AMLO y su herencia envenenada a Sheinbaum
Fracasó la presidente electa de México, Claudia Sheinbaum, en dilatar la reforma judicial preconizada por Andrés Manuel López Obrador
La intención de aquella era intentar ganar tiempo y llegar a su entronización el próximo 1 de octubre sin que la reforma hubiera sido aprobada, y proceder entonces a modificar algunos de los capítulos clave, especialmente los que están provocando la silenciosa estampida de no pocos empresarios mexicanos y la desconfianza de Estados Unidos y Canadá, sus socios en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Así, pues, AMLO, acrónimo con el que se conoce al todavía presidente de México, consigue el principal objetivo de su mandato: someter al poder judicial, que en adelante se convertirá prácticamente en un apéndice más del ejecutivo.
El meollo de la reforma es que los jueces, incluidos los de la Corte Suprema, serán elegidos por votación popular entre una lista de candidatos propuestos paritariamente por los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Ni qué decir tiene, a la vista de las mayorías que se conforman en las dos cámaras legislativas que los togados que aspiren a impartir justicia tendrán que gozar de la simpatía y el respaldo del presidente de la nación junto con el de los diputados de su partido. De hecho, si la reforma ha salido adelante ahora ha sido por los triunfos electorales obtenidos por Morena (Movimiento para la Regeneración Nacional), el partido de AMLO y Sheinbaum.
Quedan abolidos también los exámenes y concursos de méritos y capacidad, hasta ahora imprescindibles para aspirar a integrar el Tribunal Supremo de Justicia, que también verá reducido el número de magistrados-presidentes (denominados ministros), que pasan de once a nueve, además de reducir su máxima permanencia en el cargo de quince a doce años.
También quedará abolido el Consejo de la Judicatura Federal, homólogo del CGPJ de España. Encargado de administrar y supervisar el trabajo y la conducta de los funcionarios judiciales, será sustituido por un Tribunal de Disciplina Judicial, con capacidad para remitir los casos criminales que considere oportunos a la Procuraduría General (Fiscalía) así como instar juicios políticos a los propios jueces ante la Cámara de Diputados.
Otro punto esencial de la reforma es la instalación de los llamados “jueces sin rostro”, es decir magistrados anónimos para preservar su identidad y, por lo tanto, su seguridad en procesos contra el crimen organizado. Este punto, que expresado así podría concitar un consenso unánime es, sin embargo, severamente criticado, entre otras organizaciones, por la propia Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al considerar que tal anonimato “impide conocer la idoneidad y competencia profesional de los juzgadores”.
Tras conseguir AMLO mediante las oportunas presiones el voto en el Senado del diputado del PAN Miguel Ángel Yunes, voto decisivo para alcanzar los dos tercios exigidos por la Constitución, el presidente mexicano se enorgulleció de dejar lista esta radical transformación del poder judicial, al que López Obrador no se ha cansado de acusar de servir a la oposición y actuar por intereses políticos.
Su machacona insistencia en que el poder judicial estaba “podrido”, casi la misma acusación que ha lanzado sobre los periodistas y medios de comunicación que no le rinden pleitesía, ha allanado el camino para presentar esta reforma como un pilar de su presunta tarea de regenerar el país. Las fuertes manifestaciones de protesta registradas tras la aprobación en el Senado por 86 votos a 41 fueron olímpicamente menospreciadas por el presidente, sin que tampoco su inminente sucesora mostrara desacuerdo alguno.
Durante sus seis años de mandato, AMLO ha desoído los llamamientos de los jueces a que dotara de más medios al aparato judicial para mejorar las cada vez más escasas capacidades investigativas, reclamación tanto más urgente cuanto que el aumento exponencial de la delincuencia y del crimen organizado ha convertido a México en el nuevo líder mundial en tan siniestro apartado, en dura pugna con la ‘Ndrangheta italiana.
Si López Obrador no consiguió su sueño de reformar la Constitución para poderse representar a elecciones presidenciales, y eternizarse en el poder como aspiran tantos de sus colegas latinoamericanos, parece indiscutible que ha logrado condicionar el sexenio de su sucesora. No sólo le deja la herencia envenenada de una justicia que a todas luces ya no será independiente, sino que también le ha impuesto la continuidad de al menos 30 ministros y altos cargos, entre ellos Rosa Iceta Rodríguez, Alicia Bárcena, Raquel Buenrostro, Edna Elena Vega, Marcelo Ebrard y Juan Ramón de la Fuente, todos ellos de inquebrantable adhesión al presidente.
El control que AMLO ejerce sobre Sheinbaum llega hasta el extremo de que la próxima presidenta del país no ha podido elegir el lugar de su residencia, tras haber mostrado aversión a habitar el Palacio Nacional.
Lejos de retirarse de la vida política activa, López Obrador ofrece signos inequívocos de querer continuar teledirigiendo los destinos del país. Su última pretensión, por ahora, es la de colocar a su propio hijo, Andrés López Beltrán, señalado en diversos casos de presunta corrupción, como número dos del partido Morena, a cuya cabeza quiere situar, asimismo, a la que ha sido hasta ahora su secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde.