Primero expulsar, recurrir más tarde
El Reino Unido, ahora regido por el primer ministro del Partido Laborista, Keir Starmer, ha aumentado hasta 23 los países a los cuales ha empezado a deportar a aquellos inmigrantes condenados por algún delito antes de que empiecen a examinarse sus recursos de apelación y revisión.
Iniciada la experiencia con Tanzania, Estonia y Belice, a los que se unieron otros cinco países, ahora Londres ha firmado, o está en vías de hacerlo, acuerdos con otros 15 países, para que reciban a los inmigrantes delincuentes condenados, y esperen en ese nuevo destino la gestión de los trámites por sus peticiones de asilo. Angola, Australia, Botsuana, Brunéi, Bulgaria, Canadá, Guayana, India, Indonesia, Kenia, Letonia, Líbano, Malasia, Uganda y Zambia componen la nueva oleada de países receptores de los inmigrantes condenados en el Reino Unido.
Yvette Cooper, la ministra del Interior británico, lo ha resumido así: “Durante mucho tiempo los criminales extranjeros se han beneficiado de nuestro sistema de inmigración permaneciendo en el Reino Unido durante años mientras se eternizaban sus recursos de apelación”. El propio Gobierno británico no ha tenido empacho alguno en cifrar en 54.000 libras esterlinas, o sea unos 62.000 euros el coste de mantener a un reo en prisión cada año.
La medida, iniciada con cierta timidez en 2024 con la llegada de Starmer al poder, quiere alcanzar de inmediato su desarrollo más óptimo, a fin de contrarrestar el auge del Partido Reformar el Reino Unido, preconizador de la contención de la inmigración, especialmente la ilegal, que se ha incrementado desde la salida del país de la Unión Europea. El Gobierno laborista británico cifra ya en 5.200 los inmigrantes condenados expulsados a otros países, cuya legislación y voluntad soberana se encargarán de velar porque tales delincuentes cumplan -o no- las penas impuestas por los tribunales británicos.
Esta nueva medida se une a las ya adoptadas por Keir Starmer contra los dirigentes de las mafias que se lucran con la inmigración clandestina. El pasado mes de julio, el Gobierno adoptó las primeras sanciones contra 25 individuos, que incluyen la congelación de todos sus activos bancarios y la prohibición de residir en el Reino Unido. Todos ellos están acusados de “haber participado activamente en la avalancha de demandantes de asilo (23.500) llegados al país a bordo de pequeñas embarcaciones, tras cruzar el Canal de la Mancha, en lo que va de este año 2025”.
Tampoco ha tenido inconveniente el Gobierno presidido por Starmer de hacer llegar a los medios, entre ellos AFP, la identidad de los principales objetivos de estas sanciones a las mafias que trafican con personas, radicadas principalmente en los Balcanes y en el Norte de África. Cabe destacar de la lista a Bledar Lala, un albanés que dirige el tráfico ilegal de inmigrantes entre Bélgica y el Reino Unido; Alen Basil, un antiguo traductor de la Policía Metropolitana, que ahora encabeza una mafia radicada en Serbia; Mohammed Tetuani, que dirige un “campo de inmigrantes” en Horgos, también en Serbia, en el que son frecuentes los malos tratos ejecutados con gran violencia; Mohammed Jadir-Pirot, el “banquero hawala”, que organiza la recaudación y reparto del dinero de los que pagan su pasaje clandestino desde el Kurdistán iraquí a Europa vía Turquía, e incluso una empresa china, Weihai Yamar Outdoors Product Co., fabricante de embarcaciones neumáticas destinadas al transporte clandestino de seres humanos.
A este respecto, también es de destacar la declaración de David Lammy, secretario de Estado británico de Asuntos Exteriores: “El Reino Unido está sosteniendo una guerra desde Europa hasta Asia contra los traficantes de personas, que están facilitando la inmigración irregular”.