La libertad en Irán a un velo de distancia

Mojgan Keshavarz, Monireh Arabshahi y Yasaman Aryan, tres mujeres iraníes, han sido condenadas a un total de 55 años de prisión por difundir un vídeo en el que aparecen el pasado 8 de marzo desprovistas de velo, regalando flores en el metro de Teherán con motivo del Día Internacional de la Mujer. Pese a tratarse de una protesta pacífica, el Gobierno retuvo a las aludidas entre 9 y 14 días sin comunicación de ningún tipo y sin acceso a un abogado. La primera de ellas fue golpeada previamente frente a su hija de 9 años.
El juicio al que fueron sometidas se ejecutó igualmente sin defensa legal para las acusadas. Ellas mismas declararon que el juez, Mohammad Moghiseh, de la sección 28 del Tribunal Revolucionario de Teherán, denigró a las tres iraníes al grito de “os haré sufrir a todas”. La sentencia se saldó con la condena de 16 años de cárcel tanto para Monireh como para Yasaman (madre e hija), un año por “difundir propaganda contra el Estado”, 5 años por “asociación y colusión contra la seguridad nacional” y 10 por “alentar y preparar las bases para la corrupción y la prostitución”. Por su parte, Mojgan Keshavaraz tendrá que cumplir una condena mayor, de 23 años y seis meses, bajo las mismas acusaciones que sus compañeras más la adhesión del delito de “insulto a santidades islámicas”.

La comunidad internacional no se ha mantenido impertérrita y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR) publicó el pasado 16 de agosto desde Ginebra un comunicado. En dicha publicación, los expertos mantienen que "hacemos un llamado a las autoridades iraníes para que anulen estas convicciones y liberen de inmediato a todos los defensores de los derechos humanos que han sido detenidos arbitrariamente por su trabajo en defensa de los derechos de las mujeres, y para garantizar el pleno respeto de los derechos de las mujeres a la libertad de opinión y expresión, reunión pacífica y no discriminación”.
Igualmente, señalaron que "nos alarma que el arresto y las largas condenas dictadas a estas mujeres estén directamente relacionadas con el ejercicio pacífico de sus derechos a la libertad de expresión y reunión en la búsqueda de la igualdad de género en Irán". Aunque estos comentarios no han persuadido al Ejecutivo de Teherán de revocar su decisión por tratarse de “delitos morales y de seguridad nacional”, la organización ha continuado insistiendo: “recordamos a las autoridades iraníes que las defensoras de los derechos humanos que desafían la imposición de un código de vestimenta obligatorio para las mujeres están actuando en defensa de los derechos humanos universalmente garantizados. El uso de legislación represiva para criminalizar el ejercicio de la libertad de expresión y reunión pacífica es incompatible con las obligaciones de Irán en virtud del derecho internacional de los derechos humanos”.

Ni son las primeras, ni serán las últimas, puesto que Irán parece decidido a seguir castigando estas actuaciones. Sin embargo, cada vez son más las personas que se suman a las protestas y al activismo feminista y, en consecuencia, también aumenta el número de detenidas. Según los informes, desde enero de 2018 se han registrado unas 32 personas arrestadas y al menos 10 encarceladas por protestar resolutivamente en contra del uso del hijab. El régimen iraní también ha intentado sofocar el movimiento conocido como “White Wednesdays” (“Miércoles Blancos”), que se atrinchera como principal opositor del código de vestimenta de las mujeres desde 2017. Esta corriente ha ido evolucionando y cada vez son más las que hondean al viento un velo blanco en un palo a modo de bandera.
La mentalidad globalizada que caracteriza al ciudadano de la actualidad ha convertido la defensa de los derechos humanos en una lucha universal y característica del siglo XXI, atrayendo hacia su núcleo a todo tipo de países y personas. La pluralidad de culturas bajo este contexto, si bien puede ser un gran aliado del cambio y la exaltación de la personalidad de un país, también puede convertirse en un retardante del desarrollo y la implantación de estos derechos. Así pues, mientras que se han configurado mayoritariamente como una realidad prácticamente sagrada, todavía hay lugares -no tan lejanos- del mundo en los que hablar de esta posibilidad supone casi una ofensa a los poderes públicos, como es el caso de Irán.