El bufete internacional Garrigues entra en el sector de la Defensa de la mano de AESMIDE
- Un EDIP ambicioso, pero con financiación modesta
- Contratos gobierno a gobierno con hipertrofia regulatoria
La primera Estrategia Industrial Europea de Defensa ‒EDIS, por su acrónimo en inglés‒ recién aprobada por la Comisión Europea, así como la propuesta de reglamento del Programa para la Industria de Defensa Europea (EDIP), han sido objeto de un detenido análisis en un foro organizado por el bufete internacional Garrigues y AESMIDE, la Asociación de Empresas Contratistas con las Administraciones Públicas.
Con la finalidad de identificar las claves jurídicas de las nuevas vías que abre Bruselas para contratar armamento, material, municiones, infraestructuras y equipamientos militares, expertos juristas de Garrigues ‒prestigiosa firma internacional de servicios legales y fiscales de asesoramiento‒, junto con un alto funcionario de la dirección general de Industria de Defensa y Espacio de la Comisión Europea, han expuesto de forma pormenorizada el nuevo marco legal que se pone en marcha ante el tejido industrial español y europeo de la defensa.
Gerardo Sánchez Revenga, presidente de AESMIDE, la Asociación de Empresas Contratistas con las Administraciones Públicas, ha resaltado ante medio centenar de directivos del tejido industrial nacional dos aspectos muy a tener en cuenta: que Bruselas “va por el camino de las compras conjuntas”, y que, en consecuencia, hay que dotarse de las practicas adecuadas “para que el nuevo mercado europeo que está tomando forma no llegue a ser una barrera de entrada para las empresas españolas, sino al contrario”.
En la línea de ofrecer una panorámica del escenario actual, David Arias, socio de Garrigues, al frente de un equipo de expertos juristas especializados en derecho público nacional e internacional, ha destacado la importancia de tener en España una industria de defensa “sólida, puntera, bien asentada” y ha afirmado que el foro quiere ser “la primera piedra de una colaboración permanente con el sector de la seguridad y defensa”.
Conviene recordar que la EDIS, aprobada por Bruselas en marzo pasado, al igual que el reglamento de la EDIP, en esencia, lo que buscan es apoyar y reforzar los esfuerzos de los Estados de la Unión encaminados a favorecer mayores y mejores inversiones en defensa. También aspiran a alcanzar la disponibilidad y seguridad de productos y sistemas de armas, así como dotar a toda la cadena de suministro de la industria militar europea con las convenientes capacidades de respuesta frente a situaciones de crisis o amenaza.
Un EDIP ambicioso, pero con financiación modesta
Las juristas de Garrigues del ámbito Administrativo y Constitucional, Marta Guerrero y María José Morales, han detallado las principales medidas que incluye la propuesta de reglamento del EDIP, que califican de “ambiciosas, pero con una financiación modesta de 1.500 millones de euros”.
En su análisis del EDIP, ambas especialistas señalan que el horizonte del documento es “conocer las capacidades de fabricación de los productos de defensa y de las redes de suministro” y que para ello se quiere disponer de un “catálogo” de productos. También han puesto en evidencia que las nuevas estructuras para los programas europeos de defensa (SEAP) convierten a la Comisión en un “facilitador” de acuerdos de adquisición, a la vez que permiten compras anticipadas y acuerdos marco.
Por videoconferencia desde Bruselas, el coronel Francisco Casalduero, responsable de programas de I+D de la Dirección General de Industria de Defensa y Espacio de la Comisión, ha recordado que los países de la UE “afrontamos riesgos geopolíticos muy serios relacionados con la seguridad y la defensa (…) por lo que la disponibilidad y competitividad de la industria de defensa y de toda su cadena de suministros es esencial”.
Desde su conocimiento, “las capacidades industriales y tecnológicas son inseparables de las capacidades militares”, y ha sacado a relucir que “la industria europea de defensa es competitiva globalmente, pero su potencial real sufre de años de infra inversiones”. Y no ha querido pasar por alto la “fragmentación” del mercado, que ha calificado de “absolutamente dominante”.
Los citados escenarios son los que han aconsejado a Bruselas, en coordinación con los gobiernos, a poner en marcha “medidas de política industrial enfocadas a crear las condiciones para promover las inversiones, el crecimiento y el empleo en el sector”. Ha recordado que el Fondo Europeo de Defensa está dotado con 8.000 millones, “de los que ya tenemos comprometidos o presupuestados más de 4.000 millones, para unos 200 proyectos en marcha”.
Contratos gobierno a gobierno con hipertrofia regulatoria
El alto funcionario ha sacado a la luz las medidas enfocadas a la innovación, dirigidas a pymes y a los denominados “actores no tradicionales”. Ha citado el llamado Esquema de Innovación de Defensa y el instrumento para el Refuerzo de la Industria Europea de Defensa mediante la Adquisición Común (EDIRPA), “que busca apoyar y acelerar las capacidades de producción de municiones”.
El coronel Casalduero ha destacado que el mensaje del EDIS de “invertir más, mejor, de forma conjunta y europea” incluye “estructurar el presente, pero también el futuro marco financiero plurianual”, que abarcará de 2028 a 2034. Y no ha querido dejar ninguna duda respecto a “la voluntad inequívoca” de la Comisión de seguir aplicando los recursos y el presupuesto de la UE “al nivel que sea necesario, para promover la eficiencia, la competitividad y la resiliencia de la industria europea de defensa”.
En Bruselas aspiran a ponerlo en práctica “en paralelo con el fomento de la desfragmentación y la consolidación de la demanda”, a la vez que se quiere “profundizar en la cooperación entre naciones a lo largo de todo el ciclo de vida de los sistemas de armas”. Eso incluye la I+D, la adquisición, la propiedad, la operación y el servicio, “todo ello de manera conjunta”. Pero matiza: “No digo que la UE se haga propietaria u opere los sistemas, digo que eso deberá o podrá ser asumido de modo conjunto por los estados miembro de acuerdo con sus prioridades”.
El régimen de contratación en materia de defensa que rige en España ha sido examinado por el catedrático de Derecho Administrativo Javier García Luengo. Ha precisado que los llamados “contratos gobierno a gobierno” pecan de una “hipertrofia regulatoria, que ha impedido su debido desarrollo y aconsejan su reactivación”. Ha profundizado en la compra pública innovadora en defensa en sus vertientes de tecnología innovadora como pre comercial. También en las soluciones del legislador ante los posibles abusos por encargos a medios propios, y ha dedicado un capítulo a la regulación de la Inteligencia Artificial militar aplicable en España.
Antonio Ávila, del departamento Administrativo y Constitucional de Garrigues, ha pasado revista a la regulación de la revisión de precios en la Ley de Contratos del Sector Publico. Ha tratado sobre la problemática en el contexto geoeconómico actual y ha aportado su conocimiento en relación con la existencia o no de suficientes mecanismos de revisión, a la doctrina del riesgo imprevisible, así como a la regulación de las prórrogas forzosas y a las posibles actuaciones por parte del licitador prorrogado.
El presidente de AESMIDE ha confirmado que las nuevas medidas adoptadas por Bruselas se han redactado “tras efectuar consultas con los principales actores de los Estados de la UE, tanto con los gobiernos como con la industria, el sector financiero, los grupos de reflexión y la Academia”. Su fin es reforzar las capacidades del tejido industrial de defensa en el seno de la UE, una vez que “la sociedad civil española y europea es consciente que hay un antes y un después en su percepción de la industria de defensa.