¿Otra vez la dictadura perfecta en México?

Pero la autoría de la expresión, referida al sistema de gobierno de México, que permitió al Partido Revolucionario Institucional (PRI) ocupar ininterrumpidamente el poder durante setenta años, corresponde al recientemente fallecido escritor hispano-peruano Mario Vargas Llosa.  

Era 1989 y acababa de caer el Muro de Berlín, cuyos cascotes preludiaban el derrumbamiento inminente de las dictaduras comunistas europeas sometidas al poder implacable de la Unión Soviética. En América Latina aquellos acontecimientos se seguían con enorme atención y, entre muchos otros foros, Octavio Paz organizó tres días intensos de debate en agosto de 1990, bajo el título genérico de “El siglo XX: la experiencia de la libertad”, en cuya apertura reclamó que los intelectuales de un lado y otro del Atlántico se unieran en la casa de la nueva democracia.  

Paz coordinaba a un elenco de ponentes de América y Europa espectacular: Milosz, Revel, Michnik, Krauze, Semprún, Bell, Castoriadis, Heller, Kolakowski, Ignatieff y Vargas Llosa. Retransmitido en directo el debate por la poderosa cadena de televisión priísta Televisa, cuando le tocó el turno al futuro Premio Nobel, éste dijo textualmente: “México es la dictadura perfecta. Esta no es el comunismo ni Fidel Castro. Lo es México”, dejando implícito que se refería al engranaje de corrupción política que permitía al PRI el disfrute ininterrumpido del poder. Unas elecciones periódicas, cuyos resultados se sabían no obstante de antemano, contribuían a dar una pátina de apariencia democrática al régimen.  

Aquel debate se producía también en un contexto de cambios también en México y el continente latinoamericano. El año anterior a la caída del Muro de Berlín, el PRI mexicano se había dividido merced a la disidencia de Cuauhtémoc Cárdenas, que no solo había desafiado al candidato oficial del partido, sino que también y aparentemente lo había derrotado. El PRI se revolvió, no cedió el poder y desató una dura represión contra los sectores que apoyaron la disidencia. Solamente al año siguiente, 1989, el PRI reconocería por primera vez haber sido derrotado en la elección a gobernador de la Baja California.  

Desde aquellos acontecimientos México ha encumbrado al poder a presidentes de otras formaciones, algunas surgidas de escisiones de otros partidos. La que actualmente domina el panorama político del país es el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), fundado en 2011 por Andrés Manuel López Obrador, al que los propios mexicanos se refieren como AMLO.  

Dominador absoluto de los poderes ejecutivo y legislativo, AMLO hizo aprobar al final de su Presidencia (2018-2024) una reforma radical del Poder Judicial, argumentada bajo el pretexto de convertir a dicho poder en “democrático”, de manera que jueces y magistrados sean elegidos por sufragio popular. Bajo tan sagrado principio, pueden aspirar a desempeñar los cargos de jueces locales, magistrados o ministros del Supremo cualquier candidato que sea aupado por una mayoría de votos populares.  

Este domingo, 1 de junio de 2025, se celebraron estas elecciones para proveer un primer contingente de 881 titulares de juzgados federales y locales, a los que se presentaron 3.422 candidatos. Una buena parte de estos, a tenor de numerosos testimonios concordantes en las redes sociales, gozan del beneplácito de los capos del narcotráfico, cuando no han sido directamente impuestos por éstos. AMLO precisamente fue quién cambió la política represiva hacia el narcoterrorismo, bajo el lema de “abrazos en vez de balazos”, lo que ha dado como resultado que un porcentaje nada desdeñable del extenso territorio mexicano se halle bajo el control del crimen organizado.  

La actual presidente del país, Claudia Sheinbaum, que ha adoptado sin reservas este cambio radical en uno de los poderes que articulan la sociedad, no parece hacerle ascos a la conformación y consolidación de un poder monolítico. Aunque no han sido pocos los casos en que se descubrieron pactos ilegales en la sombra entre jueces y delincuentes, la ley les reconocía independencia para enjuiciar y sentenciar sin presiones. Ahora, al menos entre los medios de opositores, no tienen muchas dudas de que el nuevo poder judicial se parecerá más a los de Cuba, Venezuela y Nicaragua que a los de democracias en las que aún rigen los contrapesos, la rendición de cuentas, la transparencia y las libertades.  

El crimen organizado, que era absolutamente incipiente cuando Vargas Llosa acuñó lo de la dictadura perfecta, ahora exhibe con descaro su potencia, incluyendo su impunidad en aquellos territorios que domina por pactos con los gobernantes o mediante la imposición de una violencia irresistible.  

Según el Movimiento Impunidad Cero, en los últimos años de cada 100 delitos denunciados solo se resolvían 14, lo que suponía la probabilidad de que un delito cometido en México solo fuera del 0,9%. La propia fiscalía general de la República cifraba en el 95,5% los delitos que quedaban impunes.  

A tenor de la escasísima participación popular en votar por el nuevo poder judicial, no parece que exista una gran confianza en que tan abrumadores datos vayan a cambiar el panorama. Elecciones, por cierto, cuyo recuento no se efectúa por los funcionarios habituales, y cuyos resultados no se conocerán en principio hasta mediados de este mes de junio.