Aunque le pese, Argelia no puede cortar el gas a España
21 de mayo de 2024 (19:00 h.)
Anunciar o escribir que Argelia puede cortar el suministro de gas a España es o una estupidez, o una desinformación interesada, o ambas cosas a la vez.
Argelia ni puede ni suspenderá el suministro de gas a España a través del gasoducto MEDGAZ, de ninguna manera. Decir lo contrario es inducir al pánico en el Gobierno, en los operadores económicos y en la población española.
Al menos hay seis razones para ello:
- La venta de hidrocarburos en el mercado internacional es la principal y casi única fuente de divisas para el Estado argelino (98% de sus entradas), con la que financia sus presupuestos, hace funcionar la Administración y dedica fondos al crecimiento. Al mismo tiempo, los “petrodólares” permiten el rearme argelino, la carrera armamentista que tiene lanzada contra su vecino del Reino de Marruecos, junto al enriquecimiento tanto lícito como ilícito, de sus élites y de las castas políticas y militares. Los más de 300 altos funcionarios del Estado (generales, ministros, jefes de gobierno, empresarios, financieros y directores generales de empresas públicas) que están actualmente en la cárcel, se han enriquecido con el dinero procedente de la venta de las riquezas del subsuelo. Sin embargo, para asegurar sus mercados, es indispensable tener credibilidad y dar confianza a compradores e inversores. En el hipotético caso en que el régimen de Argelia pensase en utilizar el “arma energética” como chantaje ante cualquiera de sus clientes, demostraría que es poco fiable, y el mercado le sancionaría. El régimen argelino lo sabe, y no caerá en esa trampa. Simplemente hace amagos para intimidar.
- En ninguno de los contratos firmados por Argelia para la venta de sus hidrocarburos figura algún tipo de cláusula que le permita “condicionar el suministro a motivos políticos”. No existe ninguna cláusula en el contrato firmado entre Sonatrach y la española Naturgy o Repsol o cualquiera otra empresa, que permita a Argel romper unilateralmente el contrato por motivos políticos.
- Del mismo modo, en el contrato comprometido entre Sonatrach y Naturgy no se contempla la posibilidad de que el mismo esté supeditado a eventuales cambios en el accionariado. Tanto la sociedad petrolífera argelina, como la española, pueden modificar su accionariado, sin que ello redunde en la validez del contrato.
- Argelia nunca ha utilizado unilateralmente los contratos firmados con sociedades multinacionales, como chantaje político; y ello desde que nacionalizó los hidrocarburos en febrero de 1971, hasta entonces en manos de Francia. Tan sólo el “arma del petróleo” se utilizó de manera colectiva por los países árabes exportadores de petróleo después de la Guerra de Yom Kippur entre Israel y el Mundo Árabe en octubre de 1973, pero de forma colectiva, como bloque, y no individualmente cada país por su cuenta. Lo que sí es cierto es que un número importante de disputas contractuales entre Argelia y sus clientes extranjeros, se han llevado ante tribunales internacionales de arbitraje, que unas veces ha dado razón al cliente y otras al productor. Pero se trata de diferendos contractuales, no de rupturas de aprovisionamiento estratégico.
- El cese del suministro de gas argelino a España por el gasoducto Magreb-España, no es ningún precedente que avale la tesis del escenario de ruptura de suministro. Argelia tomó unilateralmente la decisión de no renovar el contrato de gas que le vinculaba a España y Portugal a través del gasoducto Magreb-Europa, que contaba con un paso de varios cientos de kilómetros por Marruecos. El contrato firmado por Argelia con España y Portugal expiró el 31 de octubre de 2021, y Argel no lo renovó como represalia a Marruecos. España pudo entonces acudir a la Unión Europea para que tomase cartas en el asunto, pero no lo hizo por bajeza y mezquindad.
- El régimen argelino es consciente de que tomar una medida de represalia contra España de esta naturaleza, sería una afrenta de Estado; que cualquiera sea el gobierno que ocupe La Moncloa, España se sentirá agredida. No se trata de una punición al actual presidente del Gobierno Pedro Sánchez, sino al Estado español.