puede enfrentarse solo a un problema de tal magnitud, sino que necesita del apoyo de organizaciones internacionales con capacidad para investigar y perseguir crímenes que atenten en contra de los derechos humanos, para poner fin a este periodo de terror y lograr un país libre de corrupción y con seguridad para las futuras generaciones.