Condenados a muerte tres partidarios de la PMOI
El movimiento “No a las penas de muerte” en Irán
Las ejecuciones por motivos religiosos continúan bajo la dictadura de los mulás. El lunes 16 de septiembre se impuso oficialmente la pena de muerte a dos presos políticos: Behrouz Ehsani-Eslamlou, de 70 años y padre de dos hijos, y Mehdi Hassani, de 48 años y padre de tres hijos.
El miércoles 18 de septiembre, la justicia de los mulás comunicó también al preso político Mohammad Javad Vafa'i-Sani que había sido condenado a muerte por tercera vez en la cárcel de Mashhad. Su delito: "rebelión, guerra contra Dios, corrupción en la tierra y pertenencia a los muyahidines". Todos ellos fueron detenidos durante el levantamiento de Mahsa en 2022.
En su último informe condenatorio, el profesor Javaid Rehman, relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos en Irán de julio de 2018 a julio de 2024, calificó de genocidios dos grandes oleadas de masacres en Irán: la de 1982 y la de 1988. El término se utiliza porque la dictadura religiosa de Irán ejecutaba a sus opositores únicamente por sus creencias religiosas e ideológicas, buscando erradicarlos.
Nasser Kanaani, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, escribió en su página X que "Javaid Rehman ha prestado en repetidas ocasiones numerosos servicios a la Organización de Muyahidines del Pueblo de Irán (PMOI), y su clara alineación con este grupo terrorista ha sido comunicada en repetidas ocasiones a funcionarios de las Naciones Unidas". La reacción del régimen iraní ante los “crímenes atroces" denunciados por Javaid Rehman es la mejor prueba de la veracidad de su último informe.
Mientras tanto, las cifras siguen siendo aterradoras. Desde que el nuevo presidente Massoud Pezeshkian llegó al poder en agosto y formó Gobierno, más de 170 personas han sido ejecutadas. Las ejecuciones tienen como objetivo someter a la sociedad, por no hablar de los presos políticos. Bajo el régimen de los mulás, la pena de muerte se utiliza como herramienta para aterrorizar a una sociedad iraní educada que busca la libertad y el progreso. El régimen iraní teme otro levantamiento, potencialmente aún más devastador que el de 2022, que podría precipitar su inevitable caída.
En su reciente conferencia de prensa, Massoud Pezeshkian habló de las "supercrisis" en las que está sumido el régimen, pero no hizo mención alguna a las ejecuciones ni a los presos políticos. Demostró que no tiene ni la intención ni la capacidad de liberar a los presos políticos, ni de abrir las puertas de las siniestras cárceles del régimen a las comisiones internacionales de investigación.
Pezeshkian también ha demostrado que no quiere ni puede abolir la inhumana pena de muerte ni castigos como la flagelación, la amputación y la enucleación.
En 1988, a raíz de una fatwa (orden religiosa) fatal dictada por Jomeini, fueron ahorcados más de 30.000 presos políticos, el 90% de los cuales eran miembros y simpatizantes de la Organización Muyahidín del Pueblo de Irán (PMOI).
Bajo la dictadura religiosa, la sociedad iraní se desangra cada día. Solo el año pasado fueron ejecutadas 864 personas. En 2019, al menos 1.500 personas murieron durante el levantamiento nacional, y otras 750 fueron asesinadas durante el levantamiento de 2022, ya fuera en prisión o en las calles. Gracias a los incansables esfuerzos de la resistencia iraní y de los defensores de los derechos humanos, Naciones Unidas ha aprobado ya 70 resoluciones que condenan las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen de los mulás.
Frente a un régimen para el que las ejecuciones son un pilar central de su estrategia de supervivencia, Maryam Rajavi, líder de la oposición iraní, lanzó el llamamiento "No a las penas de muerte en Irán". Hasta la fecha, todos los martes presos de 21 cárceles diferentes han iniciado una huelga de hambre contra la pena de muerte.
En su opinión, los Gobiernos deben condicionar sus relaciones con el régimen de los mulás al fin de las ejecuciones, y reconocer el derecho del pueblo iraní a luchar para derrocar la tiranía.
