Modernistas e islamistas marroquíes se pelean por los derechos humanos

Paco Soto

Pie de foto: El rey de Marruecos, Mohamed VI, y el presidente de Estados Unidos, Barack Obama

Un informe de Estados Unidos sobre la situación de los derechos humanos en Marruecos y otros países está alimentando una viva polémica entre los islamistas del Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD), que gobiernan con otras fuerzas parlamentarias, y el Partido de la Autenticidad y Modernidad (PAM), una formación que surgió en agosto de 2008 por iniciativa del propio rey y de su íntimo amigo Fouad Ali el Himma, exsecretario de Estado del Interior y político influyente en la cúpula del poder en el país magrebí. En la actualidad, el PAM está dirigido por el político y empresario marroquí Ilyas El Omari. Este partido de naturaleza modernista, liberal y bastante laica asume algunas tesis de la socialdemocracia. El PAM es la segunda fuerza parlamentaria, al haber conseguido desbancar de este puesto al nacionalista Partido Istiqlal (PI). Su objetivo es arrebatarle el poder al conservador PJD de cara a las próximas elecciones generales del 7 de octubre.

En este contexto, la severidad del informe estadounidense sobre los derechos humanos en Marruecos sirvió de pretexto para que modernistas e islamistas se enzarzaran esta semana en una dura pelea en la Cámara de Representantes (Parlamento). Los dos principales protagonistas de la confrontación fueron el ministro de Justicia, el islamista Mustafá Ramid, y el diputado del PAM Abdelatif Ouahbi. Ramid criticó con dureza el informe, que fue elaborado por los servicios del secretario de Estado John Kerry. Ouahbi le contestó que “los mensajes de condena no son suficientes”, y reprochó al titular de Justicia que no hubiera dado explicaciones a los diputados sobre los casos de violaciones de derechos humanos denunciados por Estados Unidos. El PAM admite que algunas denuncias “son ciertas” pero asegura que otras son “datos falsos”.

Falta de diálogo

Además, el diputado del PAM expresó su “sorpresa” por el malestar del Gobierno de Abdelilah Benkirane respecto al citado informe, y lo acusó de haberse negado a dialogar con las asociaciones de derechos humanos marroquíes e internacionales. Según dijo Abdelatif Ouahbi, el Ejecutivo liderado por el PJD tampoco tuvo en cuenta las manifestaciones de diversos colectivos sociales a favor del empleo, de mejores condiciones de vida y del respeto a los derechos humanos que se celebraron en Rabat y otras ciudades del país. Ramid aseguró que está dispuesto a presentar ante la Comisión de Justicia y Legislativa de la Cámara baja las “explicaciones” sobre derechos humanos exigidas por la oposición. La semana pasada, el diputado Ouahbi pidió al presidente del Parlamento una reunión con los ministros de Asuntos Exteriores, Justicia e Interior, Salaheddine Mezouar, Mustafá Ramid y Mohamed Hassad, y los miembros de sus respectivas comisiones para examinar el informe del Departamento de Estado. De momento, el PAM prefiere dirigir sus críticas hacia el ministro de Justicia.

Un informe muy duro

El dossier elaborado por el Departamento de Estado dirigido por John Kerry sobre diversos países es muy duro con Marruecos y denuncia numerosas violaciones de los derechos humanos en 2008. Estados Unidos celebra que ningún condenado haya sido ejecutado de forma arbitraria en Marruecos, pero denuncia que “las fuerzas del orden torturan y brutalizan a los detenidos”. Las condiciones de detención en las cárceles son valoradas negativamente en el informe, que revela superpoblación en los centros penitenciarios, desnutrición y falta de higiene. “La ley no prohíbe los arrestos y detenciones arbitrarios y la policía utiliza estas dos prácticas”, afirman los autores del dossier. “La corrupción y la impunidad de los policías siguen siendo un problema” y “el aparato judicial es muy a menudo ineficaz, se le considera corrupto, no es totalmente independiente”, lamenta el Departamento de Estado.

El informe denuncia también los ataques a la libertad de expresión y de prensa, y asegura que desde 1999, año en que subió al trono Mohamed VI, 34 medios sufrieron censura y 20 periodistas tuvieron problemas con la Justicia por cuestiones relacionadas con la institución monárquica, la integridad territorial y el conflicto del Sáhara Occidental y el islam. En Marruecos, son tres asuntos tabúes que los medios no pueden abordar con plena libertad. El informe valora positivamente la mejora de la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental, pero destaca que se siguen cometiendo violaciones de los mismos en este territorio, que fue colonia española y Marruecos considera parte del país, mientras el Frente Polisario apoyado por Argelia defiende la independencia.

Pie de foto: Un grupo de policías carga contra una manifestación en una ciudad de Marruecos

Protesta de Marruecos

El Gobierno de Rabat criticó el contenido del informe elaborado por el Departamento de Estado, que fue calificado de “profundamente antimarroquí” y “verdaderamente escandaloso” por el Ministerio del Interior. El ministro de Justicia, Mustafá Ramid, dijo en el Parlamento que Estados Unidos “no tiene derecho a pedir cuentas” a Marruecos. El titular de Justicia aseguró que existen “sectores internacionales que minimizan los esfuerzos de Marruecos” en materia de derechos humanos, y pidió a las ONG y los medios que “no se precipiten a la hora de defender un caso de derechos humanos” cuyos autores, según él, “sirven otras agendas”. Estos casos, puntualizó el ministro, “son adoptados por organismos internacionales, y pueden llegar al Consejo de Seguridad [de la ONU] y perjudicar la causa nacional”, refiriéndose al conflicto del Sáhara Occidental. Ramid señaló que su país no tiene “complejos” con las críticas de las organizaciones internacionales, y enfatizó que “el Marruecos de hoy no es el de antes”.

Anteriormente a las declaraciones de Ramid, el jefe de la diplomacia marroquí, Salaheddine Mezouar, convocó al embajador de Estados Unidos en Rabat, Dwight Bush, para quejarse de este informe. Según la agencia Efe, el embajador fue recibido por el ministro delegado de Exteriores, Naser Bourita, y el jefe de la Dirección General de Estudios y Documentación (DGED, contraespionaje), Yassine Mansouri, quienes le presentaron tres casos  denunciados por Estados Unidos que, según Rabat, demuestran “la manipulación y los errores fácticos” del informe. Bourita presentó al embajador sus quejas por “la saña de los redactores del informe, capaces de desnaturalizar los hechos”, lo que “lleva al Gobierno de Marruecos a preguntarse por los verdaderos motivos y objetivos” de sus autores, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores. Esta polémica demuestra una vez más que desde que Barack Obama llegó a la Casa Blanca, las relaciones entre Estados Unidos y Marruecos se han deteriorado. La administración demócrata no apoya abiertamente la marroquinidad del Sáhara Occidental, y en materia de lucha antiterrorista, aunque mantiene una estrecha colaboración con Marruecos, también hace lo mismo con el principal rival de Rabat en el Magreb, Argelia.