Fernández decreta una subida de tasas sobre las exportaciones agrícolas
Alberto Fernández comienza a tomar decisiones. A los pocos días de instalarse en la Casa Rosada, el nuevo presidente de Argentina ha aprobado un decreto para incrementar los tipos impositivos sobre la exportación de diversos productos agroalimentarios. El Gobierno defiende que la medida es necesaria, dada la apurada situación económica del país. Colectivos de agricultores ya han convocado protestas para la semana que viene.
Argentina necesita ingresos. Es lo que busca obtener la Administración de Fernández con el decreto elaborado esta semana y que modifica las tasas de exportación de algunos de los principales productos alimentarios del país. La soja, que representa más de tres quintas partes de la superficie cultivable en Argentina, y sus productos derivados -como el aceite de soja- pasan de estar gravadas con un 30%; antes, la tasa se situaba en el 24,5%. También aumenta el impuesto sobre otros cereales. El maíz y el trigo suben de un 9 a un 12%. Además, el mundo de la ganadería también se ve afectado por el decreto. La leche y la carne duplican la retención de exportación que ya tenían asociada, del 4,5 al 9%.
Es probable que el decreto aprobado por el Gobierno de Fernández afecte, al menos en cierta medida, a los mercados globales de algunos de estos alimentos. Argentina es el tercer exportador mundial de maíz y soja natural -por detrás de Estados Unidos y Brasil- y el primero en pienso para animales. A corto y medio plazo, el aumento en las tasas de exportación podría provocar un descenso de la materia prima exportada por el país sudamericano.
La medida ha enfurecido a los trabajadores del campo, tanto por su contenido como por su forma. En primer lugar, muchos agricultores del país ya pasan por severos aprietos económicos, entre otros motivos por las sequías cada vez más prolongadas, los costes de financiación y la inflación. En segundo lugar, figuras destacadas del entorno rural se quejan de que la decisión haya sido formulada a través de un decreto, sin haber sido sometida a consulta o debate previo.
“[Fernández] dijo que iba a convocar a la Mesa de Enlace, pero faltó a su palabra. Hizo todo a las atropelladas”, ha lamentado el senador Alfredo de Angeli, representante por el partido Propuesta Republicana e histórico dirigente ruralista, en una entrevista para el rotativo argentino Clarín. La Mesa de Enlace es un mecanismo establecido para poner en contacto a los portavoces del sector agroalimentario y el poder político de Buenos Aires. Está previsto que se reúna de urgencia el lunes de la semana que viene para estudiar la situación. En todo caso, ya hay convocadas movilizaciones para el próximo miércoles.
El presidente, mientras tanto, ha centrado esfuerzos en justificar su modo de obrar. “Estoy tomando una decisión absolutamente imperiosa por la situación fiscal en la que vivimos”, ha expresado el mandatario. En una entrevista para la cadena Radio Mitre, Fernández ha desviado una parte de la responsabilidad hacia su antecesor en el cargo: “Les pido que mantengamos la serenidad. Lo único que se ha hecho es ordenar el tema de las retenciones, manteniendo lo que Macri dispuso”. El anterior jefe de Estado ya aplicó un severo programa de austeridad en el gasto público y en el ámbito fiscal, pero no ha servido para aliviar el panorama de Argentina.
Lo cierto es que Argentina pasa por un momento muy delicado en materia económica. En los últimos años, sus niveles de deuda pública, medidos en porcentaje del producto interior bruto, se han duplicado. En 2014, el pasivo representaba cerca de un 44%; en 2018, la cifra ya se situaba en más del 86%. En la actualidad, el Ejecutivo trata de negociar una reestructuración con sus acreedores. En 2019, la inflación acumulada del peso es de más del 52%, un porcentaje 17 veces superior a la media mundial. Los salarios y las pensiones, por el contrario, no se han revalorizado con tanto vigor.
Estos datos macroeconómicos se cobran un duro impacto en la vida diaria de los ciudadanos. En 2019, 15 millones de argentinos -uno de cada tres, de forma aproximada- se hallan en situación de pobreza y no pueden acceder a productos alimentarios básicos. Según un estudio de la Universidad Católica de Argentina (UCA), más de la mitad de los niños del país son pobres.
