Sudán del Sur: la impunidad, principal enemigo de una paz duradera

Teniente Coronel Jesús Díez Alcalde. Analista

Según Naciones Unidas, decenas de miles de muertos, más de dos millones y medio de desplazados y refugiados, y casi cuatro millones de sursudaneses –de una población que apenas alcanza los 11 millones– se enfrentan a una pobreza extrema. Además, se ha roto la esperanza de todo un pueblo en un futuro pacífico y próspero. Y todo a causa de una guerra fratricida, que fue instigada por las propias autoridades estatales y que aún continúa –aunque con menor intensidad– en muchas regiones de Sudán del Sur. Este es el dantesco resultado de más de dos años de conflicto; pero, también, el lamentable legado de los primeros cinco años de una ansiada independencia nacional, que llegó el 9 de julio de 2011 tras décadas de rebeldía armada contra el gobierno árabe y musulmán de Jartum.

En diciembre de 2013, la eterna y visceral rivalidad entre el presidente Salva Kiir y su vicepresidente Riek Machar derivó en un cruento e instigado enfrentamiento entre sus respectivas y mayoritarias etnias: los dinka y los nuer. Pero este, en realidad, solo escondía una lucha intestina por el poder y el control de los recursos, principalmente el ingente petróleo que atesora el país; y reavivó las ansias de venganza que aún persisten entre los distintos y escindidos grupos armados de Sudán del Sur.

Tan solo la exigencia y las amenazas de la comunidad internacional –liderada por la Autoridad Gubernamental para el Desarrollo y con el apoyo determinante de la Troika (Estados Unidos, Reino Unido y Noruega), Naciones Unidas y la Unión Europea –forzaron a los dos dirigentes sursudaneses, y jefes de sus respectivas facciones armadas, a firmar el “Acuerdo para la Resolución del Conflicto de Sudán del Sur” en agosto de 2015. Entre sus principales cláusulas, además del cese inmediato de las hostilidades, este complicado acuerdo de paz recogía –en el ámbito de la seguridad – la obligación de desmilitarizar la capital Juba y la reunificación de los grupos rebeldes de Machar y del Ejército Popular de Liberación de Sudán –convertido en el ejército nacional después de la independencia–; mientras que en el plano político contemplaba, como única e imperfecta salida al conflicto, la restitución de los dos dirigentes para llevar las riendas del país durante un periodo de 30 meses, que concluiría con la celebración de unas elecciones generales en 2018.

Como era previsible, ante flagrantes transgresiones del alto el fuego y la impotencia de la comunidad internacional, la formación del gobierno de transición se demoró hasta finales del pasado abril, cuando Riek Machar aceptó regresar a Juba. Una vez más, juraba fidelidad al presidente Kiir, y se reeditaba así un “binomio de circunstancias” que, desde la independencia, poco ha hecho para sellar un proyecto político que asiente la democracia, la seguridad y el progreso de Sudán del Sur, y mucho para desgarrar al país y hundirlo en el absoluto caos. Mientras, una población indefensa se ahoga entre la violencia y la desesperación.

Y como máximos responsables de este inestable y nefasto panorama, Naciones Unidas acusa a todas las facciones armadas, así como a sus respectivos líderes, de haber cometido execrables crímenes durante el conflicto: desde el reclutamiento forzoso, incluso de niños, hasta los asesinatos selectivos y abusos sexuales o la devastación de pueblos enteros para expulsar a los sursudaneses de sus tierras[1]. «Unos ataques –como denuncia el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zaid Ra´ad Al Hussein– que ponen de manifiesto un escandaloso desprecio por las vidas civiles (…) y que hacen que la responsabilidad y la justicia suenen como palabras vacías en un paisaje tan sombrío, pero que son esenciales si Sudán del Sur quiere salir de este terrible periodo»[2].

El sórdido propósito de eludir la justicia

Sin duda, si el país pretende consolidar una paz duradera, será necesario cimentarla sobre la verdad y la justicia, además de resarcir a las víctimas por el sufrimiento y la barbarie provocados por el conflicto. Con este objetivo, el acuerdo de 2015 recoge la creación de un tribunal penal híbrido, creado por la Unión Africana y respaldado por Naciones Unidas, así como la instauración de una Comisión de la Verdad, la Reconciliación y la Reparación. Sin embargo, cuando ni siquiera han abordado los aspectos más urgentes de la reconstrucción nacional, los dos dirigentes se han apresurado en urdir una estratagema para eludir la justicia, con el pretexto de que esta «podría desestabilizar los esfuerzos para unir a nuestra nación, pues mantendría la ira y el odio entre las gentes de Sudán del Sur».

En una carta abierta publicada en el diario The New York Times el 7 de junio, con el ominoso título South Sudan Needs Truth, Not Trials[3]; Salva Kiir y Riek Machar despliegan un ofensivo argumentario –cargado de veladas amenazas y sin atisbo alguno de asumir responsabilidad en el conflicto– para pedir a la comunidad internacional, «y en especial a los Estados Unidos y al Reino Unido», que reconsidere la implantación del tribunal híbrido y que, en su lugar, respalde únicamente la instauración de un proceso de reconciliación y verdad: «El propósito de este proceso –señalan sin escrúpulos– no es buscar el perdón, sino preparar a nuestra población para la inmensa tarea que tenemos por delante: la construcción de una nación junto con los que han cometido delitos contra ellos, sus familias y comunidades».

Ante tanto despropósito –previsible conociendo la pragmática e interesada trayectoria de los dos mandatarios–, las reacciones desde el exterior no se han hecho esperar. En un comunicado oficial[4], Estados Unidos mantiene su compromiso con la plena aplicación del Acuerdo de 2015, en especial la necesidad urgente de establecer el Tribunal Híbrido, además de subrayar que «la reconciliación y la justicia, como la historia ha demostrado en innumerables situaciones posteriores a los conflictos, es esencial para la paz y la estabilidad a largo plazo» y que la mayoría de la población «apoya la rendición de cuentas por los crímenes cometidos durante el conflicto y se oponen a la impunidad».

Una realidad refrendada por una encuesta realizada por la South Sudan Law Society, que contradice la postura que ahora defienden Kiir y Machar y que refleja –como señala el informe– que la población «está desesperada por la justicia» en un país donde «la cultura de la impunidad emana de muchos factores, entre ellos la debilidad del sistema judicial y el hecho de que los más altos líderes políticos militares estén implicados en muchos de los abusos». Así, el 93% de los encuestados apoya sin fisuras que los responsables de los abusos deben ser juzgados, para disuadirlos de seguir cometiendo actos criminales; y el 71% rechaza cualquier tipo de amnistía para los culpables del sufrimiento infringido durante años de conflicto[5].

Con todo, la maniobra orquestada por el máximo poder político en Sudán del Sur debe considerarse una clara provocación tanto dentro como fuera de África; pero, mucho más grave aún, constituye la mayor ofensa para una población hastiada de sufrir tanta violencia y frustrada tras comprobar que nada ha ido a mejor desde que el país alcanzase la independencia. Con el pretexto de avanzar hacia la instauración de un proyecto política de unidad nacional, Salva Kiir y Rieck Machar solo pretenden salvaguardar su propia subsistencia lejos de cualquier proceso judicial, y lo hacen aún a costa de cerrar en falso un conflicto fratricida que podía y debía haberse evitado.

«Cualquier cosa que pueda dividir a la nación –señalan acertadamente en su manifiesto– va en contra de los intereses del pueblo»; sin embargo, en esta ecuación olvidan que la verdad y la justicia, lejos de ser enemigos de la paz, son componentes imprescindibles de cualquier proceso de reconciliación y de reconstrucción nacional Sin equívocos, su mensaje debería ser único y claro: tolerancia cero ante las atrocidades cometidas; porque esta determinación será el mejor garante de su compromiso para que «nuestro país nunca más sufra una guerra civil». Frente a los desafíos de Kiir y Machar, y hasta que en 2018 los sursudaneses decidan su final político, la comunidad internacional deberá permanecer vigilante para que la impunidad no se convierta en el verdugo de una paz que debe ser duradera; pero también para exigir que la viabilidad política, económica y social de Sudán del Sur sea, de una vez por todas, la única condición que marque su futuro.