Murcia sigue a Madrid y suprime la enseñanza de la Lengua Árabe y la Cultura Marroquí de sus escuelas

Las dos regiones han anunciado sucesivamente la retirada del Programa de Enseñanza de la Lengua Árabe y la Cultura Marroquí (PLACM), apoyado por el Ministerio de Educación español y la Fundación Hassan II para los Marroquíes Residentes en el Extranjero. 

Con esta vuelta al cole, los alumnos de Madrid y Murcia ya no se beneficiarán de este aprendizaje, que sin embargo es objeto de un convenio estatal entre Marruecos y España, que lleva más de treinta años de fructífera cooperación bilateral en esta materia. La decisión fue tomada bajo la presión del Partido Popular (PP) y de la formación de extrema derecha Vox a nivel local.

Este revés ha sido posible, ya que la integración o no de ciertas unidades de la enseñanza, forman parte de las prerrogativas de las regiones de España, otorgadas por el gobierno central, como subraya en Yabiladi Mohamed Chaïb, exdiputado socialista en Parlamento catalán por (PCS) y del Congreso español por el (PSOE). 

Primer político de origen marroquí en sentarse en el hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo, actualmente preside la Fundación Ibn Battuta en Barcelona, donde el PLACM sigue siendo eficaz. “Nuestra organización también ofrece clases de árabe, con un profesor, pero es esencial que este aprendizaje siga vinculado principalmente a la escuela pública y a la educación convencional”.

Mohamed Chaïb, subraya que “se han escuchado muchas declaraciones peligrosas dentro de la extrema derecha”, cuyos miembros han “asociado el discurso contra la migración marroquí con la propia financiación del PLACM por parte de Marruecos”. Si bien los comentarios polémicos se han encadenado, el exdiputado subraya que la parte marroquí de esta asociación "también debe abordar la cuestión, para arrojar la luz sobre el futuro del aprendizaje en el marco de este programa

En este caso, Mohamed Chaïb considera que “es más hora que nunca de definir claramente si este acuerdo bilateral debe seguir constituyendo el marco de aprendizaje lingüístico y cultural público que queremos, o si este mismo programa será relegado a la gestión de las asociaciones dispuestas a adoptarlo e implementarlo tal y como es hoy”. 

En el mismo contexto, el investigador y sociólogo, especialista en migración y periodista español, el murciano, Paulino Ros, que dedica la mayor parte de su trabajo de proximidad a esta región (Murcia), conocida por acoger a una importante comunidad marroquí de diversas generaciones.  por esta razón considera que “la decisión de retirar el PLACM es extremadamente preocupante, peligrosa e injusta”.

Autor del estudio “Los marroquíes que cambiaron Torre Pacheco en 40 años (1979-2019)”, Paulino Ros indica por su parte que, en España, más aún en Murcia, la importancia del PLACM “no radica solo en el hecho de que constituye una herramienta para los alumnos que aprenden el idioma y la cultura de uno de sus dos países, en un entorno educativo convencional”. “También es una forma de que la escuela se vincule con miles de familias residentes, a través de los niños. 

Se trata de una herramienta pedagógica que mantiene una dinámica interactiva entre los centros educativos, su entorno de aprendizaje, los maestros, el alumno y su entorno familiar, con una dimensión pedagógica de socialización e integración primordial"

Según Paulino Ros, la comunidad marroquí de Murcia no fue la única que se sorprendió de que tal medida de anulación surtiera efecto, en un clima político ya perjudicial. “Somos parte del mismo tejido social aquí en Murcia, las familias están compuestas por nativos de España, nativos de Marruecos y binacionales. 

Desde hace varios meses, la sensación general es que el PP y Vox están haciendo ataques sistemáticos y diarios contra los marroquíes y contra el gobierno de Sánchez, que es su caballo de batalla".

En el mismo sentido, Paulino Ros declara que “la incomprensión sigue siendo aún más en cuanto a las razones objetivas de la decisión del PP-Vox para retirar el PLACM, solo cuando sabemos que, desde su entrada en vigor, este programa siempre ha funcionado bien y ha demostrado su eficacia, más allá del componente comunitario en sí mismo”. “Los marroquíes y los españoles conceden gran importancia a esta herramienta, que además se beneficia de una amplia opinión favorable”, afirma el sociólogo y periodista:

“Murcia cuenta con 1,5 millones de personas, de las cuales 120.000 son marroquí, es decir, casi el 10% de la población regional y la abrumadora mayoría está relacionada con la migración laboral. No se puede denigrar un programa de política pública simplemente para amplificar los ataques contra una comunidad"  Paulino Ros, además, critica “las maniobras electorales al servicio de la agenda de la extrema derecha, a medida que se acercan las próximas elecciones”.

Según el investigador, “esto es lo que hace la alianza PP-Vox a nivel territorial, construyendo un discurso sesgado sobre las especificidades culturales y sobre una ideología no solo hostil a la migración en general, sino que rechaza sobre todo el componente marroquí, componente social, integrado, coherente y sensato en todas las regiones como en Murcia”.

Paulino Ros también cree que las alianzas de derecha se aprovechan en parte de la naturaleza misma del sistema educativo, "para contrarrestar una visión política inclusiva global y nacional". “Destilan su discurso tóxico en dosis diarias, a través de sus retransmisiones mediáticas”.

Por el momento, las organizaciones de la sociedad civil “se están movilizando contra las medidas que PP-Vox, están haciendo o quieren llevar a nivel local”. A pesar de ello, el sociólogo sigue dudando de los efectos inmediatos, si esta dinámica no se refuerza y se acompaña de iniciativas políticas. 

“Los partidos de izquierda también están tomando iniciativas a nivel local para responder a las iniciativas de la extrema derecha, ya sea el PSOE, Sumar, Podemos u otras formaciones”, señala Paulino Ros, y que, a través de ONG y organizaciones sindicales, los abogados estudian las posibles consecuencias legales que se pueden dar a medidas como la retirada del PLACM, en relación con los principios constitucionales. “Pero hay que tener en cuenta que el tiempo de la justicia es largo y que una posible cancelación podría llevar incluso dos o tres años”, matiza Paulino Ros.