Marruecos contempla la revisión del juicio militar contra los 24 saharauis de Gdim Izik
Por Rachid Elalamy
Foto: Desmantelamiento del campamento de Gdim Izik, cerca de El Aaiún, en noviembre de 2010.
El juicio militar contra 24 saharauis del campamento de Gdim Izik podría ser revisado por la jurisdicción civil. La defensa de los saharauis espera una respuesta positiva de la Corte Suprema, y el ministro marroquí de Justicia y Libertades, el islamista Mustafá Ramid, no descartó esta posibilidad, aunque reconoció que no le entusiasma, según informó el diario ‘Akhbar Al Yaoum’. El juicio tuvo connotaciones políticas evidentes por su vinculación al conflicto del Sáhara occidental, que desde hace cuatro décadas enfrenta a Marruecos, que considera que la antigua colonia española es parte integrante de su territorio nacional, con el Frente Polisario, que lucha por la independencia y cuenta con el apoyo político y material del régimen argelino. Varias ONG defensoras de los derechos humanos marroquíes y extranjeras desean que los 24 saharauis comparezcan de nuevo antes jueces civiles, porque consideran que la Justicia militar no respetó sus derechos y cometió irregularidades en el proceso. Estos colectivos hicieron llegar sus peticiones al Consejo Nacional de Derechos Humanos de Marruecos (CNDH). Queda por ver si Rabat tendrá margen de maniobra suficiente en un asunto judicial que seguirá siendo explotado políticamente por el Polisario y sus aliados en España y otros lugares. Los hechos se remontan a hace casi tres años. En octubre de 2010, miles de jóvenes saharauis levantaron en las afueras de El Aaiún el denominado ‘Campamento de la Dignidad’ de Gdim Izik para protestar por las dificultades económicas y sociales que sufren en el Sáhara occidental. Unas 20.000 personas se concentraron en el campamento. Muchos jóvenes no eran independentistas, aunque algunos periodistas españoles indocumentados y miembros de ONG afines al Polisario afirmaran lo contrario, sino personas que necesitaban trabajo y querían mejorar su vida.
Conflicto politizado
Lógicamente, el conflicto fue politizado por activistas y simpatizantes del Polisario, que acusaron a Marruecos de ocupar el Sáhara occidental y de oprimir a su población autóctona. El 8 de noviembre de 2010, después de varios días de conflicto y tensas negociaciones con las autoridades, agentes de las fuerzas de seguridad marroquíes desarmados desmantelaron el asentamiento. Según diversas fuentes, el desmantelamiento fue violento y provocó cientos de heridos y tres muertos entre los saharauis. Durante el asalto murieron también 11 policías marroquíes, un hecho que la Justicia atribuyó a la mitad de los 24 saharauis detenidos y juzgados por un tribunal militar. Dicho tribunal condenó, el 16 de febrero de 2013, después de nueve días de juicio, a ocho activistas saharauis a cadena perpetua y a los demás a largas penas de cárcel por los delitos de “violencia contra las fuerzas del orden con resultado de muerte, premeditación y mutilación de cadáveres, en grado de autoría o de complicidad”. Los observadores internacionales que presenciaron el juicio, denunciaron la escasa solidez de las pruebas presentadas por la acusación, y criticaron las sentencias, porque, en su opinión, se trató de un juicio político en contra del movimiento independentista saharaui. “Marruecos ha vulnerado el derecho internacional escenificando un juicio militar con declaraciones arrancadas bajo tortura, con pruebas inconsistentes y fácilmente manipulables que, a juicio de numerosos observadores internacionales, se desarrolló vulnerando los derechos a una defensa justa”, criticó Izquierda Unida (IU) en España. La Coordinadora de Asociaciones de Ayuda al Pueblo Saharaui (CEAS-Sáhara) también desaprobó las sentencias, porque consideró que “constituyen un gravísimo atentado a la razón cometido por un estado despótico”.
Acusaciones marroquíes
Por su parte, Marruecos acusó al Polisario y a grupos afines en España de manipular los hechos y de silenciar que 11 policías marroquíes murieron en el desmantelamiento del campamento. La decisión de las autoridades marroquíes de vetar a los medios de comunicación españoles y de otros países y las presiones policiales sufridas por los pocos periodistas que pudieron viajar al Sáhara occidental, avivaron aún más el conflicto. La desinformación fue la nota dominante en esta crisis. A lo sumo, se supo que hubo muertos, la mayoría policías marroquíes, heridos, detenidos, casos de torturas y malos tratos, viviendas de saharauis saqueadas por ‘incontrolados’ ante la pasividad de los agentes del orden del Reino de Marrueco. Lo denunciaron aportando pruebas organizaciones no gubernamentales serias como Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW). Pero no todo fue culpa de Marruecos. Algunos medios de comunicación españoles, siguiendo una vieja tradición que debería avergonzar a la profesión, cubrieron el conflicto con parcialidad y sin el menor rigor. Algunos diarios, agencias, emisoras de radio y televisiones públicas y privadas se inventaron noticias, citaron fuentes inexistentes, abrieron telediarios entrevistando a jóvenes de ONG especialistas en soltar sandeces y tópicos. Y afirmaron que Marruecos estaba cometiendo un genocidio en el Sáhara occidental. Una agencia de noticias publicó fotos de muertos en Gaza y Casablanca para ilustrar la información sobre la represión marroquí en el Sáhara occidental. Europa Press informó de la muerte de dos saharauis, que después aparecieron delante de las cámaras de la televisión pública marroquí para explicar que estaban vivos y anunciar que pondrían una denuncia contra la agencia de prensa española. Durante semanas, los españoles tuvieron que aguantar día tras día una información sesgada y tendenciosa. Y ningún medio de comunicación pidió disculpas a Marruecos por sus errores o manipulaciones.